El representante penepé Víctor Parés propuso que se legisle para hacer aun más agresivos los objetivos de energía renovable, así como la imposición de multas diarias a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) mientras permanezca en incumplimiento con las métricas establecidas en la política pública.
En lugar de que el país alcance un 60% de energía renovable para el 2040, como antesala al 100% para 2050 –como está dispuesto en la Ley 17-2019–, Parés anunció que radicará en los próximos días una medida para que el 70% se logre para el 2032. Asimismo, la AEE enfrentaría multas de $60,000 diarios si, para el 2025, no ha alcanzado el 40% que se estipula en el estatuto que define la política pública energética.
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El anunció del legislador se produce pocos días después de que el director ejecutivo de la AEE, Josué Colón, sostuviera en una vista pública senatorial que considera altamente improbable que la corporación pública pueda cumplir con la meta fijada para el 2025, toda vez que actualmente el país produce apenas un 3% de su energía mediante fuentes renovables.
“Obviamente daremos vistas públicas para que la corporación pública pueda dar su posición, pero ciertamente yo creo que si no hacemos acciones como estas ahora, agresivas, en el mañana no va a ocurrir nada. Tenemos que nosotros como país tomar esa acción afirmativa de buscar estas alternativas. Sería ideal que la Autoridad pueda cumplir con la meta sin tener que imponer multas, pero ciertamente las multas son el disuasivo, la acción para que la Autoridad pueda cumplir con las metas”, planteo Parés, quien en el pasado cuatrienio presidió la Comisión de Energía en la Cámara de Representantes.
La penalidad de $60,000 diarios por incumplimiento entraría en vigor para el 2026 si no se ha logrado el 40% de generación renovable. Si el incumplimiento persistiera por el año completo, el total de multas ascendería a $21.9 millones.
A partir de 2027, sin embargo, las multas incrementarían a $90,000 diarios, lo que se traduciría en casi $33 millones al año.
“Si se incumple con las métricas, ese cargo que pagaría la Autoridad no lo pagaría el consumidor. Ciertamente (esa salvaguarda) estaría establecido en el proyecto de ley”, sostuvo el representante.
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Parés enmarcó su propuesta en el aumento “vertiginoso” que se ha observado en pasadas semanas en los costos de combustible en el mercado internacional, a raíz de la invasión rusa en Ucrania. Según Parés, la AEE destina unos $1,500 millones anuales a la compra de combustibles, como petróleo y gas natural.
El presidente de la Junta de Gobierno de la AEE, Fernando Gil, sin embargo, se mostró opuesto a que se legislen penalidades monetarias a la corporación pública en caso de que no pueda satisfacer los requerimientos de energía renovable establecidos en ley.
“Eso va a tener un efecto en la tarifa. ¿Cómo vamos a poder pagar (las multas) si no? El dinero y las cantidades son finitas”, dijo Gil en un aparte con la prensa, tras participar de una vista pública en la Cámara baja.
Sobre las posibilidades de lograr la meta de 40% de energía renovable para 2025 y 70% para 2032 que propone Parés, Gil alertó que depende de múltiples factores, incluyendo las trabas burocráticas que se exigen para la aprobación de proyectos de esta naturaleza a gran escala.
“Tenemos que tomar en consideración que siempre que se hagan proyectos de ley tenemos que ver que en realidad se concreticen en tiempo y espacio. Por ejemplo, la ley de reciclaje cuando se hizo en los 90 establecía unas métricas que nunca han estado ni siquiera cerca. […] Puede haber mecanismos de manera tal que sea más expedito. Eso tendría unos componentes de áreas de permisos, la cadena de suministros, lo que son los costos de la construcción como tal que le den viabilidad a los proyectos propuestos. Todo eso va a incidir en los costos de energía que se vendan bajo el PPOA (acuerdos de compra de energía)”, expresó Gil.
“El mayor problema de todo esto es la burocracia. Actualmente no es tan solo con la AEE, tienes que ir al Negociado (de Energía), tienes que ir a la Junta de Supervisión Fiscal y otras agencias que intervienen en los permisos, en esas áreas de permisología, en los estudios que se tienen que hacer en el sistema para ver cuánta capacidad aguanta. Según el sistema se vaya arreglando, más capacidad va a poder aguantar tanto para energía distribuida como para fincas de energía solar”, mencionó Gil.
El jueves pasado, en una comparecencia a la Comisión de Proyectos Estratégicos y Energía del Senado, el director ejecutivo de la AEE respondió, a una pregunta sobre si sería prudente ajustar las métricas de cumplimiento, que “sí, desde mi punto de vista técnico”.
“En el momento que estamos hablando hoy, en 2022, que no fue cuando se aprobó la ley, y la realidad que ha ocurrido desde entones, entiendo que la manera que está distribuida cada una de las metas de cumplimiento debe revisarse. Queremos transicionar a la energía renovable, pero queremos hacerlo de manera tal que no se afecte el servicio a los clientes, y mucho menos el costo, de una manera adversa”, dijo Colón.
