Cámara discutirá proyectos para restituir colegiación de abogados

El presidente de la Comisión de lo Jurídico de la Cámara, Luis Vega Ramos, indicó que de ese modo se dejarán sin efecto las leyes 121 y 135 de 2009, aprobadas en la anterior Asamblea Legislativa y promulgada por el entonces gobernador Luis Fortuño.

Al derogarse la ley que redefinió las facultades y deberes del Colegio de Abogados, los requisitos para ejercer la profesión y el notariado, incluida la obligatoriedad de la colegiatura, se deja atrás, a juicio de Vega Ramos, la represalia por la independencia de criterio demostrada históricamente por la institución en defensa de los intereses del pueblo.

“Estos proyectos tienen la finalidad devolverle al Colegio todas las herramientas para cumplir su rol con el país, de dejar atrás el castigo y la persecución”, dijo el legislador del Partido Popular Democrático (PPD).

Aseguró que con este paso que dará la Cámara de Representantes en su sesión de mañana, a la 1:00 de la tarde, se trata de su proteger la profesión de la abogacía y a la ciudadanía, mantener sus mejores prácticas, la defensa del acceso a la justicia, servicios a la ciudadanía y la elevación del sistema de justicia y tribunales.

Además, crea el Fondo de Acceso a la Justicia, que tiene como propósito primordial ayudar a las instituciones y organizaciones que ofrecen servicios de acceso a la justicia a los ciudadanos y ciudadanas que por razones económicas no pueden sufragar representación legal.

Según Vega Ramos, también le da una oportunidad a los colegiados objetores de ciertas actividades de la institución para separar una parte de su cuota para unas actividades que están íntimamente vinculadas a los fines de la abogacía.

Explicó que la Comisión de lo Jurídico celebró cuatro audiencias públicas sobre el grupo de medidas en las pudieron deponer tanto favorecedores como objetores de las medidas legislativas.

El Departamento de Justicia, el Colegio de Abogados y el Consejo Interdisciplinario de Colegios y Asociaciones Profesionales (CIAP) sostuvieron la constitucionalidad del proyecto, al otorgar su endoso.

Añadió que la Puerto Rico Lawyers Asociation, que objeta la colegiatura compulsoria, declinó participar de las vistas y compareció por escrito.

Vega Ramos explicó que la discusión de la medida permitió establecer de manera contundente el interés apremiante del Estado en colegiar integradamente la abogacía y el notariado.

Entre los proyectos a verse también está el que le devuelve la autoridad al Colegio de Abogados para expresarse sobre los candidatos a puestos en la judicatura, incluyendo los ascensos y renominaciones.

El proyecto también extiende por ley la autoridad para que la institución de togados evalúe a los potenciales candidatos a juez asociado o juez presidente del Tribunal Supremo de Puerto Rico.