Cuesta arriba sacar a Carlos García de Junta

Dilema. Líderes del PPD entienden que no es apropiada la presencia en la Junta de Control Fiscal de quien fue el presidente del BGF bajo la administración de Fortuño.

Por Sarah Vázquez @SarahFVazquez

El Partido Popular Democrático (PPD) estaría solicitando el retiro del nombramiento de Carlos García como miembro de la Junta de Control Fiscal (JCF), pero su remoción sería casi imposible.

La Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (PROMESA, por sus siglas en inglés) establece que el presidente de Estados Unidos podrá remover a alguno de sus miembros solo por causa. Ante esto, el licenciado John Mudd detalló “a menos que viole alguna ley o tenga conflictos bajo la Ley Federal de Conflictos no hay cómo removerlos”. Sobre la posibilidad de que García sea removido, el analista político lo catalogó de “casi imposible”.

“Cuando Obama decidió hacerlo parte de la Junta de Control Fiscal, lo hace en pleno conocimiento de las decisiones que tomó mientras estuvo al frente del Banco Gubernamental de Fomento”, aseguró una fuente a Metro.

Fue el aspirante a la comisaría residente, Héctor Ferrer, quien expuso que la solicitud “es a la Casa Blanca y al propio Congreso. Es que no se sostiene por principios éticos” ya que fue García quien presidió el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) bajo la administración del exgobernador, Luis Fortuño, quien bajo la Ley 7 [de Emergencia Fiscal] provocó [en 2009] el despido de miles de empleados públicos”, dijo Ferrer al impugnarlo públicamente.

Ante esto, para el político, “la ética lo debe mover a no aceptar el puesto, [porque] uno no puede hacer una auditoría de su propio trabajo”.

Por su parte, el presidente del Senado, Eduardo Bhatia, sentenció que García fue una de las personas que “nos ha metido en el hoyo”. “Este nombramiento me parece que es nefasto y le quita credibilidad a lo que podría ser una junta muy técnica, pero ese nombramiento es una burla”, dijo el líder de la Cámara alta.

Otro que mostró preocupación por el nombramiento de personas que estuvieron relacionadas con la administración del Gobierno local fue el senador demócrata Bernie Sanders, quien expuso a través de Twitter que está “decepcionado al escuchar que la Junta de Control Fiscal incluye a algunos de los arquitectos de la crisis en la isla”.

En contraste, Fortuño aseguró que no intervino para que se diera el nombramiento de García. “El nombramiento fue hecho por el presidente Barack Obama. Seis de los siete son nombrados por una lista de 18 personas que pasaron por un cedazo congresional de demócratas y republicanos, que son personas que están preparadas. Que uno de los siete estuvo dos años en mi gabinete, pues estaba preparado. ¿Qué vamos a hacer? Eso no lo descalifica, pero esto es un nombramiento presidencial. Yo no llamé a Barack Obama para eso”, dijo Fortuño a preguntas de la prensa.

El exgobernador, quien hizo un llamado para que no se politice el proceso, defendió la gesta de García mientras estuvo al mando del BGF. “Las casas evaluadoras de crédito durante los dos años que estuvo señalaron que le mejoró el crédito a Puerto Rico”, sentenció.

Mientras tanto, el economista Joaquín Villamil dijo que, a pesar de las críticas esbozadas, los miembros designados al organismo están capacitados para la labor que tienen que ejercer.

“De los siete, cinco que yo conozco son personas muy competentes, personas muy serias en su manera de ser. Eso no quiere decir que uno está de acuerdo con todo lo que ellos han dicho y su historial, y todo lo demás. Pero son personas serias, personas que estoy seguro de que van a trabajar bien”, dijo Villamil en entrevista radial (NotiUno).

“Los nombramientos a la Junta me parecieron mucho mejor de lo que mucha gente pensaba y yo mismo pensaba que iban a ser. Hay un elemento de tranquilidad en términos de las personas que están nombradas ahí”, finalizó.

El miércoles, el presidente Obama hizo públicos los nombres de los miembros que componen la Junta de Control Fiscal, ente que será subvencionado económicamente por el Gobierno local a un costo de $2 millones mensuales y que se espera actúe bajo las disposiones de la ley Promesa.

De hecho, la Oficina de Gerencia y Presupuesto, a través de su oficial de prensa María Socorro Rosario, confirmó a Metro que la agencia ya separó $6 millones para cubir los primeros tres meses de las operaciones del ente regulador.

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