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Instituto de Ciencias Forenses implementa protocolos para reducir a la mitad la cantidad de cuerpos que recibe

El próximo paso de la agencia es poner en práctica las nuevas normas para los fallecimientos en los hogares

El Instituto de Ciencias Forenses (ICF) espera reducir a cerca de la mitad la cantidad de cadáveres que recibe anualmente a través de unos nuevos protocolos –que ya se han implementado parcialmente–, lo que permitía cumplir con la meta de entregar los cuerpos a sus familiares dentro de 48 horas y completar los reportes de autopsias en 60 días.

La directora de la entidad, María Conte, precisó que desde mediados de febrero los hospitales solo pueden entregar los cuerpos al ICF cuando el trámite es validado por un perito que concluye que el caso es meritorio. En los próximos meses, en tanto, debe ocurrir algo similar con los fallecimientos que ocurren en residencias privadas.

Los datos recopilados desde enero confirman la reducida carga que ha tenido que asumir el ICF a partir de la modificación en los protocolos. Mientras que en enero se recibieron unos 540 cuerpos, en febrero la cifra se redujo a 326 y en marzo, a 247.

“Hemos evitado, desde que comenzamos el 15 de febrero, unos 163 casos. Proyectamos que así pudiéramos estar evitando, al año, unos 800 casos”, explicó Conte en un aparte con los medios, luego de anunciar, junto al gobernador Pedro Pierluisi, que la División de Investigación Médico Legal y Toxicológica del ICF había recuperado la acreditación que otorga la National Association of Medical Examiners.

Conte afirmó que, desde que se ofrecieron los adiestramientos, todos los hospitales del país han estado cumpliendo con los protocolos que evitan la sobrecarga del ICF.

“Hay una ley que establece cuáles son los casos donde nosotros tenemos que asumir una jurisdicción. La gente a veces tiene un concepto, hasta los mismos colegas de lo que es médico legal, un poco más amplio de lo que dice la ley, y recibíamos de los hospitales casi 1,000 (cuerpos) al año, que eran muertes donde los médicos de los hospitales podían certificar los casos como muertes naturales, es decir, debido a enfermedades donde no mediaba trauma, violencia ni intoxicación, que es básicamente donde se requiere nuestra intervención”, detalló Conte.

La patóloga forense reconoció que, en parte, los nuevos protocolos responden a las recomendaciones que hicieran en los pasados años entidades acreditadoras del ICF. Conte recordó que, en 2019, una de las organizaciones catalogó de “improbable” que el ICF recuperara una de sus acreditaciones, en buena medida por la acumulación de cadáveres y las tardanzas en la elaboración de informes de autopsia.

Según Conte, en un momento, dado, el ICF llegó a tener un retraso de 7,000 informes de autopsia, cifra que se ha reducido “casi en un 80%. Quedan casos porque era una cantidad que parecía casi imposible de reducir en esa proporción”.

Ahora, los hospitales “completan un cuestionario donde establecen las condiciones del paciente y una doctora evalúa rápidamente” la información para determinar si el caso amerita referirse a la agencia.

Según Conte, algunos hospitales requirieron esfuerzo para convencerlos de que el nuevo protocolo no representaba un riesgo legal sobre la práctica de la medicina.

“No les ha ocurrido ni les va a ocurrir ningún problema. Se estableció como norma, como asunto mandatorio, que ningún cadáver puede llegar a Ciencias Forenses si previamente no ha pasado por la evaluación o cernimiento de un patólogo nuestro”, subrayó la experta.

Protocolo para muertes en hogares

En agosto, el ICF enviará fuera de Puerto Rico a parte de su plantilla para que reciban adiestramientos en el manejo de las llamadas investigaciones médico legales de los decesos que ocurran en los hogares.

“Ese personal va a establecer, cuando una persona fallece en su residencia, si es un caso donde el Instituto debe asumir la jurisdicción, va a levantar un historial clínico y puede documentar el estado del cadáver mediante fotografía. Esa persona podría pasarle la información a patólogos que estén físicamente en la oficina o remoto, y ese patólogo podría hacer una decisión sobre si podría completar un certificado de defunción, que también se registran electrónicamente en el Registro Demográfico con el sistema de VITA”, dijo Conte.

La directora del ICF estimó que, si se logra implementar a gran escala el programa de certificación de defunciones en residencias, la agencia se liberaría de recibir otros 2,000 cadáveres adicionales. Al combinarse con las 800 muertes que de ahora en adelante se certificarían por los médicos en los hospitales, las autopsias que tendría que realizar el ICF anualmente se reducirían en cerca de 3,000.

“Nosotros (anualmente) recibimos como 6,000 cuerpos, (por lo que la reducción sería) de casi la mitad”, manifestó la funcionaria.

“Todos tenemos el mismo propósito de que casos que no tengan que llegar a Ciencias Forenses no llegue. No solamente por el asunto de la acreditación y el volumen de trabajo, la razón principal es para no hacerle pasar a esa familia que acaba de perder un ser querido una incomodidad adicional”, puntualizó.

El ICF ya se encuentra en cumplimiento con los estándares de acreditación que disponen que los informes de autopsia deben completarse en 90 días, mientras que los cuerpos deben poder entregarse a las familias dentro de las 72 horas del fallecimiento, sostuvo Conte.

Sin embargo, la patóloga espera poder reducir esos términos a 60 días y 48 horas, respectivamente.

“El estándar ideal son 48 horas para entrega y 60 días para los reportes. Por eso es que yo hablo de las condiciones ideales”, dijo Conte.

Para lograr los objetivos, no obstante, será necesario incrementar de 10 a 14 la cantidad de patólogos forenses en el ICF, razón por la que Conte ha exigido que se aumente en, al menos, $1,000 mensuales el salario de toda la plantilla de la entidad, así como un presupuesto de $1.1 millones para el reclutamiento de nuevos especialistas.

La petición presupuestaria, en última instancia, quedará en manos de la Junta de Control Fiscal (JCF), que ya rechazó una propuesta inicial del ejecutivo. Entre el presupuesto recomendado por el gobierno y los parámetros de la JCF existe una brecha de $7.7 millones, y hoy Pierluisi aseguró que insistirá en la petición ante el organismo fiscal, incluso si ello implica buscar recortes en otras áreas.

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