Cámara de Comercio advierte sobre posible nuevo aumento en la luz y pide medidas para aliviar el bolsillo
José Julio “Che” Aparicio también planteó reformas para reducir los costos de comprar y financiar vehículos durante el seminario GUIAeduca, en medio de una caída de cerca del 13 % en las ventas de autos nuevos.
Por Mardelis Jusino
La posibilidad de otro aumento en la factura de electricidad mantiene en alerta al sector empresarial de Puerto Rico. El presidente de la Cámara de Comercio, José Julio “Che” Aparicio Laspina, advirtió sobre el impacto que tendría un nuevo incremento en los costos energéticos para las familias y los negocios, al tiempo que reclamó medidas de alivio económico ante lo que ha descrito como una “emergencia económica nacional”.
Aparicio confirmó que la Cámara sostuvo una reunión con John Nixon, miembro de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), en la que discutieron la posibilidad de utilizar recursos del fondo de emergencia del Gobierno para ofrecer un alivio, al menos temporal, frente al encarecimiento de la electricidad.
“Le dijimos que tenían que tener sensibilidad, que eso es algo que debe ser política pública. La emergencia no necesariamente tiene que ser climática”, ripostó Aparicio, al defender que los recursos disponibles para atender emergencias también puedan considerarse ante situaciones que afectan directamente la economía de los ciudadanos.
El líder empresarial ha insistido en que Puerto Rico enfrenta un panorama económico preocupante, con “todas las luces rojas… prendidas en el dashboard de la economía”, una expresión con la que ha ilustrado los riesgos que representan los altos costos operacionales y la presión sobre el bolsillo de los consumidores.
Aunque la Cámara anticipa la posibilidad de otro aumento en el costo de la electricidad, no se precisó la magnitud ni la fecha en que podría producirse.
GUIAeduca: comprar un auto nuevo es cada vez más costoso
Los planteamientos de Aparicio se produjeron durante el trigésimo tercer seminario GUIAeduca, organizado por el Grupo Unido de Importadores de Automóviles (GUIA), bajo el título “La Realidad del Mercado: Navegando el Entorno Automotriz Actual”, celebrado en el Vivo Beach Club de Carolina.
Durante su intervención, el presidente de la Cámara de Comercio reclamó cambios en la política económica que permitan reducir las cargas contributivas y regulatorias que, a su juicio, encarecen los vehículos y limitan la actividad comercial.
“Puerto Rico necesita menos gobierno, menos impuestos y menos reglamentación”, expresó ante representantes de la industria automotriz. Su reclamo ocurre en momentos en que adquirir un vehículo nuevo representa un desembolso cada vez mayor para las familias, no solo por el precio de venta, sino también por los costos asociados al financiamiento y los seguros.
Según las cifras presentadas por Aparicio, durante 2025 se vendieron aproximadamente 110,000 vehículos nuevos en Puerto Rico, una reducción del 9 % respecto al año anterior. Entre enero y septiembre de 2026, la caída acumulada en las ventas rondaba el 13 %. La industria que, según indicó, sostiene cerca de 36,000 empleos entre concesionarios, talleres, bancos, cooperativas, aseguradoras y empresas navieras.
Arbitrios y precios: ¿por qué cuesta tanto comprar un vehículo?
Uno de los principales señalamientos de Aparicio estuvo dirigido a los arbitrios que se imponen sobre los automóviles y que forman parte del costo que finalmente enfrenta el comprador.
El dirigente empresarial indicó que los recaudos del Gobierno por este concepto aumentaron de aproximadamente $300 millones en 2015 a $740 millones en 2024, más del doble en menos de una década.
Según explicó, ese incremento no significa necesariamente que se estén vendiendo más vehículos.
“No porque Puerto Rico esté comprando el doble de carros, sino porque los precios subieron y los tramos se quedaron congelados en el tiempo”, sostuvo.
Desde la perspectiva del consumidor, el planteamiento supone que el aumento en el precio de los automóviles puede traducirse también en una mayor carga contributiva, dependiendo de la escala de arbitrio aplicable. Esto encarece el costo inicial de adquisición y puede elevar la cantidad que una persona necesita financiar.
Ante ese escenario, la Cámara propone actualizar e indexar los tramos contributivos como parte de una reforma más amplia que discute junto a la Asociación de Industriales, el Colegio de Contadores Públicos Autorizados y el Centro Unido de Detallistas.
La propuesta busca revisar una estructura contributiva que, según Aparicio, no ha evolucionado al mismo ritmo que los precios del mercado automotriz.
Para respaldar su posición, mencionó los casos de Suiza, Nueva Zelanda y Chile, países que, según expuso, no producen vehículos a gran escala, pero han reducido barreras arancelarias y trámites para fomentar mercados más abiertos y competitivos.
Buscan facilitar el financiamiento y los seguros de autos
La Cámara de Comercio también se comprometió a documentar ante el Congreso de Estados Unidos el impacto que tienen los aranceles y los costos del transporte marítimo sobre el precio final de los vehículos que llegan a Puerto Rico. El objetivo es exponer cómo esos gastos inciden en lo que termina pagando el consumidor al adquirir un automóvil en la isla.
Gremios buscan consenso sobre la reforma de permisos
En otro asunto, Aparicio confirmó que alrededor de diez gremios empresariales y profesionales continúan reuniéndose para conciliar sus posiciones sobre las propuestas legislativas dirigidas a reformar el sistema de permisos de Puerto Rico.
“Parece que se va a trabajar sobre el proyecto del Senado, que es un proyecto con el que estamos de acuerdo en un 80 % o 90 %, pero tenemos enmiendas que queremos sugerir”, expresó.
Entre las organizaciones que participan en las conversaciones mencionó, además de la Cámara de Comercio, al Centro Unido de Detallistas, la Asociación de Industriales, la Asociación de Constructores y la Asociación de Contratistas Generales, entre otros gremios.
La discusión forma parte de los esfuerzos del sector privado para promover cambios que agilicen los procesos de permisos y reduzcan los obstáculos administrativos que, según sus representantes, afectan la inversión y la actividad económica.



