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La privatización del servicio de transmisión y distribución de la red eléctrica de Puerto Rico a través de una Alianza Público-Privada (APP) entre la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y LUMA Energy ha desprovisto de alternativas a clientes residenciales, comerciales e industriales para reclamar errores en la estimación de su factura de electricidad.
Y aunque la práctica de utilizar lecturas estimadas de consumo para facturar el servicio de electricidad se hace con el aval de la ley y se realiza por uso y costumbre desde que la AEE operaba ese componente de la red, lo cierto es que los errores por parte del operador de la utilidad en las facturaciones le cuestan miles de dólares anualmente a los abonados al servicio. Situación que resulta paradójica cuando una de las razones que el gobierno ha hecho públicas como motivación para la creación de la APP es mejorar el servicio para los clientes.
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“Aunque recibimos algunas de esas querellas, con la privatización del servicio perdimos la jurisdicción sobre LUMA desde 2017, cuando se autorizó la Ley 57″, explicó Edwin García Feliciano, procurador del ciudadano (Ombudsman). “Antes de eso todo lo que tenía que ver con facturación recaía bajo nuestra responsabilidad”.
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“Nosotros recibíamos cerca de 2,000 casos anualmente, de diferentes ciudadanos reclamando algún tipo de servicio. Cuando se crea el Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR), se le quita al Ombudsman todo lo que tiene que ver con atender querellas sobre facturación de energía. Todo lo demás que atendíamos antes, lo podíamos seguir atendiendo”, aclaró García Feliciano.
El ombudsman indicó que en lo que va de año se han recibido 277 casos relacionados a problemas con los servicios de LUMA que son orientados y referidos a la Oficina Independiente de Protección al Consumidor (OIPC) y al NEPR mientras que entre 2021 y 2022 se recibieron 206.
“Cuando el ciudadano nos llama, nosotros tenemos que orientarle y referirlo ya sea al NEPR o a la OIPC porque no podemos atender esos casos ya”, indicó.
No obstante, García Feliciano aseguró a Metro que a partir de mayo de este año el Ombudsman iniciará una investigación en la OIPC y el NEPR relacionado al incremento en reclamaciones de lecturas estimadas en la factura de electricidad.
“Investigaremos sobre el funcionamiento de la OIPC y el NEPR con todo lo que tiene que ver con LUMA, en términos de querellas recibidas, atendidas, etc. Pero eso es una investigación que se puede tardar varios meses y es a razón de la cantidad de querellas que se están recibiendo”, aseguró el funcionario quien explicó que este tipo de investigaciones especiales es un procedimiento que responde a preocupaciones de la propia Oficina del Procurador del Ciudadano.
Metro contactó la oficina de prensa del NEPR para solicitar el dato de cuántas querellas, comerciales y residenciales, ha habido por revisiones de lecturas estimadas en la factura eléctrica desde que LUMA Energy asumió la operación de transmisión y distribución para comparar con los datos del Ombudsman, pero el organismo aseguró a través de una comunicación escrita que “los datos se recopilan en general, el detalle de casa caso es particular y se ve caso a caso”.
Por uso y costumbre
El problema de errores en las lecturas estimadas de facturación de energía ha plagado a los abonados de la utilidad desde que la AEE operaba la parte de transmisión y distribución de la red y parecen haber sido heredados por uso y costumbre por el actual operador, LUMA Energy, ello a pesar de que la empresa asegura que asumió las riendas del sistema para mejorar el servicio a los clientes.
Tan atrás como en febrero de 2021, a solo meses de que LUMA Energy asumiera la operación de transmisión y distribución en junio de ese año, la directora ejecutiva de la OIPC, Hannia Rivera Díaz, presentó una solicitud de investigación ante el NEPR para que indagara la práctica de corregir las facturas con lecturas estimadas por parte de AEE.
En aquel momento, Rivera Díaz explicó que, desde hacía unos meses, había notado un incremento considerable en el número de consumidores que acuden a su oficina en busca de un remedio ante el hecho de que la AEE estima su consumo eléctrico por periodos de tiempo prolongados, en ocasiones durante años, y que luego reciben una factura con algún ajuste identificado como “corrección de factura”.
Tal y como ocurría con la AEE Energy, los cargos por los errores en la lectura estimada con LUMA Energy ascienden a miles de dólares y afectan particularmente a los pequeños y medianos comerciantes quienes se ven obligados a realizar planes de pagos por cantidades considerables para cubrir los errores de lecturas estimadas que son responsabilidad de la utilidad.
El informe final de la investigación realizada por el NEPR para indagar sobre los procesos de ajuste de facturas por consumo estimado de energía concluyó que “luego de conducir la investigación de rigor, el NEPR determina que los procedimientos implementados por LUMA con respecto a los ajustes correspondientes a las facturas estimadas son consistentes con las disposiciones de la Sección 6 de la Ley 83. Por consiguiente, el NEPR determina que LUMA tomó las acciones correctivas necesarias con relación a los señalamientos presentados por la OIPC, por lo que ordena el cierre y archivo de la presente investigación”.
Metro conversó con directora ejecutiva de la OIPC quien indicó que se siguen atendiendo un número considerable de reclamos de consumidores relacionados a las estimaciones de factura.
“Básicamente, desde enero de este año hasta la fecha, hemos asistido a 43 consumidores en asuntos relacionados a estimaciones de facturas. Durante 2022, la OIPC logró que a los consumidores se le realizaran ajustes por sobre $250,000 y muchos de estos casos se debían a estimaciones de facturas fuera de los términos establecidos por la ley”, indicó Rivera Díaz quien aseguró que se trata de un problema reincidente.
“Lo que sucede es que, de ordinario, LUMA – y previamente la AEE – alega que la estimación estuvo por debajo del consumo real de ese consumidor, así que por lo general meses después tiene que hacer una corrección a esas estimaciones alegando que estuvo por debajo del consumo”, añadió.
No obstante, la directora ejecutiva fue enfática en que, en virtud de la Ley 272 de 2002, la utilidad contará con un término de 120 días a partir de la expedición de las facturas por concepto de consumo de energía para notificar a sus clientes de errores en ese cálculo. Sin embargo, aclaró la funcionaria, la ley no aplica a clientes comerciales e industriales, incluyendo a pequeños y medianos negocios.
Enmendar y devolver la jurisdicción
La directora ejecutiva de la OIPC estuvo de acuerdo con que la Ley 272 de 2002 debe ser enmendada para cobijar también a los clientes comerciales e industriales que reciben facturas astronómicas por errores en la lectura estimada de electricidad.
“Yo entiendo que sí, y sobre todo a los pequeños y medianos comercios”, aseguró Rivera Díaz.
“Yo entiendo que la utilidad tiene la responsabilidad y el consumidor tiene un derecho de tener una certeza de cuál es el consumo del servicio. Ciertamente hacemos un llamado a la legislatura a ver de qué manera se puede enmendar esa ley a los fines de que también les aplique a los clientes comerciales e industriales”, añadió.
En una breve comunicación telefónica, Tomas Torres Placa, representante de los Consumidores ante la Junta de Gobierno de la AEE, concurrió con la directora ejecutiva de la OIPC.
“Como el problema de la facturación estimada se está saliendo de control, es conveniente que la Legislatura evalúe que la Ley 272, que es la que pone un limite de 120 días para que te facturen cargos atrasados, aplique también los consumidores comerciales e industriales”, indicó.
Asimismo, el Ombudsman estuvo de acuerdo con una enmienda a la ley e indicó que su oficina se encuentra redactando un proyecto de ley para ser sometido ante la consideración de la Asamblea Legislativa donde le pide a la legislatura nuevamente jurisdicción para atender los reclamos de los consumidores en cuanto a la facturación de electricidad y otros asuntos relacionados al servicio de LUMA Energy.
“Lo estamos redactando, aunque ya lo hemos discutido con Fortaleza y preliminarmente con el presidente de la Cámara, y lo que estamos pidiendo es la jurisdicción nuevamente sobre los asuntos de energía, porque esta oficina tiene la experiencia, el conocimiento y los había atendido previamente, pero nos quitaron jurisdicción, no solamente sobre esto, sino sobre cualquiera de estas alianzas público-privadas. Francamente ellos deben abrirnos esa puerta porque no tenemos por ley jurisdicción sobre ello”, aseguró el procurador del ciudadano.
“Es como en el asunto de Genera PR (nuevo privatizador del sistema de generación de la AEE), nosotros le enviamos cartas al presidente de la cámara, al presidente del senado y otra al gobernador para que de alguna forma se nos diera cierta jurisdicción, pero al día de hoy eso no se nos ha contestado”, añadió.
