El gobernador Pedro R. Pierluisi firmó hoy varias medidas legislativas, entre las que se encuentra el Proyecto del Senado 77 que crea la ‘Carta de Derechos de los Policías’ que añade y compila en un solo documento los derechos de los policías que laboran en el Negociado de la Policía, así como sus familiares.
La Carta de Derechos de los Policías resume derechos en el área laboral, en la adquisición de propiedades, en la educación, en las contribuciones sobre ingresos y sobre la propiedad, así como aquellos relacionados a servicios médico-hospitalarios, entre otros. Además, los cónyuges y los hijos menores de edad o incapacitados también tendrán derecho a las exenciones concedidas en la ley en caso de muerte en el cumplimiento del deber.
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Con la firma de esta legislación se eleva a rango de ley el que los miembros de la Policía puedan generar ingresos adicionales mediante trabajo extraoficial. También, los policías incapacitados quedarán exentos de la imposición y pago de contribuciones sobre la propiedad, permanentemente y de hasta $10 mil de su valor de tasación para fines contributivos. Igualmente, los policías incapacitados estarán exentos de contribuciones sobre la propiedad de toda casa construida, adquirida o remodelada.
De igual forma, y en cuanto a los servicios médico-hospitalarios, los municipios y el gobierno central, a través de sus instalaciones de salud, deberán brindarles, sin costo alguno, asistencia médica, tratamiento, hospitalización y los medicamentos necesarios con prescripción previa. Este derecho también aplica al cónyuge e hijos hasta que alcancen la mayoría de edad. De hecho, la Administración de Seguros de Salud (ASES) le certificó a la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) que la implantación de este proyecto senatorial no tendrá impacto fiscal alguno para la agencia.
“Reitero mi compromiso con la Policía de Puerto Rico, por eso la firma de esta ley se une a otras iniciativas que he trabajado, como la asignación de fondos para más recursos y compra de equipos para nuestra Uniformada, reducir la edad a 18 años para reclutamiento de más cadetes, proveer el Plan Vital del Gobierno para los policías retirados y me mantengo en conversaciones con la Junta de Supervisión para que por fin podamos darle un retiro digno a todos nuestros policías. Pueden contar con que continuaré trabajando por quienes tanto dan y han dado para proteger la vida y propiedad de todos en la Isla”, sostuvo el gobernador.
Becas UPR y nombramientos Educación
Por otra parte, y en temas de educación, el gobernador firmó el Proyecto del Senado 499 que crea la “Ley del Fondo de Becas para Mitigar el Alza en Matrículas del Plan Fiscal” adscrito al Fondo Dotal de la Universidad de Puerto Rico (UPR) y que aplicará a los estudiantes con progreso académico satisfactorio que demuestren necesidad económica.
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Se desprende del proyecto de ley, endosado por la UPR, que el Programa de Becas para Mitigar el Alza en Matrículas del Plan Fiscal se financiará con los fondos réditos, ganados a través del Fideicomiso para el Fondo Dotal de la Universidad. Ante esto, la UPR deberá depositar en la cuenta del Fideicomiso una cantidad mínima de $125 millones y cualquier otra cantidad recibida por el Departamento de Hacienda, que sea o haya sido asignada para los años fiscales 2021-2022 y 2022-2023 en adelante.
El año pasado el gobernador Pierluisi asignó $94 millones a la Universidad como parte de los fondos del Plan de Rescate Americano (ARPA, por sus siglas en inglés) tras la reducción en el presupuesto que le hizo la Junta de Supervisión.
El primer ejecutivo también firmó el Proyecto del Senado 477 para extender por un periodo de tres años los nombramientos de los maestros con estatus transitorio provisional en categorías de difícil reclutamiento y que están adscritos a la Secretaría Auxiliar de Educación Ocupacional y Técnica del Departamento de Educación (DE).
Como cuestión de hecho, en noviembre del año pasado el gobernador y el secretario del DE, Eliezer Ramos Parés, anunciaron el otorgamiento de cambio de estatus a 1,855 maestros. Del total de docentes, 821 maestros cambiaron de estatus transitorio a probatorio y 1,034 cambiaron de estatus probatorio a permanente.
Por último, el gobernador vetó la Resolución Conjunta del Senado 129, que ordenaba al Departamento de Salud, a emitir las licencias provisionales necesarias para los profesionales de la salud, eximiéndoles temporeramente del requisito de tomar el examen correspondiente y que se extiendan los términos de vigencia de todas las licencias expedidas a estos profesionales.
En una carta a los presidentes del Senado y de la Cámara de Representantes, el gobernador informó que hasta la fecha todas las Juntas adscritas a la Oficina de Reglamentación y Certificación de los Profesionales de la Salud han ofrecido una o más reválidas y por virtud de la Orden Administrativa 507 del Departamento, se extendieron todas las licencias profesionales.
