La Contraloría de Puerto Rico emitió el martes, una opinión cualificada de las operaciones fiscales de la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica (Junta) adscrita al Departamento de Salud.
El Informe revela que la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica tenía 160 casos de conducta no profesional sin resolver desde el 2001, y 408 casos de impericia médica sin resolver desde el 2003. Una situación similar se había comentado en el Informe de Auditoría DA-19-24 del 9 de mayo de 2019.
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La Ley 38-2017, Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno establece que todo caso sujeto a un procedimiento adjudicativo debe ser resuelto dentro de los seis meses desde su radicación, salvo circunstancias excepcionales. Además, la Ley 139-2008, Ley de la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica dispone que la Junta debe emitir un informe dentro de los 90 días siguientes, al recibo de cualquier información sobre actuaciones que constituyan impericia profesional.
Esta situación que se atribuye a la falta de abogados, impide a la Junta que se pueda emitir una resolución oportuna en aquellos casos que exista un peligro inminente para la salud y el bienestar público.
La auditoría de dos hallazgos señala que la Junta no cuenta con un inventario ni un plan de retención de los expedientes médicos y el área de archivo no tiene iluminación adecuada ni suficientes anaqueles. Esta situación, contraria a la reglamentación vigente, dificulta que los expedientes médicos se mantengan en buen estado y se puedan localizar con facilidad.
Este primer informe de la Junta, cubre el periodo del 1 de junio de 2019 al 30 de junio de 2021, y está disponible en www.ocpr.gov.pr
