Ricky: ¿miente o está mal asesorado?

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Por Armando Valdés

Los acontecimientos de las últimas dos semanas nos han dejado boquiabiertos. Justo cuando pensábamos que lo habíamos visto todo, el gobernador encontró nuevas e innovadoras formas de retar nuestra capacidad para el asombro. Y aunque los hechos cambian, y los sueldos y los gastos escandalosos siguen en aumento, el comportamiento del gobernador es sumamente consistente. Ya lo tenemos leído. La pregunta que les queda en la mente a algunos —unos por ingenuos y otros por su afiliación partidista— es si Ricky miente descaradamente o si está mal asesorado.

Mi teoría: el mal asesoramiento funcionaba como excusa para sus primeros desaciertos. Como diría un americano, “fool me once, shame on you; fool me twice, shame on me”. Si estaba siendo mal asesorado, una, dos y hasta tres veces, se podía aceptar. De ahí en adelante, le tocaba a él, como gerente del Gobierno y de su cuerpo de asesores, despedir a quienes lo habían inducido a error. Si continúa recibiendo consejos que conducen inevitablemente a una retahíla de papelones, ya no se puede adjudicar responsabilidad a quienes los ofrecen, sino a quien opta obstinadamente por aceptarlos.

La conclusión es obvia. Ricky se escuda detrás de sus asesores. Sus comunicadores intentan distraer la atención pública de los desmanes propios aduciendo a comparaciones con Gobiernos pasados, llegando al absurdo, algunos de sus fotutos más estridentes, de comparar su lujosa guagua de $245 mil con un vehículo blindado que usaba Muñoz Marín luego de haber sido objeto de un ataque armado contra él y su familia. Todo a fin de poder excusar al gobernador. Veamos los eventos más recientes.

En la Autoridad de Energía Eléctrica, el señor Walter Higgins anuncia su renuncia. El gobernador aduce a que tiene que ver con “un incidente personal no esperado que iba a provocar que estuviera fuera de Puerto Rico por muchas ocasiones” según reportó Metro el 11 de julio. Higgins, en cambio, envía un correo electrónico a los empleados de la Autoridad en el que, con meridiana claridad, indica que la dificultad en lograr un acuerdo sobre su compensación, la cual la secretaria de Justicia de este Gobierno había dicho que era ilegal, había sido el detonante para su dimisión. Un intento tardío por corregir este desliz produjo un segundo correo electrónico en el que Higgins, por primera vez, alegó que su esposa estaba enferma, no sin antes reiterar que la compensación había sido un factor determinante en su decisión. Traducción: sí, podrá enfrentar una situación de índole personal, pero de haberle pagado lo pactado habría hecho los arreglos.

El gobernador, a su vez, lució, por segunda vez, en torno al tema de Higgins, como un cero a la izquierda. Recordemos que, al ser nombrado, el gobernador indicó que no sabía de las condiciones bajo las cuales sería contratado, y que ni siquiera había conocido al flamante y breve director de la más importante corporación pública del país.

¿Y sus asesores? Dos de ellos, Christian Sobrino, el también vicepresidente de la junta de Turismo, y María Palou, eran miembros de la junta de la Autoridad. ¿No le informaron al gobernador de la selección de un nuevo director? ¿No le dijeron que se ganaría, entre una cosa y otra, $1 millón?
Pero el asunto de la Autoridad no queda ahí. Nombran a un miembro de la misma junta para dirigir la corporación con un sueldo de $750,000, el “sacrificado” Rafael Díaz Granados. ¿Y el gobernador? No sabía del salario, aun cuando sus mismos dos asesores seguían en la junta, cuerpo que según admitió Sobrino, votó de forma “esencialmente unánime” por el nombramiento y la elevada compensación. Peor aún, el expresidente de la junta y tesorero de la campaña de Ricky en 2016, Ernesto Sgroi, le confirmó a El Vocero que Rosselló “estuvo de acuerdo en un momento dado”.

Y por supuesto, ¿cómo olvidar la guagua? Rosselló tampoco sabía de ella. No sabía cuánto costó. No sabía que se comenzaron los trámites para su compra en medio de la crisis que vivía el país en octubre de 2017 luego del paso del huracán María. ¿Quién estaba a cargo de su compra? El administrador de Fortaleza y el secretario de Seguridad Pública, Héctor Pesquera. El pobre, otra instancia de mal asesoramiento.
Fool me once, fool me twice… ¿Hasta cuándo nos haremos la pregunta?

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