En días recientes hemos visto el nuevo capítulo de los ataques y golpes de la Junta de Control Fiscal a la sociedad puertorriqueña. Me refiero a los nuevos planes de ajustes fiscales que van dirigidos a empobrecer al país y a continuar siendo la agencia de cobros de los grandes intereses norteamericanos representados por los bonistas y las grandes empresas.
Las medidas draconianas propuestas por la Junta van desde la pérdida de empleos en el sector público, la pérdida de servicios, la eliminación del bono de Navidad y la reducción de agencias de gobierno, lo que provoca mayor ineficiencia en los servicios públicos de Puerto Rico.
Existen dos áreas en ese plan fiscal que van dirigidas a dos importantes generaciones en Puerto Rico. La primera, los pensionados, mediante la propuesta o imposición de la Junta de reducirles las pensiones a miles de personas que, luego de años de trabajo de servicio al país, en el Gobierno, en la Universidad de Puerto Rico y en el sistema educación —además de un crimen y una violación a sus derechos humanos— minan sus ingresos. De hecho, las estadísticas señalan que este sector de la población está en crecimiento. Se trata de los adultos mayores, a quienes las decisiones de la Junta perjudican sus servicios médicos, la pérdida de acceso a medicamentos, los servicios de cuido y atención.
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Además, la propuesta de la Junta de mutilar el Sistema de Retiro de la Universidad de Puerto Rico, uno saludable y solvente financieramente, para imponer su visión ideológica y no reconocer que una institución dirigida por los propios miembros del sistema le ha demostrado al país su eficiencia.
La otra gran generación vapuleada por las acciones de la Junta es la juventud universitaria. Con sus propuestas de aumentar la matrícula, eliminar exenciones, reducir profesores y empleados, la consolidación de recintos, eliminar programas académicos, la Junta afecta directamente a una nueva generación de ciudadanos puertorriqueños que van a la universidad no solo a formarse profesionalmente, sino a desarrollar pensamiento crítico, a evolucionar como seres humanos, a generar conocimientos y avances científicos, también a pensar por sí mismos y a aprender que la disidencia es fundamental en una sociedad democrática. Las pretensiones de la Junta son ideológicas, desmantelan nuestra universidad —la misma que ha formado a miles de puertorriqueños— con la intención de convertirla en una fábrica de estudios y no en lo que representa en la actualidad nuestro primer centro docente, el lugar de la discusión de ideas, la provocación intelectual y el cuestionamiento social.
La Junta pretende destruir a la generación que le sirvió al país y que ahora disfrutan de su pensión, violando el contrato social entre ellos y el gobierno; a la misma vez golpea brutalmente a la nueva generación que quiere formarse, para luego ser parte del sector social que componen las diversas profesiones que son parte de la economía, la cultura, la salud en fin, todas las áreas que componen nuestra sociedad productiva.
Tenemos que continuar con nuestra insistencia de combatir a la Junta de Control Fiscal. Hay que impulsar un proceso político para sacarla de Puerto Rico, pero este proceso tiene que ir acompañado de un proceso descolonización, ya que al fin y al cabo la Junta no es otra cosa que la manifestación más burda del colonialismo. Esa es nuestra responsabilidad para con la generación que forjó el país, pero también para con la nueva generación que busca prepararse para reconstruir nuestro nuevo futuro.
