Desde el Centro de Periodismo Investigativo
El Departamento de Salud (DS), responsable de inspeccionar y aprobar los planes de desalojo de emergencia de todos los hospitales del país, solo los hace disponibles para los tres hospitales que la agencia administra.
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La Secretaría Auxiliar para la Reglamentación y Acreditación de Facilidades de Salud (SARAFS) de la agencia no conserva copia de los planes de desalojo que se supone haya evaluado previamente y que podrían representar la diferencia entre la vida y la muerte para pacientes y empleados. La información surgió como parte de una demanda en la cual el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) le solicitó al DS varios documentos y protocolos relacionados a eventos de emergencia.
“Como parte de las inspecciones que se realizan, el personal de la SARAFS
revisa que dichos planes cumplan con todos los requisitos establecidos. Sin embargo, copia física, en papel, digital o de cualquier otra manera almacenada en dispositivo(s) electrónico(s) de estos planes no se le entrega al personal de la SARAFS, ni se recibe por dicho personal, ni se retiene en el expediente de las facilidades que obra en la SARAFS, por lo que el Departamento de Salud no cuenta con los mismos”, lee la certificación sometida por el DS ante el Tribunal Primera Instancia en San Juan.
Ante la solicitud del CPI, el DS se limitó a entregar los planes de desalojo para los centros de salud que administra: el Hospital Pediátrico Universitario, el Hospital Universitario de Adultos y el Hospital Universitario Ramon Ruiz Arnau.
“Los demás hospitales públicos mencionados en la moción NO pertenecen al Departamento de Salud, estos son administrados por Corporaciones Públicas con personalidad jurídica aparte y distinta a la del Departamento de Salud, por lo que la documentación solicitada se le debe requerir a estos directamente”, expresó el DS con relación a hospitales que son administrados por otras entidades públicas tales como la Universidad de Puerto Rico y la Corporación del Fondo del Seguro del Estado.
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La Organización Panamericana de la Salud indica que el acceso a la información es fundamental para mejorar la gestión pública y confianza de la ciudadanía en la preparación para eventos de emergencia.
Falta de información sobre el acceso a los hospitales durante emergencias
Más de cuatro años después del huracán María, el DS solo cuenta con un mapa de puntos en el que se especifica la ubicación de todos los hospitales, centros de diagnóstico y tratamiento, centros de salud primaria y centros de diálisis en Puerto Rico.
El director de Sistemas de Información Geográfica de la Junta de Planificación (JP), Rogelio González Sánchez, indicó al CPI que los mapas de rutas prioritarias en caso de emergencia, que incluyen las vías alternas que conectan con los hospitales de ocurrir colapso de carreteras y puentes, tampoco están listos y que la JP, junto al Departamento de Transportación y Obras Públicas y otras agencias, trabajan con el Centro de Operaciones de Emergencias para producir esa información.
El secretario de Salud, Carlos Mellado, opina que este tipo de información debe ser ofrecida por los municipios, en lugar del Gobierno central.
“Cada vez que se va a un municipio, nosotros a quien primero contactamos es al alcalde que conoce específicamente cuáles son las necesidades de su pueblo. Basado en eso, nosotros hacemos los planes. Cada municipio tiene un sistema de rastreo [para la gente con condiciones médicas que necesitarán servicios médicos en estas emergencias]. Nosotros contamos con la capacidad de los municipios. Nosotros tenemos personal que inclusive llama a los alcaldes”, dijo Mellado en una conferencia de prensa al CPI sobre la disponibilidad de la información para las comunidades sobre acceso, rutas y mapas que muestren cómo obtener servicios de salud, en caso de eventos de emergencia.
Al preguntársele al alcalde corozaleño si el DS le ha solicitado información para, como plantea Mellado, hacer los planes según las necesidades en caso de emergencias, Luis García, del Partido Nuevo Progresista, informó que “todavía no se ha dado esa información. Nosotros internamente la estamos trabajando. En el caso de Corozal, vamos reconociendo las áreas más vulnerables donde hay puentes, para así tener un plan eficiente en cualquier caso de emergencia, donde se pueda aterrizar helicópteros, donde podamos recibir suministros”.
Varios alcaldes de municipios de la región del interior montañosa coincidieron en que su gestión de respuesta durante emergencias se torna más difícil si el Gobierno central no brinda los recursos para que cada ayuntamiento atienda las necesidades de sus ciudadanos, incluyendo el acceso a los servicios de salud.
“Lo que necesitamos es que el Gobierno central entienda que, si reconoce que tiene 78 estructuras de gobierno local y les da los recursos, pudiera decirle al País con la frente en alto, ‘estamos mejor preparados, estamos respondiendo mejor y las cosas le están llegando a la gente’”, expresó al CPI el alcalde de Comerío por el Partido Popular Democrático, José Santiago.
Con Santiago coincidió el primer ejecutivo de Corozal. “Que nos den los recursos. Esperar por el Gobierno central en un momento de emergencia va a ser un poco más complicado, cuando nosotros internamente podemos trabajarlo con más eficiencia”, indicó García.
No todos los municipios tienen sistemas de rastreo para ubicar pacientes con condiciones médicas que necesitarán atención durante eventos de emergencia y los sistemas de rastreo de los municipios que sí cuentan con alguno son diversos. Es decir, no hay uniformidad entre estos y la manera en que cada uno levanta los datos.
Otros alcaldes entrevistados por el CPI informaron que en ocasiones dependen de la información que les proveen líderes comunitarios sobre el número de personas encamadas, quiénes son las personas con condiciones crónicas y dónde viven. Los ejecutivos municipales indicaron, además, que esos esfuerzos no se coordinan con el DS, sino que se manejan de manera local.
El alcalde Villalba y presidente de la Asociación de Alcaldes, Luis Hernández Ortiz, negó que exista la comunicación y coordinación que el secretario de Salud dijo que había entre su agencia y los municipios. Asimismo, explicó que su sistema de rastreo mediante una aplicación, que está en proceso, y que es una iniciativa exclusiva de su municipio.
“Son los municipios los que realmente hacen el trabajo aquí”, expresó Hernández Ortiz al CPI.
El informe Sin información ante el desastre: Gestión de la información para el manejo de riesgos socioambientales en Puerto Rico identifica algunas de las dificultades y fallas que, tras el paso de los huracanes del 2017, el país enfrentó al buscar acceso a los servicios básicos. La ausencia de datos e información se sumó a la respuesta inadecuada que, a su vez, hizo inaccesibles servicios de salud y causó muertes en exceso. Fue comisionado por el CPI a los investigadores Annette M. Martínez Orabona, Luis Avilés, Marinilda Rivera Díaz y Luis José Torres Asencio.
Aunque los municipios tienen una responsabilidad de producir y actualizar datos sobre las necesidades de salud, el DS no puede evadir su función de coordinar los planes y hacer accesible la información a nivel central, según el profesor de la Escuela Graduada de Salud Pública de Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico, José Seguinot Barbosa.
“Hay distintos niveles de información, así como hay distintos niveles de responsabilidad. Él [Mellado] muy bien describió que el municipio es el que tiene el contacto primario con el ciudadano... pero el Gobierno estatal tiene una responsabilidad más integradora, más homogénea”, expresó al CPI el especialista en el área de geografía médica.
Desde agosto del año pasado, la Asamblea Legislativa evalúa el Proyecto de la Cámara 936, el cual propone crear Oficinas de Salud Pública y Epidemiología Municipal. Tanto Seguinot Barbosa como el DS y los presidentes de las dos organizaciones de alcaldes favorecen la medida.
De acuerdo a Seguinot Barbosa, es responsabilidad del DS coordinar con otras agencias del Gobierno central la actualización de mapas de carreteras y rutas a los centros de salud disponibles en caso de una emergencia ambiental.
“Hay que tener toda esa información actualizada y revisarla, porque, como sabemos, muchas carreteras se abren, muchas cierran, se dañan, se cae un puente y hay que tomar una ruta alterna. La actualización de esos mapas es indispensable. Si tú tienes un evento que ocurre mañana y no tienes esa información actualizada, tú vas a tomar probablemente decisiones incorrectas. Así que una de las cosas más esenciales es tener mapas de rutas actualizados, al menos una vez al mes. Eso hoy día no es tan difícil, porque para eso están los GPS (Sistemas de Posicionamiento Global, en español)”, explicó el académico en Salud Pública.
Según Seguinot Barbosa, la disponibilidad de mapas e información actualizada puede marcar la diferencia para las poblaciones que residen alejadas de los centros urbanos o que no cuentan con un medio de transporte adecuado.
“Yo le llamo a eso la población invisible, la población que los sistemas de salud y los planificadores no ven. La gente planifica para quien tiene un carro. Resulta que quien tiene condiciones especiales, que no tiene movilidad, que no puede manejar, ese es el que la va a tener más difícil. Yo diría que la manera más importante para resolver ese tipo de situación es que tú debes tener un registro de todas esas personas, su ubicación geográfica, para que inmediatamente surja una situación de desastre, darle prioridad a ese tipo de persona”, sugirió Seguinot Barbosa.
El comisionado interino del NMEAD, Nino Correa, reconoció que existe una “población invisible” que será difícil de encontrar y ayudar en caso de un evento de emergencia.
“En un momento dado [después del huracán María] me tocó atender 178 personas desaparecidas. No se había hecho un censo poblacional hacía mucho tiempo y resulta ser que para las direcciones, como se cayeron las comunicaciones en toda la Isla, empezó todo el que tenía familiares en Puerto Rico y que vive fuera [en Estados Unidos], a preguntar por su familiar. Cuando llegamos, en muchos de los sitios, ya las direcciones de hace años habían cambiado de nombre o número”, explicó Correa.
“Hay mapas ya establecidos que tienen el nombre del pueblo y barrios y sectores, pero llega hasta ahí. Cuando bajas de sectores en adelante, entras a cualquier tipo de mapa o GIS (Sistema de Información Geográfica, en inglés), te salen sectores, pero en muchos de ellos te salen quizás posibles brechas marcadas en una raya. Digamos que estamos en Caguas, en el barrio Polanco, sector Terrera, pero de ese sector salen los Bermúdez, los García y los Ayala. Esa parte había que incorporarla allí [a los mapas] porque para llegar a los Bermúdez, tú le preguntas al alcalde y él a lo mejor no sabe que queda gente porque [el mapa] llega hasta el sector. Había que ir al field y darse cuenta. Cuando llegábamos a los sitios buscábamos el vecindario y preguntábamos por la gente. Es importante que sepamos que esta gente está allí. Si necesitan ayuda, hay que llegar allí”, agregó Correa.
En septiembre del 2021, el Departamento de la Vivienda reconoció la ausencia de información centralizada para la preparación ante emergencias, así como la necesidad de crear una base de datos que organice espacialmente información que podría ser vital en la respuesta a eventos naturales extremos. En las guías del Programa de Infraestructura Geoespacial de Puerto Rico se establecen los estándares para crear una Infraestructura de Datos Espaciales (IDE) en la cual una comunidad de usuarios, que incluya agencias de gobierno y municipios, puedan intercambiar información de manera centralizada.
“Puerto Rico no mantiene un IDE completo, y su catastro existente está limitado por información inexacta e inaccesible. Esto supuso un desafío para los respondedores de desastre que buscan comprender cómo los huracanes Irma y María afectaron las geografías y comunidades propensas a desastres. Sin esto, los respondedores de desastre estaban navegando vías existentes, pero sin datos cartográficos, encontrando a residentes aislados por derrumbes y vías fluviales inundadas y localizando residencias sin direcciones físicas, informalmente construidas, no registradas y desconocidas fuera de la comunidad inmediata”, lee el documento preparado por Vivienda.
La creación del Programa de Infraestructura Geoespacial cuenta con una asignación de $50 millones de fondos del programa Subvención en Bloque para el Desarrollo Comunitario para Recuperación ante Desastres. Una de las propuestas que menciona el documento es producir un IDE para infraestructura crítica, incluyendo hospitales.
“La información espacial exacta evitará que se detengan los servicios de emergencia durante desastres naturales futuros, al agilizar, por ejemplo, la respuesta de equipos especializados que transiten carreteras no cartografiadas. Actualmente no existe una infraestructura de datos completa, segura, y que proporcione información tan precisa como la que necesitamos. Por eso lanzamos GeoFrame”, dijo el secretario del DV, William Rodríguez, en un comunicado de prensa.
¿Dónde está la información para obtener los servicios de salud cuando llegue otro huracán o emergencia a Puerto Rico?
La página del DS tiene disponible el Plan Operacional de Manejo de Emergencias, que corresponde al período 2021-2022. Una versión anterior del Plan (2019-2020) tiene 1,014 páginas más que la versión actual e incluye una lista de los siete hospitales hub (núcleo) que tendrán “concentradores de oxígeno”, abastos de agua, generadores eléctricos y diesel. De este grupo de siete, el Hospital Buen Samaritano en Aguadilla, en el noroeste, y el Ryder en Humacao, en el este, fueron cerrados durante el paso del huracán María.
La página web de la agencia también tiene una Guía de Salud Pública en Emergencias y Desastres 2021, la cual orienta a la comunidad sobre algunas medidas generales y oficinas a contactar en caso de un evento de emergencia.
Uno de los aspectos incluidos en el Plan Operacional de Manejo de Emergencias vigente es la necesidad de difundir comunicaciones sobre riesgos a las comunidades. Según establece el documento, a través de “comunicados de prensa y/o el uso de medios y redes sociales se realizará la publicación de medidas de protección y prevención, así como medidas particulares para las poblaciones especiales”. Sin embargo, el documento no presenta estrategias específicas ni detalla qué tipo de información debe estar disponible en las distintas etapas de la emergencia. El CPI solicitó en varias ocasiones una entrevista con el secretario de Salud para abordar este asunto, pero la entrevista no fue concedida.
Uno de los documentos pedidos como parte de la demanda fue el protocolo para proveer al público información epidemiológica actualizada en un evento de emergencia. Tras meses de litigio, el DS proveyó un borrador de este documento, que está sujeto a revisión y “se encuentra en el proceso de discusión interna para su promulgación”.
El catedrático Seguinot Barbosa planteó que herramientas cibernéticas públicas, como el tablero o “dashboard” que el DS divulgó al inicio de la pandemia del COVID-19, podrían ser útiles, como un portal de datos permanente en el cual se provea también información sobre la disponibilidad de servicios y centros de salud tras el paso de un evento natural de envergadura.
El DS entregó también la lista de los números telefónicos para pacientes con condiciones crónicas. Sin embargo, dicho documento no está disponible en el portal oficial de la agencia, que además aseguró que coordina la transportación médica a través del Negociado del Cuerpo de Emergencias Médicas Estatal (EMS) o llamando directamente al sistema 911.
La agencia expresó que no existe un protocolo para despachar medicinas y recibir tratamientos sin la autorización de los planes médicos, pues aseguró que las estrategias “dependerán de la naturaleza de la emergencia en particular y las necesidades de la ciudadanía”.
El DS también aseguró al tribunal que el Registro Voluntario de personas con necesidades funcionales ya no se encuentra activo, aunque la propia agencia admitió que “el enlace del Registro sigue funcionando por descuido e inadvertencia del Departamento de Salud”.
Pacientes de diálisis siguen al descubierto
Al solicitarle al DS el Plan para el Manejo de Pacientes de Diálisis en Periodos de Emergencias, la agencia indicó que “esta información debe ser solicitada a las compañías que proveen el servicio. Las unidades de diálisis de los hospitales del Departamento de Salud realizan ejercicios de preparación para que el personal y los pacientes se familiaricen con los planes, identificar gaps y mejorar sus planes de emergencia”.
“Cada unidad de diálisis tiene un Registro de sus pacientes. Lo que nos comparte el Renal Network es la cantidad de pacientes por unidad de diálisis. Actualmente hay 6,372 pacientes registrados. De estos, 13 pertenecen a Vieques. Culebra no tiene pacientes registrados”.
El Departamento de Salud admitió que no cuenta con un protocolo para suplir alimentos a pacientes renales en periodos de emergencia. “Durante una emergencia las unidades [de diálisis] pueden servir como lugares para alimentar a sus pacientes. La dieta renal es restrictiva y muy específica, y en caso de que los pacientes no tengan energía eléctrica en el hogar, las unidades de diálisis les preparan la comida en su unidad correspondiente”, manifestó la agencia.
Tampoco cuenta con refugios o áreas acondicionadas para pacientes de diálisis. “Antes de un evento anunciado (tormenta/huracán) las unidades de diálisis adelantan el tratamiento a sus pacientes el día antes para asegurar la continuidad del tratamiento. Si el paciente se encuentra en un refugio, se coordina con EMS la transportación a la Unidad de diálisis más cercana”.
Para el caso de la información sobre los almacenes de alimentos, suministros, y su inventario, el DS refirió al CPI al Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD) y a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias. Nino Correa, de NMEAD, aseguró al CPI que esa agencia no administra ningún almacén de suministros, ni tiene los datos disponibles.
Esta historia se publica en Metro Puerto Rico gracias a una alianza con el Centro de Periodismo Investigativo. Puede leer la nota original AQUÍ.
