Mujica alerta sobre arbitrios de 22 municipios y FEMA
El señalamiento abrió una reunión pública en la que la JSF y la gobernadora Jenniffer González repasaron ingresos, Medicaid, pensiones y el colapso del contrato de Power Expectations.
Por Eva Llorens
El director ejecutivo de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) Robert Mujica dijo durante su reunión pública que 22 municipios de Puerto Rico están imponiendo tasas de arbitrios de construcción más altas a proyectos financiados con fondos federales que a obras privadas. Mujica dijo que esta práctica desvía dinero destinado a la recuperación y podría poner en riesgo el reembolso de fondos federales. Señaló que quince municipios aplican un arbitrio de diez por ciento a proyectos financiados por el gobierno, en algunos casos más del doble de la tasa aplicada a obras privadas comparables. Añadió que el aumento de estas tasas se aceleró tras la llegada masiva de fondos federales luego del huracán María, afirmando que “a medida que entró más dinero federal, aumentó el impuesto en estas jurisdicciones”.
Ese planteamiento marcó el tono de una reunión en la que la JSF y la gobernadora Jenniffer González presentaron una visión sincronizada sobre el estado fiscal del país. Ambas partes destacaron avances importantes en ingresos, empleo, permisos y modernización administrativa, pero también reconocieron profundas fallas estructurales en educación, Medicaid, pensiones, energía y contratación pública que aún amenazan la estabilidad fiscal de Puerto Rico.
Durante su presentación, la gobernadora informó que los ingresos del Fondo General para el año fiscal 2026 cerraron en $13,900 millones de dólares, un aumento de 6.7 por ciento sobre lo proyectado por Hacienda. Indicó que la economía muestra señales de resiliencia, con la nómina no agrícola alcanzando 958,800 trabajadores en agosto y la participación laboral subiendo a 45.9 por ciento. Mujica, sin embargo, advirtió que certificar un presupuesto balanceado “es solo el primer paso” y que “vivir dentro de él es otra cosa”, señalando que el Departamento de Educación aún no ha presentado un plan operacional alineado con su presupuesto, pese a la pérdida de fondos federales y una caída de 40 por ciento en la matrícula desde 2016.
González destacó la modernización administrativa lograda con el lanzamiento de Integra PR, el nuevo sistema central de contabilidad basado en Oracle. Recordó que Puerto Rico no había reemplazado su sistema financiero central desde 1998 y que el ERP ya integra casi 60 agencias y más de 12,000 usuarios, procesando pagos por más de 2,000 millones de dólares a 10,000 suplidores. También resaltó mejoras en el sistema de permisos, que procesó 92,000 solicitudes entre enero y agosto, un aumento de 34 por ciento, y redujo los tiempos de espera de 115 días a solo 18.
En materia de salud, Mujica alertó sobre el inminente “precipicio de Medicaid”. El pareo federal mejorado expira el próximo año y, sin acción congresional, Puerto Rico podría enfrentar un déficit de hasta 3,800 millones de dólares anuales a partir de 2028.
En cuanto a un posible aumento en las pensiones gubernamentales, Mujica advirtió que 18 proyectos legislativos recientes crearían obligaciones permanentes sin fuentes de financiamiento, y recordó que cualquier aumento debe cumplir con el plan de ajuste aprobado por el tribunal.
González reconoció la presión sobre los jubilados, señalando que 55,000 pensionados reciben menos de 1,000 dólares al mes y que el gobierno ha aportado 4,400 millones de dólares al fideicomiso de pensiones mientras evalúa medidas responsables para mejorar los beneficios de los más vulnerables.
La parte más crítica de la reunión giró en torno al colapso del contrato de generación temporera con Power Expectations, cuya aprobación la JSF revocó por primera vez en su historia. Mujica detalló una cadena de irregularidades que incluyó cambios sustanciales al contrato sin notificación, la denuncia de Enchanted Rock de que su firma fue falsificada, la revelación de Flotek Industries de que solo podía suplir 40 megavatios en lugar de los 400 requeridos, y la ausencia del bono de cumplimiento de más de 1,000 millones de dólares. Tras 66 días, dijo, “nada había sido construido, enviado o entregado”. Afirmó que el contrato nunca iba a proveer la energía que Puerto Rico necesita y responsabilizó directamente a la Oficina de Alianzas Público-Privadas por ocultar información y desafiar la autoridad fiscal del organismo.
Mujica sostuvo que el caso expuso fallas profundas en la estructura de contratación del gobierno. PROMESA exige competencia y transparencia, pero la JSF depende de que las agencias verifiquen a sus contratistas, algo que, según dijo, “no ocurrió aquí”. Insistió en reformas legislativas sobre cabildeo, honorarios contingentes y extensiones contractuales, y rechazó la narrativa de que la JSF retrasó el proceso, recordando que el contrato llegó en enero de 2026 y fue aprobado en mayo con condiciones.
En materia energética, González informó que Puerto Rico ha añadido 1,900 megavatios mediante reparaciones, unidades pico y baterías, y que continúa la búsqueda de generación temporera tras el fracaso de Power Expectations. También ofreció un informe sobre la sequía del verano, describiendo julio como el mes más seco desde 1899 y explicando que se activó la reserva de emergencia para distribución de agua y sistemas temporales. Aunque las condiciones mejoraron, NOAA anticipa lluvias por debajo de lo normal hasta 2027.
Más allá del caso energético, Mujica reiteró su preocupación sobre la Ley 215, que aumentaría los umbrales para contratos sin subasta. Durante su análisis, la JSF descubrió el patrón de arbitrios diferenciados que abrió la reunión, advirtiendo que FEMA podría considerar estas prácticas como discriminatorias y, por ende, no reembolsables. Señaló que desconocen cualquier jurisdicción que establezca una tasa distinta según la fuente de financiamiento y que la práctica podría poner en riesgo fondos esenciales para la reconstrucción.
