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Presentan medida en el Senado que recortaría términos para trámites de expropiación de estorbos públicos

La medida, según sus autores, brindaría nuevas herramientas a los municipios para expropiar y administrar estructuras abandonadas

A través de una medida que busca facilitar el trámite para la declaración de estorbos públicos, un grupo de senadores populares espera resolver esta crisis y paralelamente estimular la oferta de vivienda a precios asequibles.

El Proyecto del Senado (PS) 780, explicó el senador Juan Zaragoza, fue elaborado luego de reuniones con múltiples alcaldes, incluyendo los ejecutivos de Cayey, Coamo, Toa Baja, Juncos, Lares y Hormigueros. Los municipios, según el Código Municipal, son quienes tienen la responsabilidad de declarar como estorbo público una propiedad privada.

“Todos nos expresaron una preocupación: que el esquema legal que ahora aplica al manejo de los estorbos públicos a nivel municipal tiene una serie de obstáculos que hacen que el proceso no sea muy ágil”, expresó Zaragoza en una mesa redonda junto a los senadores Ramón Ruiz Nieves y Elizabeth Rosa.

En Puerto Rico, al presente, hay sobre 300,000 unidades de vivienda que se han declarado estorbo público, de acuerdo la última Encuesta sobre la Comunidad que realiza el Censo, indicó Zaragoza, presidente de la Comisión de Hacienda.

El PS 780, radicado el 1 de marzo, cuenta con el aval del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM), explicaron los legisladores.

“Dividimos el proceso en dos. Desde el punto de identificación (de las viviendas abandonadas) hasta que se caracteriza como estorbo público. Eso es una pata (del proceso) y, una vez se declara estorbo público, entonces analizamos las salidas para esas propiedades, porque el fin de esto no es declararlo estorbo público, sino convertir (las propiedades) en algo productivo”, indicó Zaragoza.

La medida, en esencia, busca recortar los términos vigentes que constituyen el debido proceso de ley para los propietarios luego de que una estructura es declarada estorbo público. Mientras que el estado de derecho actual contempla que los dueños de viviendas consideradas “reparables” tengan 30 días, prorrogables por un año, para objetar la declaración de estorbo público, el PS 780 reduce la prórroga a 90 días.

En el caso de las propiedades “no reparables”, el periodo de prórroga luego de los 30 días iniciales sería de 60 días, en lugar de los 90 días que se conceden actualmente.

Según Zaragoza, la agilización de los trámites reduciría el proceso de expropiación por entre tres y 12 meses. Actualmente, el trámite puede extenderse por casi 16 meses, puntualizó el senador.

Asimismo, el PS 780 pretende sustituir el requisito de emplazamiento a un propietario por una notificación, que se cumpliría con una carta enviada a la dirección registrada en el CRIM.

Zaragoza destacó que en Estados Unidos, por regla general, los procesos de expropiación suelen ser aun más expeditos, incluyendo estados donde el trámite dura menos de tres semanas. Sin embargo, señaló que quiere respetar las diferencias “culturales” que existen en Puerto Rico, conservando un tiempo prudente para que los propietarios reaccionen a las declaraciones de estorbo público.

“Esto es un equilibrio entre el derecho a la propiedad privada, el ‘due process’ (debido proceso de ley) y la política pública de vivienda asequible y salubridad”, expresó el exsecretario de Hacienda.

Otros cambios a la ley vigente también atenderían la frecuencia de las multas que los municipios podrían imponer cuando un propietario incumpla con las gestiones de limpieza, que al momento se limitan a una multa única de $5,000.

Fomentan bancos comunitarios

En aras de promover la utilización de propiedades para propósitos residenciales, el proyecto de ley igualmente promovería la creación de los ‘community land banks’ (CLB), empresas municipales que contarían con participación de miembros de la comunidad y que tendrían autoridad para administrar las viviendas expropiadas. A través de la medida, se permitiría que los municipios –y no solo el CRIM– tasen las viviendas abandonadas.

En los frecuentes casos en que las propiedades adeuden rentas al CRIM, los municipios podrían deducir las obligaciones pendientes del valor de mercado para adquirir la propiedad a bajo –o cero– costo para el erario.

“En la mayoría de los casos la deuda excederá el valor de la propiedad”, estimó Zaragoza.

“Al entrar al proceso de expropiación fuerza a que se haga algo con esa propiedad que está abandonada ahí. Esa casa está abandonada ahí, tiene una deuda con el CRIM, la familia ya no está, y en un momento dado, al declararse estorbo con los requisitos que (actualmente) se establecen, el municipio tiene las manos atadas (e impide) desarrollarla y levantarla”, sostuvo, por su parte, Ruiz Nieves.

Zaragoza puntualizó que, al presente, Toa Baja es el único municipio con una entidad paralela a los CLB.

“Esa entidad se dedica con este propósito específicamente. Lo bueno de tener una entidad aparte es que puede tener financiamiento, si quieren buscarlo para el proceso de adquisición y luego, como se dedica a eso, puede decidir para qué usar cada propiedad”, indicó el asesor de Zaragoza y director de la Comisión de Hacienda, Nick Pastrana.

Pastrana explicó que el PS 480 establece un “orden de prioridad” que dirigiría el uso de las casas expropiadas.

“Hay un orden de prioridad, en la parte de CLB, de vivienda asequible, uso comunitario. Queremos orientar esa estructura de CLB a eso. Aunque el proceso está en pañales, hay dos municipios que ya están sobresaliendo, que son Toa Baja y Hormigueros. En la medida que esto se apruebe y los alcaldes empiecen a ver las herramientas que tiene, entendemos que esto se va a expandir”, mencionó el asesor.

Zaragoza aclaró que la medida no busca enmendar la definición actual de estorbo público, pero considera que la agilización de los trámites promoverá un cambio en la manera que muchos dueños cuidan de sus propiedades.

“Cuando hacías el emplazamiento y notificabas a la gente la declaración de estorbo público, venían y cortaban la grama y pintaban la casa. Le daban un ‘lavaíto’ de cara y a los tres meses estaba igual. O hacías el proceso de vistas, le dabas ‘X’ término, remediaban más o menos los problemas y a los seis meses estaba igual. Entonces tenías que empezar el proceso de nuevo, con vistas públicas, emplazamientos. Es un relajo. Hay alcaldes que nos cuentan que había casos de reincidencia de tres y cuatro veces. Juegan con los procesos. Si te tengo que dar como un año, lo que hago es patear la lata de nuevo hasta que alguien se cansa en el municipio”, manifestó el senador.

Rosa, quien es senadora por el distrito de Arecibo, puntualizó que en esa región el tema de los estorbos públicos es particularmente notable. Rosa precisó que, en su distrito, de casi 192,000 unidades de vivienda, hay unas 38,508 vacantes, lo que representa el 18.5%. En el caso más extremo, el municipio de Vega Baja, la tasa de unidades vacantes asciende a 29.8%.

“Es bien dramático el caso”, dijo la senadora.

Las senadoras Gretchen Hau y Marially González también figuran como coautoras del PS 780, junto a Zaragoza, Rosa y Ruiz Nieves.

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