McKinsey: bonista de Puerto Rico y principal asesor de la Junta

La firma de consultoría financiera más grande del mundo coordina las operaciones de la Junta de Control Fiscal, según demuestran los emails obtenidos por el Centro de Periodismo Investigativo. También es bonista de Puerto Rico y objeto de múltiples investigaciones, incluida una comisionada, por el propio ente rector impuesto por la Ley Promesa

Por Luis Valentín | Centro de Periodismo Investigativo

La firma de consultoría financiera McKinsey & Co. es el principal asesor de la Junta de Control Fiscal impuesta por el Gobierno de Estado Unidos sobre Puerto Rico.

A través de una subsidiaria, McKinsey también tiene bonos de Puerto Rico.

Correos electrónicos obtenidos por el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) demuestran el rol central que juega la compañía multinacional en la operación de la entidad creada en 2016 bajo la Ley federal Promesa. Como representantes autorizados de la Junta, algunos socios de McKinsey interactúan frecuentemente con funcionarios del Gobierno federal, discutiendo temas que van desde la selección de oficinas y activación de los emails de la Junta hasta la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

La firma ha sido clave a la hora de montar el andamiaje del ente rector, preparar e implementar los planes fiscales del Gobierno, y determinar el futuro de los sistemas de salud, educación y transportación pública en Puerto Rico, entre otras áreas. Asesora en el proceso de quiebra que enfrenta la isla bajo el Título III de Promesa y en el cual busca reducir los más de $120,000 millones en deuda pública, incluidas las pensiones de empleados públicos.

Mientras McKinsey actúa como el principal asesor estratégico de la Junta, una subsidiaria de la firma llamada MIO Partners (McKinsey Investment Office Partners) es dueña de, por lo menos, $20 millones en bonos de Puerto Rico, específicamente de Cofina, según reveló recientemente The New York Times. MIO Partners opera un fondo que invierte dinero de los socios, exempleados y planes de retiro de McKinsey.

La firma también tiene millones de dólares invertidos en Whitebox Advisors, uno de los miembros de la Coalición Sénior de Bonistas de Cofina, cuyos bonos son respaldados por el IVU. Desde el comienzo de la quiebra, Whitebox ha estado activo en la compra y venta de bonos de Cofina. Recientemente, ha aumentando su inversión en esta deuda a casi $170 millones para noviembre de este año. Cofina se enfila como el segundo crédito de Puerto Rico a ser reestructurado en el tribunal federal. El 16 de enero, la jueza Laura Taylor Swain atenderá el plan de ajuste sometido por la Junta para Cofina, más de $17,000 millones de la deuda pública.

La Junta confirmó al CPI que conoció del posible conflicto de McKinsey en septiembre de este año. En reacción a la noticia de que su principal asesor también es bonista, la entidad anunció que iniciaría una investigación al respecto. La asesora de ética de la Junta, Andrea Bonime-Blanc, y uno de sus bufetes bajo contrato, Luskin, Stern & Eisler, fueron puestos a cargo de la pesquisa, ya que el principal bufete de la Junta, Proskauer Rose, pidió inhibirse por que sus relaciones con McKinsey.

El ente rector espera publicar un informe con los hallazgos de esta investigación para finales de año, según confirmó por escrito al CPI. Mientras tanto, McKinsey continúa brindando — y cobrando por — sus servicios.

¿Por qué no separar a la firma de consultoría hasta tanto culmine la investigación?, preguntó el CPI a la Junta.

“McKinsey es un consultor valioso con pericia y experiencia, que ha contribuido grandemente a nuestra labor en la isla. Confiamos en que el proceso investigativo corriente proveerá la información requerida para informar cualquier próximo paso”, contestó la Junta.

Tanto McKinsey como la Junta aseguraron al CPI que la firma ha cumplido a la hora de revelar posibles conflictos en el caso de Puerto Rico. “Las divulgaciones de McKinsey cumplen completamente con todos los requerimientos legales y de la Junta”, respondió por escrito la firma. Asimismo, sostuvo que Promesa no requiere cumplir con la Regla 2014 de la Ley de Quiebra Federal, la cual exige la divulgación de cualquier conexión con el deudor, acreedores y cualquier parte interesada.

En el caso de la Junta, esta fue cautelosa: “Entendemos que Promesa no incluye la Regla 2014”.

Al igual que en ocasiones anteriores, McKinsey negó cualquier tipo de conflicto. Aunque MIO Partners es su subsidiaria, alega que sus labores se manejan de manera independiente y separada al negocio de consultoría. “Los consultores de McKinsey no pueden manejar las inversiones de MIO y no tienen conocimiento de las inversiones específicas de MIO o a través terceros. Información relacionada a inversiones específicas de MIO no se comparte con McKinsey & Co.”, contestó la firma al CPI.

El Código de Conducta para contratistas que incluye el ente rector en la contratación de sus servicios profesionales establece que, si “el contratista no divulga posibles conflictos de interés y estos son descubiertos por la Junta, el contratista estará prohibido de hacer negocios con la Junta”.

Para Matt Fabian, analista de Municipal Market Analytics, sería “inapropiado” si los intereses financieros de McKinsey son afectados por el resultado de su servicios de consultoría.

“Como mínimo, hace más probable que el producto de la consultoría de McKinsey sea objeto de litigio en el futuro”, añadió Fabian.

Contratistas que actúan como empleados

Con una nómina de casi 20 empleados, el peso del trabajo que realiza la Junta recae en la subcontratación de más de 20 compañías de consultoría y bufetes, en su gran mayoría del exterior. Junto al bufete Proskauer, McKinsey lidera la lista en la facturación y nivel de importancia de los trabajos; representa una cuarta parte ($15.4 millones) del presupuesto de este año fiscal ($64.7 millones). Esto no incluye lo que la firma cobra por su trabajo en los casos de quiebra bajo el Título III y que facturan directamente al Departamento de Hacienda, que ya alcanza los $25 millones.

Al sumar, la firma ha generado alrededor de $50 millones desde su contratación a finales de 2016. A diferencia del resto de los abogados y consultores de la Junta, el Gobierno y los comités que representan retirados y acreedores no asegurados, McKinsey no lleva un registro o desglose de sus horas trabajadas. No es su política con sus clientes, según la compañía, y el costo en el caso de Puerto Rico es una tarifa fija mensual que ha rondado los $2 millones.

La presencia de algunos empleados de McKinsey en los trabajos de la Junta es de tal magnitud que son confundidos en ocasiones como las personas contacto para asuntos relacionados con el ente rector. Este fue el caso del Departamento del Tesoro, que, en un inicio, nombró a Aaron Bielenberg — empleado de la firma y quien fuera por unos meses el primer coordinador de revitalización creado por Promesa — como la persona contacto de la Junta en el acuerdo entre el Gobierno local y la agencia federal para el préstamo de emergencia tras el huracán María llamado Community Disaster Loan (CDL).

“No sé quién puso el nombre y dirección de una persona de McKinsey (Aaron Bielenberg) como contacto con la Junta, pero entiendo que debe borrarse y reemplazarse con mi nombre o el del principal abogado, Jaime El Koury”, advirtió en abril la directora ejecutiva, Natalie Jaresko, a un funcionario del Tesoro luego de revisar el acuerdo final para que el Gobierno tuviera acceso al CDL.

En otra ocasión y sobre el plan de recuperación tras María, uno de los abogados en el equipo de la Junta, Kyle Rifkind, contestó una petición de reunión de Rima Oueid, entonces asesora del Departamento de Energía federal:

“Suena bien. Si es la próxima semana, hagámoslo jueves después de las 3 de la tarde. Estaré en Europa de vacaciones, por lo que, a lo mejor, no pueda unirme a la llamada, pero Aaron de McKinsey estará en ella. Sin embargo, si la semana del 9 de abril no es muy tarde, preferiría eso, entonces, porque estaré de regreso en la oficina. Lo dejo a tu discreción”.

El exgobernador Alejandro García Padilla nombró a Aaron Bielenberg como el primer coordinador de Revitalización bajo Promesa, a cargo de impulsar proyectos de infraestructura crítica bajo el Título V de la ley federal. A pesar de su nombramiento, Bielenberg nunca dejó su puesto en McKinsey, confirmó el CPI.

“Bajo la dirección de la Junta y con la aprobación del gobernador [García Padilla], las actividades del coordinador de Revitalización se llevarían a cabo de manera interina, por un miembro del equipo de McKinsey hasta que la Junta contrate a un Coordinador de Revitalización en propiedad”, sostuvo McKinsey. La selección de Bielenberg se anunció el 9 de noviembre de 2016, pero el contrato se firmó el 27 de noviembre.

Tras nueve meses como coordinador de Revitalización —y sin materializar ningún proyecto crítico— renunció a su posición para darle paso a Noel Zamot. Sin embargo, su trabajo en la crisis fiscal de Puerto Rico no culminó ahí: desde McKinsey, Bielenberg ha liderado los esfuerzos de privatización de la AEE, y también asesora en temas relacionados con la Autoridad de Carreteras.

Este reportaje se publica en Metro gracias a una alianza con el CPI. Puede accederlo completo en periodismoinvestigativo.com

Este reportaje es parte de una serie.

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