Esta semana de seguro pasará a nuestra historia como la más trascendental desde la invasión estadounidense en 1898.
El hecho de que el gobierno se acogiera al instrumento de quiebra dispuesto en el Capitulo III de PROMESA cambiará nuestras vidas para siempre. Son aguas nunca antes surcadas las que habremos de atravesar en los próximos años.
PUBLICIDAD
Ello requiere de nosotros una reflexión ponderada sobre el papel que jugaremos personalmente en medio de esta debacle económica, social y política que vivimos y que, en los próximo meses, sin lugar a dudas, habrá de empeorar.
El problema más severo que enfrentamos es que los puertorriqueños no estaremos sentados ni representados en la mesa donde se determinará nuestro futuro.
De ahora en adelante será la jueza estadounidense Laura Taylor Swain y la Junta de Control Fiscal quienes tomarán las decisiones finales sobre que deudas se pagarán y en la proporción que habrán de pagarse.
Estas ocho personas no electas determinarán desde la frialdad de una sala judicial cuántos puertorriqueños quedarán sin servicios médicos, o cuantas escuelas cerrarán. Cuantos no podremos pagar el agua y luz por el aumento en las tarifas, cuantos serán despedidos, o cual será el recorte a las pensiones de nuestros viejos.
Uno pensaría que una coyuntura como esta sería suficiente para convocar a todos los partidos políticos, excandidatos a la gobernación en las pasadas elecciones, líderes de la sociedad civil y todo el espectro de sectores que componen nuestra compleja sociedad a sentarnos en la mesa de la hermandad borincana para llegar a acuerdos puntuales sobre cómo vamos a enfrentar esta aciaga realidad y cuál será nuestra propuesta directa al Congreso de Estados Unidos para resolver esta situación sin destruirnos en el proceso.
PUBLICIDAD
Pero esa no es la actitud que vemos en nuestra clase política. Y eso, más que indignante, es verdaderamente preocupante.
En ese sentido, el gobernador Ricardo Rosselló, aislado del resto del país en las impenetrables paredes de La Fortaleza, quizás no se ha percatado del hecho de que su cuatrienio como mandatario terminó. La realidad es que perdió desde esta semana los mínimos poderes que PROMESA le había delegado como primer ejecutivo de Puerto Rico. Ante esa realidad el tiene que tomar en la soledad de su conciencia una decisión en extremo personal. Y es que solo tiene dos opciones: o pasa a la historia como un gobernante lacayo de la Junta de Control Fiscal o pasa a ella como el paladín del movimiento social más grande en nuestra historia y el líder de la mesa de diálogo nacional que se debería establecer.
Las grandes mayorías de este pueblo no están exigiendo que no se les toque en medio de la crisis. Lo que pedimos es que el peso de ella se distribuya de forma equitativa y proporcional entre nosotros, los bonistas, las clases más privilegiadas, la clase política y Estados Unidos.
La auditoría y reestructuración de la deuda, la inversión agresiva en nuestros pequeños comercios, áreas estratégicas de la economía y la descolonización del país tienen que ser un imperativo en la agenda puertorriqueña en el Congreso déspota que nos humilla y desprecia cada día.
Pero para ir juntos en pos de esa agenda y darnos a respetar ante ellos no podemos replicar los modelos políticos que nos trajeron hasta aquí. Ir a Washington a promover la dependencia del gobierno en los fondos federales no es opción ya. Tampoco amañar mecanismos que buscan solucionar nuestro centenario dilema colonial. Tenemos que hablarnos de frente, con desprendimiento y sin tapujos hasta que logremos acordar la agenda de futuro que habremos de impulsar como pueblo ante Estados Unidos.
La verdad es que se acabó el camino. Toca construir otro más justo y equitativo. En esta coyuntura, o lo construimos juntos o nos enterrarán por separado.
