Con 42 votos a favor, la Cámara de Representantes aprobó el sábado, el Proyecto de la Cámara 1557 para regular los arrendamientos a corto plazo en Puerto Rico.
La medida recibió el respaldo de la delegación del Partido Popular Democrático (PPD), el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), la representante del Proyecto Dignidad (PD), Lisie Burgos Muñiz, y el legislador independiente Luis Raúl Torres Cruz.
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Sin embargo, en votación final, la pieza obtuvo cinco votos en contra por parte del portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Denis Márquez Lebrón, y los representantes del Partido Nuevo Progresista (PNP) Carlos Méndez Núñez, Lourdes Ramos Rivera, José Aponte Hernández y Jorge Navarro Suárez.
“Trabajamos un proyecto lo más justo posible donde pudiéramos armonizar de alguna manera las aspiraciones de todas las personas, de los que están a favor de que se regule la industria y los que están en contra”, expresó el representante José Rivera Madera, autor del proyecto y presidente de la Comisión de Turismo que evaluó más de 25 ponencias durante el proceso de vistas públicas del proyecto.
“Este proyecto lo que busca es regular de una manera macro esta actividad, dándole espacio hasta donde se pueda a los municipios para que ellos regulen lo que tiene que ver con ordenamiento”, añadió el legislador popular.
Rivera Madera explicó durante un turno para presentar la medida que la comisión acogió una diversidad de enmiendas sugeridas por agencias regulatorias del gobierno, organizaciones sin fines de lucro, así como portavoces de comunidades que han denunciado los efectos del aumento dramático de esta actividad en zonas residenciales.
Una de las enmiendas más importantes introducidas al proyecto es la flexibilización de la definición de “actividad comercial”, pues fue modificada para que la actividad de arrendamientos a corto plazo se reconozca como comercial únicamente para efectos contributivos.
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“Entendemos también que, como vimos en las vistas públicas, la mayoría de las personas que tienen un ‘short-term rental’ en Puerto Rico no son como puede pensar mucha gente… sino que son personas que compraron un ‘second home’ y con eso están generando unos ingresos extras”, aseguró Rivera Madera.
“Por lo tanto, tenemos que velar que no se les aplique una tarifa comercial de agua y luz… y que no sea un cargo muy oneroso a lo que se enfrente”, dijo.
El representante mencionó que durante la discusión de la medida residentes de comunidades expusieron que se sienten amenazados por los problemas de desplazamiento y vivienda asequible en rentas a largo plazo que ha provocado la proliferación de arrendamientos a corto plazo alrededor de la isla.
De igual forma, las comunidades han señalado problemas de basura, ruido, falta de estacionamiento y preocupación por la seguridad ante la llegada de los alquileres a corto plazo en sus zonas de residencia.
Mientras, el portavoz de la minoría del Partido Nuevo Progresista (PNP), Méndez Núñez, tomó un turno durante la discusión de la medida para establecer su oposición a los cambios sobre la legislación.
“En un principio se hablaba de aumentar a un nueve por ciento el impuesto de estas facilidades de renta corta para poder allegarse unos recursos a los gobiernos municipales con el fin de que pudiesen solventar lo que eran los gastos por este tipo de actividad que se desarrollan en cada uno de los municipios. Con estas enmiendas resulta que los municipios se quedaron sin nada y con los mismos problemas”, señaló Méndez Núñez.
El portavoz del PNP recalcó que las problemáticas relacionadas a los alquileres de corto plazo deben ser atendidas a través de enmiendas al Código Municipal de Puerto Rico y no a través de la Compañía de Turismo, como reza la ley en su exposición de motivos.
Asimismo, Méndez Núñez argumentó que su mayor preocupación sobre las enmiendas sometidas sobre el proyecto es sobre la definición de actividad comercial.
“La definición considerada va a ser el gancho que van a utilizar las agencias de gobierno y las agencias privadas para definir lo que es una actividad que provee ingresos no residenciales y de esa manera lo que serán LUMA Energy irán a poner contadores comerciales…Quizás un asunto que queremos resolver en el área metropolitana puede resultar ser una carga impositiva para otras áreas que manejan esta actividad comercial. Esa definición sí resultaría en un nuevo impuesto para el ciudadano que tiene en su finca un proyecto de alquiler a corto plazo”, añadió Méndez Núñez.
El legislador independiente Luis Raúl Torres Cruz arremetió sobre la opinión del portavoz del PNP al entender que la situación era atendida por las enmiendas presentadas en sala.
“En la página 5, línea 12 del proyecto se deja bien claro que la definición de actividad económica es únicamente para fines contributivos y no para las características y clasificaciones de la propiedad donde se lleva a cabo este tipo de actividad económica”, sentenció Torres Cruz.
Por su parte, la portavoz alterna del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Mariana Nogales Molinelli, tomó un turno para anunciar su voto a favor de la medida.
“Esta medida es un comienzo para regular una actividad comercial que ha salido de control. El Proyecto contiene definiciones y registros que son más abarcadores a los que existen en la actualidad”, expresó.
Nogales Molinelli reflexionó también que lo relacionado al impuesto a la facilidades pudiera ser un asunto a atender con tiempo antes de que culmine el cuatrienio.
“De que esta legislación se quedó corta pues sí, pero es un paso en la dirección correcta para atender una problemática social que afecta a muchas comunidades”, sostuvo la legisladora.
