El presidente de la Asociación de Gerenciales de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (AGCFSE), José E. Ortiz Torres, advirtió hoy sobre los riesgos de incurrir en la práctica de atornillar empleados ante la proximidad de las elecciones generales del 8 de noviembre.
El alerta de Ortiz Torres está dirigido a la administradora de la CFSE, Liza Estrada, y a la junta de Gobierno, ya que se trata de “un acto antijurídico que ya ha provocado contenciones legales en foros administrativos y judiciales, que le costará al erario cientos de miles, y tal vez hasta millones de dólares en honorarios de abogados”.
PUBLICIDAD
El dirigente de la AGCFSE indicó que la administración ha sido “apercibió a la administración sobre este acto antijurídico, pero Estrada ha hecho caso omiso”.
El letrado sugirió que como parte de la reestructuración gubernamental, es hora de un ordenamiento legal a los fines de que funcionarios que actúen en forma temeraria o negligente respondan con sus bienes personales, ante la realidad de que “el país está en crisis financiera”.
La reciente controversia sobre el reclutamiento masivo de empleados, cerca del periodo de veda electoral es un tema endémico en la cultura política puertorriqueña.
“La expresión ‘pa fuera es que van’”, del candidato a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP), Ricardo Rosselló Nevares, es el velo descorrido mediante una amenaza velada del uso y costumbre de los gobernantes electos”, agregó Ortiz Torres.
El presidente de la AGCFSE indicó que “el acto de revocar nombramientos de la oposición política, ha costado millones al erario y grandes ganancias a privilegiados bufetes de abogados que por costumbre, secuestran a los gobiernos de turno”.
PUBLICIDAD
Según Ortiz Torres, a diferencia de otros años electorales, en este está vigente la Ley Especial de Sostenibilidad Fiscal y Operacional, conocida como la Ley 66 de 2014, que se promulgó a los fines de establecer controles para la ocupación de puestos vacantes, y flexibilizar la facultad gubernamental para efectuar destaques o traslados, debido a necesidades de servicios”.
“La ley prohíbe de forma expresa a las entidades de la Rama Ejecutiva realizar nombramientos de empleados regulares o de carrera, transitorios o irregulares a partir del 1 de julio del año electoral”, recordó.
El presidente de la Asociación de Empleados Gerenciales de la CFSE expuso que la Ley 66 prohíbe expresamente los aumentos salariales por ascenso o traslados, excepto que resulte en un ahorro neto para la entidad de la Rama Ejecutiva donde se produce, si elimina la necesidad de reclutamiento de un empleado neto adicional.
“ Esto hay que tomarlo muy en serio además, en momentos de crisis como los que atraviesa el país, argumento”, dijo Ortiz Torres.
Apuntó que “ante este esquema jurídico de reclutamiento, la Oficina de Gerencia y Presupuesto, mediante carta circular del 1 de julio de 2014, firmada por su entonces director ejecutivo, Carlos Rivas Quiñones, se alteró el texto de la ley, disponiendo en tal precepto que la excepción para ocupar un puesto vacante mediante ascenso, traslado o destaque interno se hará cuando sea posible o deseable”.
“Al incorporar la palabra deseable a una carta circular que la Ley 66 no dispone es un ejercicio manifiesto de abuso de poder discrecional que altera un orden legal”, subrayó el abogado y presidente de la AGCFSE.
