Si bien varias clasificaciones de puestos dentro del Departamento de la Familia se encuentran entre las más beneficiadas en el borrador del plan de clasificación y retribución uniforme del gobierno, la unidad sindical que aglomera a los trabajadores administrativos y de apoyo en la agencia alertó que las mejoras salariales no se extienden de la misma forma a ese grupo de servidores.
Para Jeannette Rosa, presidenta de la unidad local sindical de Servidores Públicos Unidos (SPU) que representa al personal administrativo en Familia, el plan de clasificación y retribución debe revisarse para hacer verdadera justicia a un grupo de trabajadores que, por años, han estado sobrecargados y, en muchos casos, han postergado su retiro ante la baja compensación que recibirían al jubilarse.
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“Cuando revisamos el plan, nuestra gente, los empleados administrativos, son gente que llevan muchos años en el servicio público. La Ley 7 fue directamente a ese tipo de personal, el personal (de reclutamiento) reciente se había cesanteado. El personal que quedó administrativo y secretarial es de muchos años, ya de 27, 28, 29 y 30 años de servicio. Estos compañeros con el pasar del tiempo han adquirido aumentos salariales, sea por el convenio colectivo o los aumentos que ha dado el gobierno, y sus sueldos obviamente no son los $1,341 que es el mínimo que tristemente tienen muchos compañeros en el Departamento de la Familia. Al hacer la revisión de escala, algunos de ellos podrían estar recibiendo $1 (de aumento mensual) u $11″, enfatizó Rosa.
Rosa puntualizó que el nuevo plan de clasificación y retribución –que debe entrar en vigor en enero de 2023–, al uniformar los puestos entre decenas de agencias, eliminó ciertas clasificaciones existentes en el Departamento de la Familia, lo que obra en perjuicio de empleados que habían logrado ascensos dentro de sus funciones.
Ese es el caso, por ejemplo, del puesto de oficinista.
“Antes existía oficinista I al IV, ahora solo existe (oficinista) I y II. Lo mismo sucede con el personal auxiliar secretarial, que antes existía del I al IV y ahora solo existe una clasificación. No hay II, III y IV”, sostuvo Rosa.
“Es como si no se estuviera reconociendo los años y ascensos que han tenido a través del tiempo, la evolución que han tenido sus tareas”, puntualizó la líder sindical.
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Rosa estimó que, en el Departamento de la Familia, hay entre 1,300 a 1,400 empleados en funciones administrativas y de apoyo. Dentro de ese universo, precisó que se encuentran conserjes, enfermeros, cocineros, conductores, personal secretarial, contadores y personal administrativo con bachillerato que no necesariamente ejerce su profesión.
En una reunión que sostuvieron el pasado jueves en La Fortaleza con asesores del gobernador Pedro Pierluisi y la directora de la Oficina de Administración y Transformación de Recursos Humanos (Oatrh), Zahira Maldonado Molina, Rosa planteó la posibilidad de que el borrador del plan de clasificación y retribución uniforme se ajuste para incluir un “aumento base” para la totalidad de los trabajadores de carrera en las 67 agencias de gobierno que adoptarán las nuevas escalas.
Según Rosa, Maldonado Molina solicitó que los empleados de Familia tramitaran sus exigencias a través de la secretaria de la dependencia, Carmen Ana González, al tiempo que recordó que el borrador elaborado por la Oatrh no es final y firme.
“Ha pasado anteriormente que la agencia ha determinado que el programa tiene fondos federales y ha otorgado algún tipo de remuneración a unos grupos y otros se han quedado rezagados y esto crea algún tipo de fricción. Por ejemplo, mis compañeros de la unidad dicen que hay que levantar la voz porque no se hace justicia. Que los compañeros van a recibir aumento y ellos no y yo lo entiendo. No todo el mundo tal vez tiene que recibir (aumentos) al mismo nivel, pero la situación que está pasando la pasan todos por igual. Por eso queremos, antes que se ejecute ese plan, levantar la voz para que se pueda dar ese aumento base en la escala y los compañeros vean un alivio”, expresó Rosa.
La presidenta de la unidad sindical 3227 de SPU planteó que en la agencia, por cerca de 14 años, no ha habido mayores esfuerzos de reclutamiento, por lo que muchos empleados clericales ahora realizan las funciones que anteriormente se repartían entre “dos y tres” trabajadores.
En el caso de los empleados de Familia, han estado sujetos a la Ley 106 de 2017, que postergó a los 65 años la edad de retiro, al tiempo que cotizan a un plan de contribución definida, sin aportaciones patronales.
“Muchos de ellos han tenido que dar 45, 46 años de servicio […] Yo tengo compañeros de 65, 66 años (de edad) y no se han podido (retirar) porque les cambiaron las condiciones de retiro y no les da el sueldo”, lamentó Rosa.
Este medio reportó el jueves pasado que, de las 12 clasificaciones en todo el gobierno que verían un mayor incremento en su escala mínima salarial a partir del nuevo plan de clasificación y retribución, nueve pertenecen el Departamento de la Familia. Entre estas, se encuentran las tres clases de trabajadores sociales, los abogados I, los traductores y los supervisores de salud mental y servicios sociales de los programas Head Start.
