Tras la información publicada sobre que los clientes de la firma de consultoría McKinsey & Co. han recibido millones en contratos del Gobierno de Puerto Rico mientras que la compañía ha sido asesora de la Junta de Control Fiscal desde el año 2016, el senador del Movimiento Victroria Ciudadana (MVC), Rafael Bernabe, criticó a la empresa por conflicto de intereses.
En el día de ayer, The Wall Street Journal Pro publicó un artículo donde menciona los documentos que fueron presentados en un tribunal federal el año pasado.
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Según publicó el medio, McKinsey & Co. estuvo junto a la Junta de Control Fiscal realizando la evaluación de contratos de compañías que eran sus clientes.
Entre estos se encuentra Quanta Services Inc. compañía matriz de la empresa privada del servicio eléctrico LUMA Energy. A esta lista se suman Molina Healthcare y ManpowerGroup.
“Es un ejemplo perfecto y un retrato terrible que provee este reportaje de Wall Street Journal de los buitres que han descendido sobre Puerto Rico. La Junta de Control Fiscal que nos representa, las firmas consultoras que los asesoran y las empresas que se benefician. Queda clarísimo que estos que nos predican a nosotros transparencia y que dicen ser expertos en finanzas realmente representan unos intereses muy específicos que quieren enriquecerse a costa de nuestro pueblo. Mientras impulsan una agenda política y económica muy particular que es la agenda neoliberal”, expresó Bernabe.
En la sesión legislativa de ayer, lunes, el senador Rafael Bernabe tronó en contra de los conflictos de interés entre la Junta de Control Fiscal y una de sus asesoras, McKinsey & Co. El senador citó el reportaje del Wall Street Journal, publicado el 27 de junio de 2022,[1] en el que se demuestra que McKinsey & Co., una corporación que ofrece servicios de asesoría a gobiernos y corporaciones a nivel global, y que se ha dado a conocer en Puerto Rico por asesorar a la Junta de Control Fiscal (JCF), se ha beneficiado de contratos aprobados en Puerto Rico por su cliente, la JCF.
Entre las empresas vinculadas con McKinsey están las siguientes:
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- Quanta Services, la propietaria de Luma Energy con un contrato de 100 millones de dólares anuales con el gobierno de Puerto Rico;
- Molina Healthcare y la empresa Manpower Group con un contrato de 250 millones para servicios de Salud en Puerto Rico;
- Puma Energy Caribe LLC con un contrato de dos mil millones de dólares con la Autoridad de Energía Eléctrica para proveer combustible;
- Naturgy Energy Group SA, empresa matriz de Ecoeléctrica LP, cuyos contratos suman nueve mil millones de dólares;
- Soft Bank Group Corporation, dueña de New Fortress, que tiene un contrato de 1.5 mil millones de dólares para la conversión de generación a base de combustible a la generación a base de gas natural.
El senador también denunció que la empresa McKinsey también ha diseñado la reorganización de las finanzas y la restructuración de la Universidad de Puerto Rico según órdenes de la Junta de Control Fiscal.
“Esto es algo que debemos decidir en Puerto Rico, nadie designó a McKinsey como la que debe diseñar lo que debe ser la Universidad de Puerto Rico”, expresó Bernabe, “y desgraciadamente, el presupuesto que vamos a considerar en algún momento durante esta sesión está precisamente diseñado por esta Junta de Control Fiscal, ajustándose a estos intereses a pesar de los esfuerzos que algunos legisladores aquí hacen para tratar de evitar el mayor daño posible de estas medidas. Así que volvemos a confirmar lo que hemos dicho muchas veces sobre la Junta y continuaremos la lucha contra las políticas de esta institución nefasta y de los intereses que representa que son contrarios a los de nuestro pueblo”, señaló Bernabe.
El senador añadió que “la jueza Taylor Swain ha ignorado y pasado por alto las alegaciones contra McKinsey…Esto debe terminar. Esta empresa no debe ser quien tenga en sus manos aspectos esenciales del futuro de Puerto Rico”.
The Wall Street Journal reportó que según la firma fue una omisión involuntaria indicar que tenía como cliente a Puma Energy que tiene contratos con la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). Desde el año 2018 esta empresa ha recibido más de $2,100 millones.
Una legislación por parte del Comité de Energía y Recursos Naturales del Senado de Estados Unidos exigió que la firma McKinsey & Co. revelara sus posibles conflictos de intereses.
En el año 2018 el Centro de Periodismo Investigativo publicó un reportaje llamado McKinsey: bonista de Puerto Rico y principal asesor de la Junta que señalaba los posibles conflictos de intereses de la firma.
La firma de consultoría financiera McKinsey & Co. es el principal asesor de la Junta de Control Fiscal impuesta por el Gobierno de Estado Unidos sobre Puerto Rico.
A través de una subsidiaria, McKinsey también tiene bonos de Puerto Rico.
Correos electrónicos obtenidos por el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) demostraron en ese momento el rol central que juega la compañía multinacional en la operación de la entidad creada en 2016 bajo la Ley federal PROMESA.
“Como representantes autorizados de la Junta, algunos socios de McKinsey interactúan frecuentemente con funcionarios del Gobierno federal, discutiendo temas que van desde la selección de oficinas y activación de los emails de la Junta hasta la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE)”, lee el reportaje investigativo.
