La encrucijada energética de Puerto Rico
Con tarifas de 34 centavos por kilovatio hora, la isla espera más energía renovable en 2027, mientras su rumbo dependerá de Washington y del desenlace de la quiebra de la AEE.
Puerto Rico llegará al 2027 con una paradoja: más proyectos renovables, fondos federales para la reconstrucción y apoyo a la energía solar distribuida, pero también con un rumbo políticamente incierto. El año se perfila como un período de aceleración, escrutinio y conflicto, sin garantías de estabilidad inmediata.
Varias fuerzas marcarán el panorama: nuevos proyectos solares y de baterías, una revisión de las normas de interconexión, un cambio en Washington luego de la victoria de los demócratas en el Congreso y la quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).
Para una isla cuya política energética se decide entre San Juan y la capital federal, esa combinación será determinante.
El punto de partida es difícil. Las tarifas promedio rondan actualmente los 34 centavos por kilovatio-hora, casi el doble del promedio continental. Las interrupciones del suministro de gas natural han obligado a utilizar diésel más caro, mientras miles de millones de dólares para la reconstrucción siguen sin desembolsarse en su totalidad.
No obstante, se esperan más proyectos de energía. Entre los más importantes figura Marahú Solar and Storage, de AES Puerto Rico, en Salinas y Guayama. Este combina aproximadamente 200 megavatios de generación solar con 285 megavatios de almacenamiento en baterías. Se espera que su integración a la red le permita desempeñar un papel importante durante el 2027.
En Naguabo, Polaris Renewable Energy amplía el almacenamiento del parque eólico de Punta Lima con un sistema de baterías de 35,7 megavatios. Su entrada en operación comercial se espera para 2027, con el objetivo de aprovechar mejor la generación eólica y contribuir a estabilizar el suministro.
Otros proyectos solares y de almacenamiento aprobados por la AEE avanzarán en construcción e interconexión en Coamo, Ponce, Peñuelas, Caguas y Juana Díaz. Genera PR también trabaja en baterías y generación flexible para reforzar el respaldo del sistema ante el envejecimiento de las centrales de combustibles fósiles.
La construcción, sin embargo, es solo parte de la transición. El Negociado de Energía propone un nuevo Reglamento de Interconexión de Recursos Energéticos Distribuidos para modernizar la conexión de sistemas solares, baterías, proyectos comunitarios y microrredes. Su promulgación se prevé para principios de enero de 2027.
La propuesta exigiría planificación proactiva para anticipar el crecimiento de estos recursos e identificar mejoras antes de que los circuitos alcancen sus límites. También requeriría publicar análisis de capacidad de alojamiento por alimentador y realizar estudios conjuntos de interconexión en zonas con alta concentración de instalaciones.
Además, contempla compensaciones para clientes cuya inyección solar se restrinja por limitaciones de la red, así como plazos, informes y aprobaciones automáticas cuando los operadores no actúen en determinadas circunstancias. Para los defensores de las renovables, estas medidas podrían reducir la subjetividad y hacer más transparente el proceso.
En Washington, un Congreso demócrata seguiría limitado por una Casa Blanca republicana, pero podría intensificar la supervisión de las decisiones energéticas de la administración Trump.
Otra posible prioridad será una reforma bipartidista para acelerar los permisos de transmisión eléctrica, gas natural y renovables. En Puerto Rico, donde estos trámites suelen retrasar proyectos y mejoras de la red, los cambios podrían resultar importantes, aunque su alcance dependerá de los acuerdos que logre el Congreso.
El exsenador Ramón Luis Nieves cree que los demócratas podrían intentar restablecer incentivos renovables eliminados con el “Big Beautiful Bill”, e incorporarlos en paquetes legislativos más amplios, aunque advierte sobre la incertidumbre y el poder de veto presidencial. “Todavía es pronto para saberlo. Sin embargo, los demócratas podrían intentar negociar algo con Trump”, dijo.
Nada garantiza facturas más bajas a corto plazo. La isla sigue dependiendo de combustibles importados y de una infraestructura deteriorada. Si avanzan los proyectos, las reformas y los desembolsos federales, la transición a la energía sustentable ganaría impulso suficiente en el 2027, aunque difícilmente resolvería por completo los problemas energéticos.
