La presidenta de la Comisión de Innovación, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura, Elizabeth Rosa Vélez, continuó hoy el proceso de vista pública para atender el Proyecto del Senado 665 que busca crear la Ley de Política Pública para la Infraestructura de Puerto Rico, lo que catalogó como el primer paso para lograr que la infraestructura a establecerse sea eficiente para el país.
“Partiendo de la premisa que se enviaron millones para trabajar en la infraestructura, pero también es importante que nosotros nos encaminemos. Este es el principio de algo que pueda ser grande para el País. Con este proyecto, de ser aprobado, comienza una nueva etapa en el país. Esperamos que la gente vea la importancia sobre esto. Si nosotros visitamos zonas de nuestro país podemos ver deficiencias estructurales y el proyecto va dirigido a la eficiencia del país”, destacó la senadora Rosa Vélez.
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La Sociedad Estadounidense de Ingenieros Civiles (ASCE), a través del economista y planificador, David Álvarez, favoreció la medida e indicó que “el P. del S. 665 es oportuno para comenzar la formulación de una visión integral de la infraestructura. Será instrumento importante posterior a la inyección de Fondos Federales y permitirá brindar sostenibilidad a dichas inversiones”.
En una presentación a la Comisión, el ingeniero Héctor Colón de la ASCE planteó, entre varias recomendaciones, que el plan de infraestructura que realizará el grupo multisectorial tiene que tomar en consideración los efectos del cambio climático (según decretado en el artículo 1), la continua evolución de la tecnología en todos sus aspectos, y cambios socioeconómicos que Puerto Rico podría experimentar.
“El plan de infraestructura tiene que ser fundamentado en datos científicos de buena calidad y debe tener métricas intermediarias, según el artículo 3. Esto ayudará a que la visión y propósito del plan sea una continua mejoría de la infraestructura, con logros tangibles y alcanzables”, sostuvo.
Colón añadió que el plan de infraestructura debe tener un carácter integral, ejecutable y que sea viable financieramente. Para ello, debe utilizarse métodos para evaluar el costo de vida del activo y así asegurar que se podrá cumplir con las exigencias o necesidades financieras a lo largo de la vida útil, que comienza en la planificación de la infraestructura y culmina en su demolición.
Igualmente, la licenciada Edmeé Zeidan y Miguel Mihaljevich de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) expresaron que “ha de quedar meridianamente claro que la OGPe constantemente se encuentra revisando sus productos conforme a las facultades establecidas en la Ley 161-2009, según enmendada. Como parte de ello, al momento de instaurar el Permiso Único, el cual es aplicable exclusivamente a negocios e industrias, ha velado porque el procedimiento sea uno ágil, rápido y sencillo, donde sólo se procura por la información básica sobre el derecho de propiedad y el cumplimiento con las distintas disposiciones aplicables a los distritos de calificación en donde ubiquen”.
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La Senadora cuestionó al deponente cómo le beneficiaría a la OGPe una política pública clara sobre la infraestructura del país. El deponente contestó que beneficiaría muchísimo porque así las agencias en el proceso de planificaciones tendrían una guía más clara de cómo actuar con las peticiones que recaen en las agencias. Indicó que facilita el proceso de evaluación en la concesión de permisos.
Además, preguntó si la OGPe cuentan con los recursos humanos y fiscales necesarios para cumplir con lo establecido y la deponente mencionó que aunque el capital humano siempre es necesario y bienvenido, lo están haciendo con el recurso actual.
Por otra parte, el licenciado Héctor Morales de la Junta de Planificación (JP), mostró reservas a la medida. Indicó que “la Junta promueve toda medida que ayude a mejorar nuestro entorno social y económico, tal como pretende el presente proyecto. No obstante, sugerimos que como parte de su evaluación y estudio, esta Comisión tome conocimiento de nuestros comentarios y confirme la ausencia de conflictos con la legislación actual”.
Morales dijo que se debe establecer una política pública sobre los usos de los terrenos, que ya están plasmadas en la Junta de Planificación, por lo que se debe realizar un análisis completo para no duplicar esfuerzos. Además, mencionó que lo más adecuado sería enmendar la Ley 3 que tiene a la JP bajo el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, y volver a la Oficina del Gobernador como debería ser.
Rosa Vélez también cuestionó qué iniciativas se están tomando en relación a la planificación para promover interconectividad en los proyectos y obras que realizan las agencias. Morales contestó que cada agencia tiene su programa y plan de desarrollo. Añadió que la JP, con la Ley 3, redujo su función de fiscalización y eso redujo el alcance de la responsabilidad de la agencia con relación a otras agencias.
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