Mientras el gobierno de Pedro Pierluisi resalta una y otra vez que el 2022 será el año en que se abrirán de par en par las compuertas para miles de obras de reconstrucción financiadas con dinero federal, alcaldes rojos y azules temen que una de las principales firmas de consultoría insertadas en el proceso de desembolso, ICF Incorporated, se convierta en la piedra que se interponga en el camino hacia la recuperación.
“Creo que son un proceso burocrático que sin duda ha entorpecido el proceso de recuperación en Puerto Rico. El COR3 (Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia) tiene su función, al igual que FEMA (Agencia Federal para el Manejo de Emergencias), no obstante, cuando se contratan estas compañías, aunque sí entendemos que debe haber un filtro para evaluar y auditar lo que los municipios hagan, ha sido demasiado lento. Es un proceso en el cual en ocasiones nos hemos frustrado con estas compañías que, inclusive, a veces parecen tener más control decisional sobre los municipios que las propias entidades gubernamentales”, esbozó el alcalde de Yauco, Ángel Luis Torres.
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Torres precisó que, en su municipio, los costos de los trabajos de emergencia correspondiente al huracán María ascendieron a $7.8 millones, de los cuales aún no han recibido el reembolso federal por $1.8 millones. El alcalde lo atribuye, principalmente, al lento trabajo de ICF, que funge como consultor de COR3 para la validación de los desembolsos de fondos.
La situación provoca que el municipio aún adeude pagos a ciertos contratistas, escenario que, de acuerdo con Torres y otros alcaldes consultados, podría repetirse según la recuperación avance a la etapa de construcción de obra permanente.
Aunque los $2,100 millones en que se estima el costo de los proyectos que deberán gerenciar los municipios representan cerca del 10% de los $20,300 millones asignados por FEMA para obra permanente en Puerto Rico, los ayuntamientos estarán a cargo del 77% de los 7,348 proyectos que ya cuentan con dinero comprometido. Es decir, aunque en su mayoría se trata de proyectos de menor envergadura, gran parte de los trabajos estarán en sus manos, por lo que será crucial que, a lo largo de los próximos años, los municipios cuenten con el flujo de efectivo necesario para adelantar las obras.
“Demasiado lento el proceso. Un ‘turnover’ de empleados increíble. Gente que no tenía la ‘expertise’, que llegaban a aprender, buscaban otra oportunidad, se iban”, dijo sobre el trabajo de ICF el alcalde de Jayuya, Jorge González, quien lidera el municipio con más dinero obligado entre los 78 ayuntamientos, pero en donde se ha desembolsado apenas el 9% de los más de $276 millones comprometidos, de acuerdo con el portal de transparencia de COR3.
Según el alcalde, la situación en Jayuya comenzó a mejorar hace unas dos semanas, luego que el director ejecutivo de COR3, Manuel Laboy, delegara en un funcionario de su agencia la comunicación directa con el municipio.
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“En muchas ocasiones se suministran documentos, vuelven y cambian de inspector, asignan uno nuevo que comienza de cero. Si le sometes documentación que es validada luego vuelven y te dicen que esa documentación no era necesaria pero que faltan más documentos. Así se ha mantenido durante los pasados dos años y el COR3 determina que hasta tanto ICF no le pase como favorable los casos de reembolso no aprueba el desembolso”, ejemplificó Torres, al señalar que, al igual que varios homólogos, ha reclamado a Laboy que busque “otras alternativas”.
“Cuando hay algo que mejorar, yo lo acojo y nosotros en este momento estamos trabajando la estandarización de un procedimiento para asegurarnos que no haya ambigüedad y que no haya ningún tipo de confusión y se cumpla con lo que FEMA exige. Eso es un compromiso que yo hice ya”, sostuvo, por su parte, Laboy en una entrevista reciente con este medio. El pasado martes, el COR3 anunció que había trabajado unas mejoras en el portal que utilizan los subrecipientes –como los municipios– para tramitar sus solicitudes de desembolsos.
“Desde el día uno debió ser así”, dijo el alcalde de Camuy, Gabriel Hernández, quien añadió que, como presidente de la Federación de Alcaldes, ha gestionado reuniones con COR3 para varios ejecutivos municipales novoprogresistas que han enfrentado dificultades para completar el proceso de desembolsos.
La semana pasada, el alcalde de Villalba, Luis Javier Hernández, mencionó que ICF no tenía incentivo para agilizar sus labores, pues facturaban por hora. Laboy, sin embargo, aclaró que desde que se les renovó ese contrato en octubre pasado cobran unas tarifas por tareas específicas que les delega el COR3, lo que el funcionario espera propicie mayor eficiencia en sus funciones.
Un mogol de los contratos
La capacidad de ICF, una compañía con base en Delaware, para realizar las labores contratadas, sin embargo, no es la única duda que genera su presencia como uno de los principales consultores de la recuperación del país. Además de su trabajo validando las reclamaciones de los subrecipientes –un contrato que asciende a $24.4 millones y se extiende al menos hasta el 30 de junio–, ICF ostenta un segundo contrato con el COR3, por $46.7 millones, para asistir a agencias y municipios en la conceptualización de los proyectos federales.
Paralelamente, ICF mantiene otros dos contratos con el Departamento de la Vivienda, por cuantías originales de $25 millones y $22.1 millones, para gerenciar parte de los programas de Reconstrucción y Reparación de hogares (R3) y Revitalización Urbana, respectivamente.
Bandera sobre capacidad de ICF para hacer trabajos en PR
“Yo no sé el detalle de la compañía, porque no tengo contrato con ellos, pero sí advine en conocimiento de que ellos no cumplían exactamente con el requisito de la Ley 173 (Ley de la Junta Examinadora de Ingenieros, Arquitectos, Agrimensores y Arquitectos Paisajistas), que es la que regula eso en Puerto Rico. Ciertamente, nosotros como institución tenemos la responsabilidad, una vez nos enteramos, de indagar con ellos y hacer la gestión que corresponda”, dijo el presidente del Colegio de Ingenieros y Agrimensores (Ciapr), Juan Alicea.
La Ley 173 de 1988, dispone en su artículo 23 que los trabajos que requieren peritaje en campos como la arquitectura e ingeniería solo pueden ser provistos por corporaciones profesionales autorizadas en Puerto Rico a ofrecer exclusivamente dichos servicios. Para ser elegible a realizar trabajos a escala corporativa bajo esta ley, todos los oficiales accionistas de la empresa deben estar licenciados para practicar sus respectivas profesiones.
En el caso de ICF, está registrada como una compañía de responsabilidad limitada (LLC), clasificación distinta a la de corporación de servicios profesionales (PSC). Para ejecutar algunas de sus tareas de formulación de proyectos para COR3, así como parte de las obligaciones de gerencia para Vivienda, ICF sí ha subcontratado a empresas especializadas, como CMA Architects & Engineers, según se desprende de las propuestas anejadas a los contratos.
“A veces es por desconocimiento, a veces se hacen un poco de la vista larga, pero siempre (el principio es) que tienes que hacer tu compañía PSC, como establece (la ley) y a esos efectos, el contrato que tenga (una compañía inelegible) sería nulo”, dijo Alicea, al precisar que el Ciapr tiene jurisdicción para tomar acciones disciplinarias contra sus propios miembros. En otros casos, el Ciapr también puede referir información sobre posibles ilegalidades al Departamento de Justicia.
Al cierre de esta edición, sendas peticiones de Metro al COR3 y a Vivienda, inquiriendo si habían obtenido alguna opinión legal que validara la contratación de ICF para tareas que involucraban conocimiento especializado en arquitectura e ingeniería no habían recibido respuesta.
“No es tan frecuente (el incumplimiento con la Ley 173), pero estamos hablando de un evento histórico, donde más de 10,000 proyectos, tanto dinero. Ahora hay que estar más pendiente que nunca”, sostuvo Alicea en referencia a las obras de reconstrucción por el huracán María.
