La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, por sus siglas en inglés) publicó un plan para combatir la desinformación en las plataformas sociales y proteger la libertad de expresión.
Según la entidad, que basó su estudio en encuestas, el 87% de los ciudadanos cree que la desinformación ha tenido un impacto significativo la vida política de sus respectivos países y temen que influya en los resultados de las elecciones del próximo año.
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De igual forma, la investigación establece que el 85% de los ciudadanos están preocupados por el impacto de la desinformación en línea, en un momento en que las redes sociales se han convertido en la principal fuente de información para una gran mayoría de ellos. Mientras, un 88% de los encuestados desea que los gobiernos y los reguladores resuelvan rápidamente este problema regulando las redes sociales.
“Hay un requisito cardinal que ha guiado nuestro trabajo, el de preservar siempre la libertad de expresión y todos los demás derechos humanos. Coartar o restringir la libertad de expresión sería una solución terrible. Los medios de comunicación y las herramientas de información libres, de calidad e independientes son la mejor respuesta a largo plazo a la desinformación”, abogó también la directora general de la UNESCO.
En particular, el organismo señala que las plataformas deben contar con equipos de moderadores cualificados, en número suficiente y que hablen todas las lenguas principales de sus redes sociales, para que puedan llevar a cabo un control fiable y eficaz de los contenidos publicados en línea.
También deben garantizar la transparencia del proceso de moderación, incluso cuando esté automatizado mediante algoritmos; y deben facilitar su uso, en todas las lenguas principales del país en el que operan, e informar sobre las denuncias y quejas de los usuarios.
Respecto a las medidas necesarias para garantizar la integridad electoral, pide una imagen de marca clara y una mayor transparencia de la publicidad política y su orientación.
También, se incluyeron elementos específicos para el sector cultural, destacando los riesgos a los que se enfrentan los artistas y la necesidad de acceso en línea a “contenidos culturales diversos” como un derecho humano fundamental que debe salvaguardarse.
