Proyecto busca atraer Inteligencia Artificial sin sobrecargar la red eléctrica

El Proyecto de la Cámara 1523, de Jerry Zahamir Nieves Rosario, Luis J. Jiménez Torres y Jorge Navarro Suárez, crearía la “Ley para el Desarrollo de la Infraestructura de Cómputo e Inteligencia Artificial de Puerto Rico”. Combina incentivos contributivos, autosuficiencia energética e inversiones tecnológicas para exportar servicios digitales.

La inteligencia artificial impulsa una carrera global por centros de datos con miles de servidores y procesadores especializados. Estados y países compiten por atraerlos mientras crece la controversia sobre su impacto eléctrico, hídrico y energético para residentes y comercios.

En Virginia, considerada la capital mundial de los centros de datos, comunidades y legisladores cuestionan su crecimiento y demanda energética. Irlanda restringe nuevos proyectos por la capacidad de su red; Texas y Singapur imponen condiciones de interconexión y mayores aportaciones renovables.

En Puerto Rico, LUMA y Genera han advertido que ni la energía temporera resuelve la insuficiencia energética. Según Caribbean Business, inspecciones ante el Negociado de Energía revelan deterioro en múltiples generadores temporeros TM2500 adquiridos por el gobierno por $300 millones, incluidos equipos “no operativos” que requieren mantenimiento mayor.

El ex senador y abogado Ramón Luis Nieves señaló que ya existen centros de datos pequeños. La medida regularía instalaciones mayores de 5MW, de uso intensivo de agua y energía.

“La cámara sinceramente y con respeto a los compañeros, debe de retirar el proyecto o dejarlo en pausa. No es el momento de hablar de data centers. No es el momento de empeorar la crisis,” sostuvo Nieves.

Nieves dijo que los ingresos para la Autoridad de Energía Eléctrica de centros de datos podrían ser significativos si “tuviéramos plantas operando como corresponde. Si esa capacidad estuviera entonces tendría sentido. Pero las plantas no están operando a la capacidad…Hay unidades en reparación y otras fuera de servicio.”

Según la exposición de motivos, la tarifa alcanzó un récord de 33.86 centavos por kilovatio hora al 1 de octubre de 2026. En verano, la demanda máxima rondó los 3,234 megavatios frente a unos 3,200 disponibles. El operador reportó un déficit estructural de 700 a 850 megavatios y quince relevos manuales en julio y agosto.

“Esta Asamblea Legislativa no puede permitirlo”, advierte el proyecto: conectar grandes centros sin requisitos adicionales podría agravar apagones y costos para otros abonados.

Los centros con cargas de cinco megavatios o más que soliciten servicio eléctrico nuevo o ampliado deberán tener capacidad firme propia para suplir toda su operación durante emergencias, alertas de reserva o interrupciones.

El “Compromiso Megavatio” exigiría a quienes soliciten incentivos producir o contratar energía para operar y mantener una reserva de al menos el 50% de su carga operacional, disponible para el sistema eléctrico cuando sea necesario.

Los proponentes sostienen que serían fuentes de respaldo, no consumidores problemáticos: diez centros de 50 megavatios podrían aportar hasta 250 megavatios de reserva, cerca de un tercio del déficit reportado.

“La propuesta de valor” de Puerto Rico, sostiene la medida, no sería electricidad subsidiada ni acceso irrestricto a la red, sino nueva capacidad energética para el país.

Un programa para centros existentes que amplíen capacidad y exporten servicios digitales ofrecería una tasa contributiva de 2% sobre ingresos de la expansión durante los primeros diez años, además de exenciones del impuesto sobre ventas y uso y arbitrios para equipos tecnológicos, enfriamiento e infraestructura energética.

El Negociado de Energía deberá reglamentar que los costos de interconexión, transmisión y mejoras no pasen a otros clientes, y establecer procesos competitivos para adjudicar capacidad energética disponible a nuevos proyectos.

El “Banco de Cómputo Soberano” exigiría a centros incentivados reservar al menos el 5% del procesamiento para la Universidad de Puerto Rico, agencias gubernamentales, municipios, investigadores y empresas emergentes locales.