La población en Puerto Rico se redujo significativamente tras el paso de los huracanes Irma y María, al punto de que se estima que, en un año, entre octubre de 2017 al mismo mes en 2018, el saldo neto como consecuencia de la emigración hacia Estados Unidos fueron 123,000 personas, cifra que se suma a un incremento natural de la población en negativo presentado en los últimos años, en el que ha habido más muertes que nacimientos.
En solo un año, según el análisis de expertos demógrafos, la pérdida poblacional de la isla ha sido 3.9 %. Pero hay más, los datos del Censo Decenal de 2010 informaron que en Puerto Rico había 3,725,789 personas, mientras que para 1.o de julio de 2018 ese número se redujo a 3,195,153, un decrecimiento acumulado de 14 %, según los estimados anuales poblacionales que realiza la Oficina del Censo de Estados Unidos.
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Lo complejo de este asunto está en la composición sociodemográfica de esta emigración. Para los demógrafos, la emigración es un fenómeno selectivo, lo que indica que, en términos de edad, por ejemplo, el segmento poblacional que más ha optado por irse del país han sido jóvenes.
Claro está, resultado de las dificultades que enfrentamos por los estragos del huracán María, presenciamos un número sustancial de personas que se marcharon de la isla por razones de salud o por haber sufrido pérdidas en sus viviendas. Este grupo, sin embargo, no se fue del país con la intención de permanecer lejos de su patria permanentemente, sino hasta que se restablecieran las condiciones que les permitieran retomar sus actividades cotidianas.
Es muy probable que una buena parte de quienes se fueron de la isla en esas circunstancias hayan regresado, pero eso no quiere decir que se haya estabilizado la emigración. Por el contrario, en la medida en que las condiciones sociales y económicas del país no presenten mejoría se continuará alentando la salida de puertorriqueños hacia algún rincón de algunas de las ciudades estadounidenses donde para muchos hay más opción de futuro.
La situación es de preocupar. Por un lado, el Gobierno sigue a la espera del desembolso de la totalidad de los fondos federales que se han asignado para la recuperación del país. Se trata de una cantidad significativa de dinero (varios miles de millones de dólares) que contribuirá, principalmente, al restablecimiento de la infraestructura nacional y que, por consiguiente, abonará al crecimiento de la actividad económica y a la generación de empleos.
Sin estos recursos, que se han visto como un salvavidas a la crisis fiscal del país, no será posible avanzar en el proceso de reconstrucción, haciendo más difícil la posibilidad de superar el estancamiento de nuestra economía.
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Todo se complica en la medida en que persiste la percepción negativa que difunde el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre el Gobierno isleño y sus dirigentes, y que, sin dudas, ha incidido en la retención de los fondos asignados. Es inaudito cómo cada expresión de este impresentable individuo destila una visión clasista y segregacionista, típica de un burdo jeque imperialista.
Contra eso tiene que batallar el Gobierno, a la vez que se enfrenta a los caprichos de una Junta de Control Fiscal que insiste en su pretensión de recortar el presupuesto destinado a áreas esenciales de servicios públicos, como la educación, la salud, la seguridad y las pensiones de los jubilados.
Es una tarea titánica pelear frente a un cuerpo impuesto por el Congreso federal que no tiene ningún apego a las necesidades de la isla, ni mucho menos al porvenir y bienestar de sus ciudadanos. Es duro reñir contra los siete miembros de esa Junta colonial cuyo único rol es aumentar las medidas de austeridad, proteger los intereses de los acreedores y viabilizar los negocios a un grupo de inversionistas que se afilan los colmillos ante la posibilidad de apropiarse del país.
Se necesita fuerza y voluntad para luchar contra el racismo y el clasismo que impera en esa Junta, lo que hace más pertinente el reclamo de su disolución. Con las coordenadas a las que nos enfrentamos, entre un presidente imperialista tosco y discriminatorio y una Junta que solo pretende asfixiar al país, será muy duro avanzar en la recuperación, lo que, de no ocurrir, continuará alentando a que, cada vez más, nuestros hombres y mujeres en edad productiva opten por buscar nuevos derroteros fuera de las fronteras de nuestro archipiélago. Ahí está trazado nuestro reto histórico.
