El Congreso debe nombrar a la Junta de Control Fiscal
Garantías. Un ente nombrado por Estados Unidos no velaría por los costos políticos, como ocurre casi siempre en la isla, según economista
Por Cindy Burgos @Cindy_Andreina
El secretario de la Gobernación, Víctor Suárez, adelantó ayer algunos detalles generales del plan fiscal a largo plazo que redacta el Grupo de Trabajo para la Recuperación Económica de Puerto Rico. Sin embargo, poco ha dicho sobre las especificaciones de la Junta de Control Fiscal que deberá velar por el cumplimiento de ese plan, en caso de que haya un cambio de gobierno.
Inicialmente, Suárez dijo que los nombramientos a esta junta los haría el gobernador Alejandro García Padilla, pero ayer se limitó a decir que “la forma en que se designan tiene distintas variantes. Es por el Gobierno y por el ejecutivo”.
Para el economista Gustavo Vélez, lo ideal sería que la junta fuera nombrada por el Congreso de Estados Unidos, ya que sería la única forma de garantizar que tome las decisiones “dolorosas y costosas” que deben aplicarse en la isla sin pensar en las implicaciones políticas o las próximas elecciones y tomando en cuenta la renegociación de la deuda de $72,000 millones.
“Como no hay un pacto de país de las dos fuerzas políticas principales, desde mi perspectiva y ante el deterioro financiero que vive el país, no veo otra opción que no sea una Junta de Control Financiero nombrada por el Congreso federal. ¿Crees que la Legislatura va a reducir corporaciones públicas, a fusionar municipios? ¿Va esa junta a tomar decisiones en contra del partido que la nombró (si fuera local)?”, cuestionó Vélez para ejemplificar algunas de las decisiones difíciles que habría que tomar de cara al futuro político de la isla tras el primer impago.
El economista indicó que la Junta de Control Financiero deberá ser legislada por el Congreso, ya que “Puerto Rico está sujeto” a sus poderes.
Sin embargo, para Suárez la posibilidad de que el Congreso nombre esta junta es “simplemente un rumor”, ya que no se ha presentado “una medida específica”. “Vamos a ver si esos rumores se dan en un planteamiento”, declaró. Al momento se continúa el análisis constitucional de la junta, ya que deberá tener poderes sobre el Ejecutivo y el Legislativo, se dijo.
Sobre el plan fiscal, el funcionario adelantó que estará centrado en tres áreas —crecimiento económico y reformas estructurales, estabilidad financiera y las reformas institucionales— que, a su vez, derivarán en 132 proyectos en 14 estrategias principales, aunque estos proyectos no necesariamente redundarán en medidas legislativas o
nuevas leyes.
Un borrador de este plan se espera que esté listo en las próximas dos semanas, anticipó el secretario de la Gobernación, que también dijo que ha habido conversaciones con los acreedores sobre lo que incluirá este plan. “Las metas deben estar atemperadas o alineadas con el plan (fiscal). Sobre ese particular son las conversaciones informales que se tienen con los acreedores”, sostuvo.
“Algunas estrategias que se han estado trabajando en términos de crecimiento económico y reformas estructurales se ha hablado de promover el crecimiento, mejorar la facilidad de hacer negocios, (y) reformas laborales en el sector privado para incentivar la creación de más empleos”, afirmó Suárez en una rueda de prensa en La Fortaleza.
En el área de estabilidad financiera, anticipó que se está manejando la “transformación del Departamento de Hacienda”.
En términos de las reformas institucionales, indicó que incluirán “la creación de la Junta de Control Fiscal y el reformar las instituciones gubernamentales que tienen que ver con la data financiera, la data que se provee a los mercados financieros y cómo darle mayor transparencia a los mercados financieros sobre la data que maneja el Gobierno”.
Suárez declaró que el plan fiscal incluirá recortes en gastos gubernamentales, pero rechazó decir la cantidad a la que podrían acercarse. Sí dijo que serían menores a los $1,000 millones que recomendó el informe Krueger en recortes.
