Mientras la directiva del condominio Sol y Playa, en Rincón, anuncia que apelará la resolución judicial que les ordenó demoler la piscina que se encontraba en construcción a pasos de la costa, el gobernador Pedro Pierluisi se expresó satisfecho con la decisión del magistrado Abid Quiñones Portalatín, al indicar que el alegato de la Junta de Planificación de que se anularan los permisos representaba la postura de su administración.
Sin embargo, Pierluisi agregó que la controversia en Sol y Playa es “solo un caso”, por lo que el resultado del pleito legal no necesariamente dictará la política pública que se seguirá con respecto al desarrollo de infraestructura en las costas del país.
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“Ahí lo que ha pasado es que prevaleció la Junta de Planificación a nivel de Primera Instancia. Hay que ver qué hace el condominio al respecto, pero recuerden que la posición oficial de mi administración es la que ha esbozado la Junta de Planificación. La Junta de Planificación, desde el punto de vista del Ejecutivo, tiene la última palabra en cuanto a controversias como estas relacionadas a permisos”, subrayó el gobernador en una rueda de prensa previo a que trascendiera que la junta del condominio elevaría la pugna al Tribunal de Apelaciones.
Como parte de la sentencia, el juez Quiñones Portalatín, del Tribunal de Aguadilla, concedió 120 días al condominio para “demoler cualquier obra de construcción realizada bajo el referido permiso y deberá remover los escombros de la propiedad y devolverla a su estado natural”.
“Cada caso es diferente. No se debe generalizar. En cuanto al tema de las costas ya he pedido asesoramiento a varias agencias y, en su momento, vamos a seguir tomando decisiones. Ya yo acogí 87 recomendaciones de cursos de acción que me hizo el Comité de Expertos en Cambio Climático en cuanto a, precisamente, el desarrollo en las costas y medidas para combatir el cambio climático”, dijo Pierluisi, en alusión al documento que incluía 103 sugerencias de medidas a tomarse con carácter de urgencia.
Entre las 16 recomendaciones que Pierluisi aún mantiene bajo evaluación, sin embargo, figura una moratoria al desarrollo de obras de construcción en las costas.
Según Pierluisi, hoy las agencias pertinentes debían presentar a La Fortaleza información y asesoría relacionada con las recomendaciones del Comité de Expertos que el primer ejecutivo aún no ha avalado.
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“En su momento seguiré tomando decisiones sobre el tema del desarrollo de costas. Hay proyectos de ley pendientes en la Asamblea Legislativa, hay que ver qué sucede con esos proyectos. Yo lo que he pedido es asesoramiento”, insistió el gobernador.
La controversia en Sol y Playa inició a principios de julio, cuando varias manifestaciones se llevaron a cabo para denunciar la obtención de permisos de construcción por parte del condominio en la zona marítimo terrestre para reconstruir una piscina que fue destruida por el azote del huracán María en 2017.
La licenciada Leonor Porrata Doria, abogada del condominio, arremetió hoy en una entrevista radial (NotiUno) contra el juez, luego que la declarara en rebeldía tras abandonar una vista realizada la semana pasada.
“La rebeldía surge cuando la parte demandada no ha hecho alegaciones. Nosotros tenemos alegaciones de desestimación por cuestiones jurisdiccionales en torno a la materia”, sostuvo Porrata Doria, quien calificó de “atrocidad” el dictamen del juez Quiñones Portalatín.
