Fiscales de la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente (OPFEI) se preparan para radicar cargos este viernes contra el exsecretario de Hacienda y de la Gobernación, Raúl Maldonado, según supo Metro.
Varias investigaciones que iniciaron en el año 2017 con auditorías internas de Hacienda y que se extendieron a través de los años y de agencias como la Oficina de la Inspectora General (OIG), el Departamento de Justicia (DJ), la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) y la OPFEI culminarían con la radicación de cargos penales bajo el artículo 5.7 de la Ley de Ética Gubernamental. Este artículo se aplica por intencionalmente no reportar datos requerida en informes financieros ante la OEG. Metro supo que finalmente se radicaría por el último referido de la OEG con señalamientos sobre el fideicomiso que en su momento creó Maldonado al asumir cargos en el gabinete de Ricardo Rosselló. Según la fuente de este diario, no habrían cargos por la auditoría de la OIG relacionada a los contratos de seguros en Hacienda, que fue el referido original al que Justicia dio paso a la OPFEI luego de cambiar la recomendación de los fiscales de Integridad Pública, según este diario pudo corroborar mediante múltiples fuentes y documentos.
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No fue hasta junio del año pasado que la OPFEI consolidó los extremos de la investigación sobre el exsecretario del Departamento de Hacienda y de la Gobernación, tras recibir una auditoría forense de la OEG sobre los informes financieros de Maldonado. Los fiscales en este caso son Juan Catalá Suárez y Manuel Núñez Corrada.
Maldonado fue pieza clave en que saliera a la luz pública el notorio chat de Telegram del pasado renunciante gobernador, Ricardo Rosselló, sus asesores más cercanos y amigos fuera del gobierno en el que planificaban estrategias contra políticos opositores y gente de su partido que consideraban detractores además, se hacían comentarios homofóbicos, misógenos y en desprecio a la pobreza, entre otros. La revelación de esas comunicaciones provocó intensas protestas masivas que culminaron en la renuncia de Rosselló. Semanas antes de la divulgación del chat, Maldonado denunció “una mafia institucional” en Hacienda. El entonces gobernador Rosselló ordenó a la inspectora general, Ivelisse Torres, que iniciara una auditoría sobre las denuncias, pero en su lugar se giró la investigación sobre el denunciante. Esa gestión de la OIG conllevó reabrir una auditoría cerrada y alterar sus conclusiones para referir a Maldonado a Justicia con recomendación de que se enviara al OPFEI. Aunque fiscales de Integridad Pública inicialmente no recomendaron la designación del FEI, en el 2021 con nueva jefatura en Justicia las recomendaciones cambiaron y se envió al OPFEI un informe recomendando la designación de un fiscal, pero sobre el manejo de un contrato de seguros en Hacienda.
Ética Gubernamental bloqueó perito de Maldonado
Ante la última consolidación de investigación en la OPFEI para extender la pesquisa sobre una auditoria forense a los informes financieros de Maldonado, Metro tuvo acceso a documentos que muestran que el exsecretario de Hacienda contrató un perito independiente para realizar otra auditoría forense sobre su fideicomiso y los informes ante la OEG. Se trató del profesor de Derecho y de Contabilidad en la Universidad de Puerto Rico, Edwin Renán Maldonado, quien con aprobación de la institución académica tiene una práctica limitada en derecho y contabilidad forense.
El experto habría trabajado en una auditoría ante una resolución del OPFEI que expone que Maldonado pudo “ocultar situaciones que podrían envolver conflicto de intereses”. Esto ante un referido de la OEG.
Sin embargo, luego la propia OEG le denegó al profesor Renán Maldonado una dispensa para poder comparecer como perito en el caso. En una comunicación de la OEG, a la que Metro tuvo acceso, se señala que el experto no puede prestar servicios como perito “ya sea ante un tribunal de justicia, un organismo cuasi judicial o una agencia”. La OEG estableció que su ley orgánica establece que “un servidor público no puede, en su carácter privado, representar o asesorar, directa o indirectamente, a una persona privada o negocio ante cualquier agencia, en casos o asuntos que involucren un conflicto de intereses o de política pública entre el Gobierno y los intereses de esa persona privada o negocio”.
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Notas publicadas previamente por Metro sobre este caso:
