En algunos aspectos de la vida la pandemia del COVID-19 nos abrió el camino hacia nuevas oportunidades, particularmente, aquellas vinculadas a la tecnología. No obstante, también acentuó la otra cara de la moneda, las enormes desigualdades de nuestra sociedad.
La falta de recursos es una de esas, y cómo repercute negativamente en el acceso a la educación de miles de niños y jóvenes puertorriqueños. Esta semana no todos los niños tendrán acceso al pan de la enseñanza, en cada rincón de nuestra Isla hay cientos de niños que no podrán comenzar sus clases por no poseer una computadora y/o internet. Esa es la triste realidad. Según datos del Instituto del Desarrollo de la Juventud el 75% de los estudiantes de escuela pública vive bajo niveles de pobreza. 22% de estos no tiene acceso a internet y 64% no tiene suscripción a internet de alta velocidad, lo que afecta el acceso a educación en línea, y por ende a sus clases. A esto hay que añadir que a más de 5 meses de iniciada la cuarentena por el COVID-19, hasta esta semana el Departamento de Educación no había entregado ni siquiera el 20% de las computadoras que prometió a los estudiantes puertorriqueños que pertenecen al sistema público y ha dicho que no completarían el proceso hasta noviembre. Esa mezcla de factores condena a miles a no poder salir de sus condiciones de pobreza y al rezago educativo y social. Es imperativo que el gobierno actúe con eficacia para que no destruya el futuro de nuestros niños más pobres. Atendamos la falta de acceso a la educación que hoy se ve claramente en aquellos que no tienen internet o computadoras para tomar sus clases. Fomentemos que los planteles se conviertan en centros de informática para que los niños que no tienen acceso en sus hogares puedan tomar sus clases en línea desde el mismo plantel, con las precauciones necesarias para protegerse del COVID-19. Desde hace unos años la ONU reconoce el acceso a internet como un derecho básico de todos los seres humanos. No hacer nada por nuestros niños más pobres además de ser una crasa violación a su derecho a la educación, es imperdonable.
