Una querella presentada por un ciudadano en el mes de abril, en la que se alude tanto a la prevalencia de ruidos innecesarios como la construcción de estructuras de manera ilegal, llevó a que la Oficina de Permisos del municipio de Aguadilla comenzara una investigación sobre el uso que se le ha estado brindando a una propiedad costera de Anaudi Hernández Pérez, el convicto exrecaudador del Partido Popular Democrático (PPD).
De acuerdo con la carta que la Oficina de Permisos envió a Hernández Pérez el 25 de mayo, “según consta en nuestros expedientes tanto las actividades o usos, como las construcciones realizadas NO ESTÁN AUTORIZADOS”.
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“Por lo tanto, se le ordena de forma INMEDIATA el Cese y Desista de las actividades que se realizan en dicho lugar hasta que se realicen las investigaciones necesarias”, añade la misiva, firmada por el ingeniero José Ruiz Concepción, oficial municipal de permisos.
En la notificación, se añade que, conforme al Reglamento Conjunto de Permisos, “de continuar con las actividades”, Hernández Pérez se expone a multas de $50,000 “por cada infracción por cada día”.
La mansión, donde Hernández Pérez llegó a celebrar actividades de recaudación de fondos para políticos del PPD previo a su acusación federal por corrupción, se promociona en la plataforma de Airbnb bajo el nombre de “Casa Herdz-Heaven en el Caribe”. Según el portal, el costo de alquiler de la propiedad –que cuenta con siete habitaciones, jacuzzi, piscina y estacionamiento– asciende a $1,900 por noche.
Asimismo, se indica que Casa Herdz es un lugar “apto para eventos”, con una “capacidad para un grupo de 25 asistentes o más”.
La querella que presentó el 20 de abril James P. Connor, vecino de la calle Ibiza en el sector Playuela de Aguadilla, puntualiza precisamente que la propiedad de Hernández Pérez se ha estado utilizando “comercialmente como hospedería y Salón de Actividades, eventos y recepciones sin los permisos ni la infraestructura requerida para dicho uso”.
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“Dichos eventos o actividades, a las cuales asisten frecuentemente múltiples invitados, me ocasiona ruidos y molestias innecesarias, y generan una actividad de tráfico automovilístico inapropiado y en exceso para dicha área residencial y calle sin salida”, subraya el querellante, quien alegó que en ocasiones el ruido le impide comunicarse con las otras personas en su propia residencia y “hace imposible conciliar el sueño” hasta entrada la madrugada.
Connor, en su querella, sostuvo que esa zona de Playuela está calificada como un Distrito de Desarrollo Turístico Selectivo, lo que exige que cualquier desarrollo “deberá estar en armonía con otros usos existentes en el lugar”.
Metro tuvo acceso a una serie de videos en los que se evidencia el ruido que provocan las actividades que se celebran en la propiedad de Hernández Pérez. En un video de más de un minuto, por ejemplo, se lanzan fuegos artificiales desde las inmediaciones de la casa de playa, al tiempo que una banda toca música a un alto volumen para un nutrido grupo de personas en la terraza de la propiedad.
De otra parte, el querellante alegó que en la casa de Hernández Pérez se construyó “un balcón voladizo tipo ‘deck’” que invadió su propiedad al no guardar “la separación o distancia suficiente que requiere nuestro ordenamiento jurídico para las colindancias laterales”.
Connor también hizo alusión a las descargas sanitarias provenientes de la lujosa residencia, alegación que fue reportada hoy en Teleonce tras una querella que la empresa Diatom Environmental Services presentó ante la Agencia Federal de Protección Ambiental.
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Según declaró Connor a la Oficina de Permisos, las actividades que se celebran en casa de Hernández Pérez generan “pestilencia” y descargas de aguas negras en el área de la playa.
En el reportaje de Teleonce, el planificador Pedro Cardona Roig afirmó que al momento hay una solicitud vigente para cambiar el uso de la propiedad de residencial a comercial, lo que legalizaría las actividades que actualmente se realizan en la mansión.
Hernández Pérez, en febrero de 2016, se declaró culpable de 14 cargos federales de corrupción, soborno y extorsión para obtener contratos públicos a través de varias empresas. Al día de hoy, sin embargo, Hernández Pérez no ha sido sentenciado.
La investigación federal contra Hernández Pérez, quien mantenía una relación cercana con el exgobernador Alejandro García Padilla, derivó en la renuncia del expresidente cameral Jaime Perelló Borrás, quien hace dos años se declaró culpable de dos delitos menos graves en el foro estatal.
