Gobierno de Pierluisi someterá presupuesto revisado con ajustes exigidos por la Junta de Control Fiscal

El gobernador Pedro Pierluisi adelantó que su administración, probablemente, enmendará el presupuesto general recomendado para acomodarse a los parámetros establecidos por la Junta de Control Fiscal (JCF), lo que implicaría identificar recortes por cerca de $100 millones.

“Había una diferencia de como $100 millones por la forma y manera en que la Junta estimó que vamos a beneficiarnos de los fondos federales adicionales bajo el programa de Medicaid. Mi inclinación es ajustarnos al monto total del presupuesto que la Junta quiere aprobar, pero esa decisión no se va a tomar hasta entrado el día porque estamos deliberando las diferentes alternativas que tenemos”, indicó el primer ejecutivo.

Mientras que el gobierno presentó un presupuesto con cargo al Fondo General de $12,573 millones, la JCF dispuso que el gasto para el año fiscal entrante no debía exceder los $12,473 millones, dejando una diferencia de $100 millones.

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Pierluisi adelantó que su gobierno hará pública la versión revisada del presupuesto entre hoy y mañana.

“Si cambiamos el monto total, esa va a ser un área de divergencia. Si no lo cambiamos, entonces sí puede ocurrir que en algunas de las solicitudes de presupuesto hagamos un ajuste y en otras no. En una que no voy a hacer ajuste es en la que tiene que ver con los aumentos salariales para el Instituto (de Ciencias Forenses, ICF). Estoy haciendo ese compromiso aquí”, dijo Pierluisi durante una conferencia de prensa en la que participó junto a la directora ejecutiva del ICF, María Conte.

El primer ejecutivo prefirió no adelantar “criterio” sobre el trato que recibirían, en la propuesta revisada, los municipios y la Universidad de Puerto Rico, donde las diferencias entre las partidas que contemplan la JCF y el gobierno se distancian por $44 millones y $20 millones, respectivamente.

“La próxima versión del presupuesto va a ser pública mañana, por no decir esta noche en algún momento. Ahí es que se va a poder ver qué posición fijamos a nivel de todas las partidas, porque obviamente esto es un esfuerzo por tratar de llegar a un consenso. Yo anticipo que puede ser que hagamos ajustes en algunas agencias si la Junta pidió una cantidad en particular. Quizás cedemos en el caso de algunas agencias y en otros no”, puntualizó Pierluisi.

Diferencias con Ciencias Forenses

En ese ejercicio, cuyo producto deberá someterse hoy al organismo, no se alterarán los esperados aumentos salariales para los empleados del ICF, una de las partidas en disputa, según aseguró el primer ejecutivo.

En el caso del ICF, la diferencia entre la asignación que propuso el ejecutivo y los parámetros de la JCF es de unos $7.7 millones.

Conte, en la rueda de prensa, recalcó que su intención es que cada empleado reciba un incremento salarial de, al menos, $1,000 mensuales, aspiración que recoge el presupuesto recomendado.

El aumento de $1,000 a los empleados activos tendría un impacto fiscal de $2.7 millones, mientras que el ICF solicita cerca de $1.1 millones adicionales para el reclutamiento de nuevos especialistas.

Sin embargo, al rechazar la versión presupuestaria inicial del gobierno, la JCF señaló que el “análisis de la plantilla de nómina indica que la agencia puede financiar las posiciones adicionales con la nómina actual”.

“Un planteamiento que ellos pudieran argumentar es que ellos, cada año, asignan para los presupuestos dinero para reclutamiento y no los usamos. Claro, no los usamos porque no podemos reclutar personal pericial, con esas cualificaciones académicas que necesariamente tienen esas personas con el sueldo que les podemos ofrecer. Es como un círculo vicioso, una cosa va de la mano de la otra”, señaló Conte en un aparte con los medios.

La directora ejecutiva del ICF reconoció que el aumento de $1,000 a toda la plantilla no se ajusta a lo dispuesto en el borrador del plan de clasificación y retribución que el gobierno divulgó en enero pasado. En el borrador, ninguna de las plazas del ICF reflejaba un incremento de $1,000, mientras que en algunos casos, como el de los patólogos forenses, las escalas incluso se reducían respecto a la retribución vigente.

“Lo que pasa es que (el plan de clasificación y retribución) está en revisión en este momento. El aumento de $1,000 garantiza una justa compensación justa para cada uno de los empleados. Que pueda haber en el plan de clasificación alguna asignación adicional de acuerdo a la complejidad de las funciones, pudiera ser. Pudiera ser que en algunas personas eso no ocurriera, porque la complejidad de las funciones no requiere eso. Pero en otros puestos, por las responsabilidades, la educación que tienen que tener y que las funciones sean tan complejas requieren un aumento de más de $1,000″, sostuvo Conte.

Como ejemplos de escalas bajas, la funcionaria mencionó que no es posible reclutar un investigador forense por $2,012 mensuales, o un químico por $2,213.

Hoy, precisamente, Conte y Pierluisi anunciaron que la División de Investigación Médico Legal y Toxicológica del ICF había recuperado la acreditación de la National Association of Medical Examiners. La directora ejecutiva reconoció que, para mantener esa y otras acreditaciones profesionales a largo plazo, será esencial mantener un presupuesto sostenible.

“No es que ellos establecieron (la acreditación) con la condición de que el dinero esté, pero los cuerpos acreditadores han mencionado en los informes que prepararon que la asignación de esos fondos fue algo que ellos tomaron en consideración para otorgar la acreditación, que influyó favorablemente en la decisión que ellos tomaron”, planteó Conte Miller.

Para Pierluisi, si la JCF no acoge la versión revisada del presupuesto, tocará a la Legislatura convencer al ente de las necesidades apremiantes del país.

“Si al 10 de mayo la Junta no concede el presupuesto solicitado, comoquiera en ese entonces la bola pasa a la cancha de la Asamblea Legislativa y yo le estaré haciendo saber a la Asamblea Legislativa esta necesidad y la Asamblea Legislativa puede interceder. Obviamente, la Junta sigue teniendo la última palabra, pero hay un interés de todas las partes de lograr un consenso”, manifestó el gobernador.