Un representante de la Junta de Planificación reconoció hoy que el organismo tenía la facultad de acudir a los tribunales para detener el desarrollo de obras en la reserva natural de Bahía Jobos, en Salinas, al amparo de la Ley de Permisos de 2009, pero que nunca actuó por esa vía.
“Hasta ahora no lo hemos hecho”, admitió Héctor Morales, director de la Oficina de Asuntos Legales de la Junta de Planificación, en una vista pública de la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes.
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El Artículo 14.1 de la Ley 161-2009, que reformó los trámites de permisología en el país, dispone que tanto la Junta de Planificación como las “entidades gubernamentales concernidas”, municipios autónomos o personas afectadas tienen legitimación para presentar recursos extraordinarios en los tribunales para revocar permisos fraudulentos, paralizar obras de construcción no autorizadas o demoler obras finalizadas que no tuvieran permisos.
Durante el turno de preguntas del representante independentista Denis Márquez, Morales afirmó que la Junta de Planificación no tenía ante sí la información necesaria para concluir que debía proceder con un recurso extraordinario relacionado al caso de Bahía Jobos, donde, según ha trascendido en las vistas camerales, al menos unas 20 personas poseen ilegalmente terrenos en los que, a su vez, han levantado estructuras.
“En este momento no le puedo contestar eso categóricamente porque no tengo la información que usted me está dando. No tengo esos nombres en precario, no tengo una querella en particular para llevar esa acción. De hecho, si el Departamento de Recursos Naturales (DRNA) la tiene, el Departamento de Recursos Naturales puede llevar (el recurso extraordinario)”, planteó Morales.
“Ya yo se lo pregunté y tampoco lo han hecho. Le estoy preguntando a ustedes que tampoco lo han hecho. Cada vez que viene aquí alguien diferente del gobierno de Puerto Rico es el otro al que le toca. Siempre le toca a otro. La ley le da la autoridad a todos a hacerlo y nadie lo hace”, censuró Márquez.
Morales quiso precisar que, actualmente, la Junta de Planificación tiene unos 600 recursos extraordinarios bajo el Artículo 14.1, aunque ninguno corresponde a la Reserva Estuarina de Bahía Jobos.
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¿Lo piensan hacer?, preguntó el legislador.
“No le puedo contestar eso en este momento”, respondió Morales.
¿Usted, como director de la división legal, le recomendaría lo que yo estoy planteando a los miembros de la Junta de Planificación que lo hagan?, insistió Márquez.
“Con la información correcta y completa claro que lo podemos recomendar a la Junta de Planificación”, dijo el abogado.
La comisionada del Cuerpo de Vigilantes del DRNA, Haydelín Ronda, también compareció hoy a la vista, en la que precisó que al presente la agencia cuenta con unos 308 vigilantes. Según Ronda, a principios de siglo había sobre 500 vigilantes.
Debido a la escasez de personal, el área de Bahía Jobos solo cuenta con vigilancia en dos turnos diarios, en los que usualmente se asigna una patrulla.
Ante la pregunta de por qué existen querellas presentadas por los vigilantes que no han sido resueltas, que datan de 2017, Ronda mencionó que el proceso depende de la autorización de la Oficina de Asuntos Legales del DRNA.
En algunos casos, dijo Ronda, la división legal requiere a los vigilantes sustentar su informe con “asistencia técnica”, lo que implica que personal experto –como agrimensores, biólogos o ecólogos– ofrezca su pericia.
Al momento, el DRNA cuenta con un solo agrimensor, dijo Rolón, quien está a cargo del Cuerpo de Vigilantes desde noviembre de 2019.
En una de las querellas pendientes, “los vigilantes están actualizando los expedientes. Tienen la asistencia técnica de parte de la bióloga del área. Ellos están actualizando los expedientes, indicado por la Oficina de Asuntos Legales, para entonces ellos poder recibir el caso. (Las directrices fueron) ir y tirar fotos nuevamente y verificar el área”, dijo Rolón ante preguntas del representante popular Jesús Manuel Ortiz.
“Se le debe caer la cara de vergüenza a mucha gente por el hecho de tener que mantener en espera una denuncia de un evidente crimen ambiental que sigue sucediendo allí”, subrayó, por su parte, el representante Ortiz.
La semana pasada, en una vista anterior, la encargada de la Reserva Estuarina, Aitza Pabón Valentín, acusó a Ronda de mentir cuando en pasados meses llegó a afirmar que la vigilancia se había afectado por presuntas amenazas contra los miembros del Cuerpo de Vigilantes. Asimismo, afirmó que el Cuerpo de Vigilantes había claudicado ante su deber de proteger la reserva natural.
En la vista de hoy, sin embargo, los representantes no cuestionaron a Ronda sobre el tema de las amenazas.
En la tarde, se espera que depongan representantes de la comunidad de Las Mareas, además del Comité de Diálogo Ambiental y la organización Idebajo (Iniciativa de Ecodesarrollo de Bahía de Jobos).
El alcalde popular de Arecibo, Carlos “Tito” Ramírez, había sido citado para que explicara por qué había señalado, sin evidencia, al representante Luis “Narmito” Ortiz Lugo de poseer un terreno en Bahía Jobos. Ramírez se excusó mediante una misiva en la que reconoció que no tenía pruebas de las expresiones que realizó inicialmente en una entrevista radial, que desató una serie de ataques mutuos con el legislador popular.
“Quiero que quede para récord que el alcalde de Arecibo fue mendaz en sus expresiones, no tenía ningún tipo de evidencia y consta para récord. A pesar de todo eso, continúa haciendo expresiones en contra de un funcionario de esta Asamblea Legislativa, específicamente de la Cámara de Representantes. No lo vamos a aceptar”, dijo al inicio de la vista el presidente cameral Rafael “Tatito” Hernández.
