La presidenta de la Asociación de Periodistas de Puerto Rico (Asppro), Damaris Suárez, respaldó la decisión del colega Alex Delgado de no revelar la identidad de la fuente que le suministró un documento del Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) en el ejercicio de sus funciones como vicepresidente de Noticias de WAPA-TV.
“La confidencialidad de las fuentes de un periodista es la piedra angular de la Libertad de Prensa, por lo que respaldamos la decisión de los colegas. Además de ser una cuestión de principios, resulta absolutamente absurdo e innecesario ordenar que los colegas revelen quién les hizo llegar el documento oficial en medio de un caso por difamación”, sostuvo en declaraciones escritas.
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Suárez expresó preocupación sobre el efecto que tendría el que prevalezca una orden judicial para revelar una fuente.
Delgado y Yesenia Torres, entonces reportera de la unidad Noticentro Investiga, figuran como codemandados en un recurso por difamación radicado por el fiscal Idelfonso Torres por el contenido de los reportajes publicados en el 2018 sobre una investigación a empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) por presuntamente cobrar vía ATH Móvil a sus cuentas personales por certificaciones para restablecer el servicio eléctrico a abonados afectados por el paso del huracán María.
De acuerdo con el documento oficial del NIE, el fiscal Torres, a quien originalmente se le había delegado la pesquisa, quedó relevado de la misma, luego de que se conociera que también había pagado por la certificación de la AEE.
Como parte del descubrimiento de prueba, el licenciado Pablo Colón Santiago, abogado de Torres, ha insistido en que Delgado revele quién fue la persona que le entregó el documento del NIE, lo que ha sido ordenado mediante resolución por el juez superior de Ponce, Hamed Santaella Carlo, y refrendado por un panel del Tribunal de Apelaciones, por lo que el periodista radicó un Certiorari ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico. La resolución establece que el documento es confidencial por ser parte del sumario fiscal del Departamento de Justicia y que por ello la doctrina del reporte justo y verdadero no aplica.
La Asppro expresó preocupación sobre el efecto paralizante o “chilling effect” que tendría el que se sostenga esta orden sobre los informantes que revelan información oficial a los periodistas con el fin de destapar irregularidades en el servicio público. El demandante argumenta que se debe revelar la fuente para que declare en el juicio civil sin que se haya establecido qué aportaría esa información, si algo, en probar la supuesta difamación del medio.
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“Sí, el Tribunal Supremo tiene ante sí un gran reto. De ratificar la orden de revelar una fuente periodística estaría enviando un mensaje que desalienta a los ciudadanos y ciudadanas a denunciar posibles actos de corrupción por temor a represalias y sanciones ya que nada les asegura que su identidad estará protegida. La intención no es solo paralizar a los posibles confidentes, también a los periodistas para evitar que se publiquen historias aun teniendo los documentos oficiales. Ese ‘chilling effect’ va en detrimento de la democracia, una buena gobernanza y una fiscalización que promueva la rendición de cuentas”, insistió.
Para el gremio, la duración o extensión de una investigación puede ser influenciada por la intención de mantener a escondidas del pueblo algo que debe saber, y habiendo un precedente de que un periodista fue obligado a revelar una fuente, que luego fue castigada con represalias, nadie se atrevería a llevar a la prensa actos de corrupción.
“El que los tribunales hayan determinado que ese documento es confidencial por ser parte del sumario fiscal y por lo tanto no se podía publicar, promueve que quien no quiera que se sepa algo solo tendrá que sentarse en la investigación. Con no concluirla basta”, sostuvo Suárez.
En el balance de las historias publicadas, la Asppro entiende que los colegas reportaron justa y adecuadamente la información basada en lo que decía el documento y ofreciendo al imputado cuatro oportunidades de dar su versión. Incluso, culminan el caso dando seguimiento y publicando que la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (Opfei) cerró la investigación por determinar que el pago del fiscal Torres a los empleados de la AEE fue por unas reparaciones y no por reconexión del servicio eléctrico luego del huracán María.
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