El contralor electoral, Walter Vélez Martínez, confirmó que su oficina había advenido en conocimiento de la relación que mantuvo la empresa J.R. Asphalt con el alcalde de San Juan, Miguel Romero –mientras el funcionario se desempeñaba como senador por el distrito de la capital–, previo a que en los últimos días trascendiera que la compañía había hecho trabajos de repavimentación, a través de su oficina legislativa, como “donativo” a las comunidades.
“Nosotros habíamos tomado conocimiento de la situación que se ha presentado públicamente o por otras vías que nos ha llegado, y para hacer la auditoría vamos a evaluar ese asunto. Ya desde antes que saliera público lo estábamos evaluando”, sostuvo Vélez Martínez.
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Como es la práctica habitual, Vélez Martínez no confirmó ni rechazó que las autoridades federales y la Oficina del Contralor Electoral (OCE) hayan intercambiado información sobre la controversia.
El historial delictivo de J.R. Asphalt, cuyo presidente, Raymond Rodríguez Santos, se declaró culpable por corrupción en relación al caso del pasado alcalde de Cataño, Félix “Cano” Delgado, levanta las alarmas de las autoridades fiscalizadoras, reconoció el contralor electoral.
“La OCE está consciente de lo que ha pasado con esta empresa y no nos podemos hacer de la vista larga. Todo asunto relacionado con esta empresa que se presente ante la OCE lo vamos a investigar o lo estamos investigando y vamos a indagar todo sobre esta empresa”, puntualizó Vélez Martínez.
¿Qué le parece la afirmación de Romero de que J.R. Asphalt ofreció sus servicios como una donación a las comunidades?, le preguntó Metro al contralor electoral.
“Tengo que decir que hay unas situaciones que han transcurrido en las noticias en los últimos meses que nos lleva a pensar que no nos podemos hacer de la vista larga con esta empresa. Tampoco puedo decir que todas las personas vinculadas a esa empresa, o que le dieron contratos a esa empresa, cometieron corrupción o ilegalidad. No es mi estilo y estaría adelantando un criterio. Cada caso se va a investigar y yo no puedo pasar por alto que esta empresa ha sido asociada con unos actos ilegales, dicho incluso por uno de sus directivos, que se declaró culpable”, respondió Vélez Martínez.
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De concluir que J.R. Asphalt realizó un donativo político al llevar a cabo las obras, tanto el comité político de Romero como la compañía se expondrían a multas administrativas ascendentes a entre dos y cinco veces el valor de la contribución. Las corporaciones, según la Ley de Financiamiento de Campañas, tienen prohibido realizar aportaciones políticas.
En el caso de J.R. Asphalt, la empresa se encuentra en proceso de disolución tras los escándalos de corrupción, pero Vélez Martínez señaló que la OCE tiene la facultad de solicitar al Departamento de Estado que cancele a las corporaciones que violen las leyes que regulan los donativos políticos.
Vélez Martínez detalló que, en 2020, la OCE llegó a investigar si unos anuncios publicados por Romero en su página oficial, relacionados con trabajos de repavimentación en las vías sanjuaneras, violaron la llamada veda electoral, que prohíbe la erogación de fondos públicos para resaltar la imagen de un candidato o partido político.
En los anuncios, Romero “pedía a ciudadanos que ese día movieran los vehículos estacionados en las calles para que los trabajos se pudieran hacer”, dijo Vélez Martínez.
“Cuando atendimos la queja, verificamos y no hubo erogación de fondos públicos para hacer ese tipo de anuncio ni en la hoja suelta que se repartió. Archivamos la queja porque tenemos jurisdicción cuando hay erogación de fondos públicos”, añadió el contralor electoral.
En esta ocasión, expresó Vélez Martínez, la investigación que la OCE realiza, como parte de sus auditorías a candidatos y aspirantes a la alcaldía de San Juan, buscará resolver si las obras de J.R. Asphalt constituyeron un donativo político no reportado.
“Tendríamos que constatar si este servicio se ofreció en calidad de funcionario público, como senador, o si fue en calidad de candidato y que resaltó la imagen de él a un puesto político electivo”, precisó Vélez Martínez, al agregar que las auditorías a los candidatos y aspirantes a la alcaldía capitalina arrancó hace unos cuatro meses.
En una entrevista con Radio Isla, Romero mencionó que los trabajos de repavimentación que habría ofrecido J.R. Asphalt fueron reportados a la OCE en 2020.
“Fue totalmente gratuito, no se utilizaron fondos públicos, fue coordinado por las comunidades y eso está así sometido por escrito a la OCE desde el año 2020″, dijo el alcalde.
Vélez Martínez, no obstante, mencionó que ante la entidad no obra ese tipo de información, aunque especuló que Romero, posiblemente, estaba aludiendo a la queja sobre violación a la veda electoral que fue archivada.
“Quizás haya sido una confusión. Nosotros no tenemos nada”, aseguró el contralor electoral.
El jefe de la OCE agregó que, si bien las auditorías sobre las campañas se enfocan en las actividades del año electoral, la entidad tiene la facultad de investigar periodos previos o posteriores.
El gobernador Pedro Pierluisi, por su parte, mencionó hoy que Romero lo llamó tan pronto trascendió públicamente que era investigado por el Negociado Federal de Investigaciones. La presunta investigación fue revelada el pasado martes por Teleonce.
“Él ha negado puntualmente las imputaciones. Está siendo bien específico. Lo que he visto es que el contralor electoral indicó en los medios que va a investigar el asunto para determinar si hubo una violación de la ley electoral. Pues veremos el resultado de esa investigación. Pero el alcalde insiste, primero, que como alcalde no hubo irregularidad alguna y que lo que haya sucedido cuando era senador, él insiste que no hubo ningún acuerdo ni promesa para recibir ese servicio o ese asfalto a cambio de una gestión oficial, que no hubo tal cosa”, sostuvo el primer ejecutivo a miembros de la prensa.
