La Cámara de Representantes aprobó en la noche del jueves una medida para ordenar a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y a LUMA Energy otorgar a los abonados créditos correspondientes al valor de reparación o sustitución de cualquier artículo electrodoméstico dañado a causa de las deficiencias en el sistema eléctrico.
“La Autoridad de Energía Eléctrica tiene que redimir los enseres eléctricos que se dañen. Esto es un reclamo del gasto de enseres por la ineficiencia de LUMA Energy”, expresó el presidente de la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández Montañez.
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La Resolución Conjunta de la Cámara 231, de la autoría del representante Juan José Santiago Nieves, recibió 28 votos a favor y 13 en contra a días de culminar la presente sesión ordinaria. Los representantes Sol Higgins Cuadrado y Orlando Aponte Rosario son coautores de la medida.
La propuesta legislativa cobija a clientes residenciales y comerciales ante eventos de apagones, fluctuaciones o bajas en el voltaje de la red eléctrica.
La medida dispone los requisitos para la solicitud del crédito según el costo estimado de sustitución o reparación y reconoce una cuantía correspondiente al 10 por ciento del crédito a otorgarse para cubrir los gastos de solicitud.
Cámara aprueba medida para prohibir bloqueos por protestas o corridas en vías públicas para afectar el tránsito
La Cámara de Representantes aprobó en la noche del jueves, el Proyecto de la Cámara 1106, que persigue enmendar la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico (Ley 22-2000), con el fin de prohibir el desvío, bloqueo e interrupción del tránsito por las vías públicas con la intención concertada de afectar el flujo vehicular o el movimiento de transeúntes.
La medida apunta que en tiempos recientes han proliferado las convocatorias en redes sociales de corridas sin autorización previa para su realización, poniendo en riesgo la vida humana y la de terceras personas.
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“Una de estas fue el 25 de junio de 2021 donde cientos de conductores quedaron atrapados en varias avenidas de San Juan luego que se organizó una corrida de motocicletas por calles y avenidas de la capital. De igual manera, se han convocado manifestaciones en protesta a diversas situaciones a horas de mayor tránsito en el expreso Las Américas, el expreso de Diego y en el expreso Baldorioty de Castro, causando así grandes congestiones vehiculares y no permitiendo a otros conductores adelantar su marcha”, destacó la exposición de motivos de la medida.
Al mismo tiempo, los autores de la medida establecieron que, en el caso de las protestas, el derecho a la libre expresión no es absoluto y pudiera ser regulado razonablemente por el Estado en términos de tiempo, lugar y modo en que se ejercen y desarrollan.
El Proyecto, presentado por los representantes de la delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP), busca establecer como delito menos grave si como consecuencia de la obstrucción un vehículo de motor de emergencia, o un vehículo que responda a una emergencia o situación de rescate se ve imposibilitado de continuar su curso por la vía pública.
“Es importante destacar que la medida limita su aplicación a aquellas instancias en las cuales se actúa con una intención concertada de afectar el flujo vehicular”, reza la legislación.
Según el texto de ley, los individuos que violen el artículo 6.23 de la Ley 22-2000, que corresponde a las obstrucciones al tránsito debido al estacionamiento, se exponen a una sanción con pena de reclusión por un término no mayor de 6 meses, pena de multa no menor de $500 ni mayor de $5,000, o ambas penas a discreción del Tribunal.
El proyecto fue aprobado a viva voz luego de recibir un informe positivo de la Comisión de Transportación, Infraestructura y Obras Públicas, presidida por la representante Gretchen Hau.
De otra parte, se aprobó una medida que busca permitir al Estado transferir a los municipios la responsabilidad de proveer servicios de seguridad, protección e investigación, mediante acuerdos colaborativos para unificar la fuerza policíaca y garantizar el financiamiento correspondiente.
Se trata del Proyecto de la Cámara 1715 de la autoría del presidente cameral, Rafael Hernández Montañez y los representantes, Juan José Santiago Nieves, Luis Ortiz Lugo y Estrella Martínez Soto.
De igual forma, la pieza legislativa crea la figura del “policía auxiliar’'.
“Este sería un profesional con mayor capacitación, autoridad y responsabilidad en ley en comparación con los guardias de seguridad, y que asistirá a la Policía cuando se suscite la violación de una ley penal, mediante el arresto de la persona sospechosa’', establece la exposición de motivos de la media.
Entre las facultades que tendrían los gobiernos municipales se encuentra mayor injerencia para fortalecer la seguridad en cada comunidad al incorporar a los policías auxiliares dentro del plan anticrimen.
Asimismo, el policía auxiliar podrá realizar un arresto sin la correspondiente orden del tribunal si logra establecer que tenía motivos fundados para creer que la persona cometió un delito grave, aun cuando no haya sucedido en su presencia.
Tanto la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico y la Federación de Alcaldes de Puerto Rico avalaron el estatuto.
