El problema sigue vivo.
Y lo peor de todo es que la indiferencia institucional que le ha acompañado, también. Tristemente, para la institucionalidad, la violencia de género pasó de ser un problema real a convertirse en un elemento más de nuestra cotidianidad. Solo eso podría explicar cómo una denuncia tan terrible como la de una mujer que aseguró haber sido violada por 5 hombres en Añasco a penas haya logrado indignar a funcionarios y ciudadanos. Solo eso podría explicar cómo, a pesar de las cifras alarmantes de muertes de mujeres a manos de sus parejas, la respuesta gubernamental sea tan raquítica y poco diligente. Lo más cercano a la indignación institucional se consiguió a regañadientes. Solo a fuerza de protestas casi diarias y denuncias constantes en los medios de comunicación. Fue esa la única manera de lograr la atención de Fortaleza y la declaración de un estado de urgencia -nunca emergencia. Vivan las controversias semánticas- raquítica en su impacto. Débil en su implementación e intrascendente en sus resultados. Solo eso podría explicar cómo el esclarecimiento de denuncias de violación ha quedado atrapado en la burocracia y las peleas entre el Gobierno Central y la Junta de Control Fiscal. Esa pelea mantiene a decenas de mujeres secuestradas por un sistema que ha sido incapaz de hacerles justicia porque nadie logra estructurar un plan para identificar fondos y procesar los cientos de “safe kits” con material genético que demostrarían si efectivamente fueron violadas y quién fue su agresor. En el más reciente capítulo de esa saga, la directora de Forenses achacaba a la estructura de Seguridad Pública -hasta ahora inconsecuente e incapaz de cumplir los propósitos para los que fue creada- la lentitud en renovar el contrato que permitiría procesar los “kits”. Cuatro meses perdidos entre papeles y llamadas. Solo esa idea de la mirada indiferente podría justificar la insistencia en ignorar que para combatir el problema de violencia de género la educación es pieza clave. Pero no solo esa que se recibe en casa. Después de todo, los agresores fueron educados en el seno de un hogar que -en muchos casos- falló en frenar patrones evidentemente violentos o machistas. Ninguna otra cosa podría ayudar a entender cómo el Gobierno parecería haber violado abiertamente una ley aprobada este mismo cuatrienio para la creación de las llamadas “Escuelas coeducativas”. La pieza, de la exsenadora Zoé Laboy, establecía un plan piloto en poco más de 10 escuelas públicas en las que se establecería una enseñanza en la que niños y niñas serían educados en la importancia del respeto y la certeza de que sus oportunidades no estaban condicionadas por razones de género. La ley establecía que al cabo de dos años, el plan sería evaluado por un ente independiente adscrito al Departamento de Educación, para cuya creación se desembolsaron $50 mil de dinero legislativo. De hecho, en septiembre de 2019 la Gobernadora había instruido al Secretario de Educación a extender el programa a todas las regiones educativas. Además, la propia ley establece que, de ser evaluado de manera satisfactoria, el programa debía ser extendido a todas las escuelas elementales del país. Al cumplirse dos años del establecimiento del programa, nada se sabe sobre su cumplimiento.
La indiferencia institucional de la que hablo podría ser la única justificación para que la Procuraduría de las Mujeres se haya convertido en poco más que una pieza inmóvil en el tablero de la opinión pública. Una ficha que solo se limita a lamentar públicamente casos de violencia una vez han ocurrido. Ni la presión pública ni los ofrecimientos de espacio mediático han convencido a la agencia de liderar y elaborar una campaña de orientación y educación ciudadana. La oficina, en definitiva, se ha convertido en un brazo del Gobierno en plena violación a su Ley Orgánica, y ha dejado de ser una entidad de fiscalización para el cumplimiento de políticas públicas destinadas a combatir el problema de la violencia y la inequidad. A una semana de cumplirse un año del decreto de esa “alerta” es momento de pasar lista sobre sus resultados y concluir si solo fue un ejercicio mediático destinado a bajar el diapasón. Aunque la respuesta a esa pregunta parece tan obvia que habría que concluir que esa pregunta, ni se pregunta.