A diez años de aprobada, la Ley 247-2015, que buscaba reducir el uso de bolsas plásticas en Puerto Rico, no ha cumplido su propósito ambiental.
Durante una vista pública de la Comisión de Desarrollo Económico del Senado, presidida por la senadora Nitza Morán Trinidad, se cuestionó la efectividad de la medida y su verdadero impacto en el ambiente, el comercio y el consumidor.
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Legisladores y deponentes coincidieron en que, lejos de fomentar el reciclaje, la llamada “Ley para la Promoción de Bolsas Reusables y la Reglamentación del Uso de Bolsas Plásticas en Puerto Rico” ha generado mayores costos para los consumidores sin aportar beneficios significativos al ambiente.
La vista se celebró en virtud de la Resolución del Senado 112, que ordena un estudio sobre el cumplimiento de la ley, en coordinación con el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA).
Entre los citados figuraron representantes del Departamento de Asuntos al Consumidor (DACO), del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), de la Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos (MIDA) y del Centro Unido de Detallistas (CUD).
Críticas a la efectividad ambiental
En las ponencias se cuestionó el propósito original de la ley y se planteó que Puerto Rico carece de un sistema de reciclaje robusto.
“Puerto Rico no tiene un sistema, por lo que puedo reconocer hoy aquí, que recicle nada. Y si se recicla, se recicla a nivel personal, no comercial ni industrial”, se expresó en sala.
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También se recalcó que los consumidores no encontraron una alternativa funcional. “El consumidor lo que busca es una vida más práctica, más accesible, y yo creo que eso no pasa. (…) Si quería deshacerme de la bolsa plástica y ayudar al ambiente, no resolví nada, porque ahora tengo una menos duradera y otra más duradera, y las dos no se degradan”.
Costos adicionales al consumidor
Uno de los reclamos principales fue la carga económica que trajo la imposición de cargos por las bolsas de papel. “Tras que le di paso a que me cobraran la bolsa plástica reusable, más resistente al ambiente y que no se recicla, ahora también voy a pagar por la de papel, que sí se degrada más rápido”, se denunció.
En este contexto, se advirtió que la ley abrió la puerta a que los consumidores tuvieran que pagar por cualquier tipo de bolsa. “Lo que creó la ley, lejos de buscar un programa de reciclaje que verdaderamente atendiera la problemática, fue un gran negocio para muchos”, expuso la secretaria de DACO, Valerie Rodríguez Erazo.
Comparación con la Ley 51
En la vista también se discutió la relación con la Ley 51, que prohíbe plásticos de un solo uso. Aunque la Ley 247 implicó un costo adicional para los consumidores, se señaló que muchos comercios se adaptaron y hasta generaron ingresos con la venta de nuevas bolsas.
“La realidad es que al final el comercio no se ve afectado en la medida que tuvieron que cambiar la bolsa que utilizaban y generaron muchos de ellos un producto nuevo para la venta”, se explicó.
En contraste, sobre la Ley 51 se indicó: “Le quitaste de góndola un producto que vendían a un precio competitivo, por otro producto cuya ley es tan ambigua que no se puede decir qué es compostable o no. Entonces nos ponen a fiscalizar sin peritos”.
Incluso se alertó sobre riesgos de salud por productos de mala calidad. “Todo el mundo aquí experimentó un plato que tan pronto le ponías las habichuelas se estaba comiendo las habichuelas y el cartón. Aquí no estamos salvando el ambiente de un plato plástico si estamos poniendo en peligro la salud de Puerto Rico”.
Reclamo por balance ambiental y económico
Los deponentes insistieron en que las políticas públicas deben atender el cambio climático sin traspasar cargas excesivas al consumidor.
“Si la intención no se puede cumplir, que sea que se recicle. Pues entonces dejemos de estar traspasándole estos costos a los consumidores que al final son los que los van a asumir. No va a ser el comercio, va a ser el consumidor”, se advirtió.
También se criticó la premura con que se implementó la ley sin estudios adecuados. “Aquí llegó el mercado por querer implementar una ley biodegradable y salvar el ambiente, y ha recaído en una irresponsabilidad. (…) Impusiste una ley sin el debido proceso de haber hecho ese estudio anteriormente”.
Ante los señalamientos, se planteó que la legislación debe ser enmendada o revisada en su totalidad.
Presentan datos que reflejan “éxito”
Por su parte, el vicepresidente ejecutivo de la Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos (MIDA), Manuel Reyes, presentó datos que reflejan el éxito de la ley en reducir el consumo de bolsas plásticas en supermercados de la isla.
Según informó, entre 2015 y 2021 la reducción alcanzó un 81%, equivalente a 475 millones de bolsas menos en el mercado; en algunas cadenas, la baja llegó al 98%. Reyes rechazó que se intente obligar a los comercios a regalar bolsas, advirtiendo que sería inconstitucional y trasladaría el costo al consumidor responsable que sí reutiliza. “La Ley 247 funcionó; el verdadero problema es la falta de infraestructura de reciclaje del Gobierno. Los recaudos del IVU por la venta de bolsas deberían destinarse a programas educativos y de reciclaje”, puntualizó.
Finalmente, la organización sin fines de lucro CAMBIO PR sostuvo que, “debilitar la Ley 247-2015 sería un retroceso en salud pública y justicia ambiental. La evidencia demuestra una disminución sostenida de bolsas plásticas en nuestras costas desde 2016; lo responsable ahora es fortalecer la ley y seguir avanzando hacia una economía verdaderamente circular”, expresó Ingrid M. Vila Biaggi, presidenta de CAMBIO.
En cambio, Morán Trinidad catalogó como un acto de desinformación atribuir a la ley la reducción de bolsas plásticas.
“No es la medida por sí misma la que ha provocado un cambio, sino el disuasivo del costo que finalmente absorbieron los consumidores y comerciantes. Esa es la realidad que debemos evaluar con responsabilidad”, manifestó.