En momentos en que comienzan las discusiones entre el ejecutivo y el legislativo sobre una reforma contributiva, el presidente de la Asociación de Comercio al Detal (Acdet), Iván Báez, insistió que urge atender el tema del impuesto a la propiedad mueble, que en pasados años ha representado cerca del 40% de los ingresos de los municipios.
Aunque Báez señaló que el sector al detal siempre defenderá la eliminación del llamado impuesto al inventario –que se tributa sobre la mercancía almacenada en los comercios–, indicó que habría apertura para considerar alternativas que no necesariamente impliquen para los municipios la pérdida total de esta fuente de recaudos.
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Desde el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM), el director ejecutivo, Reinaldo Paniagua Látimer, ha indicado que, entre las opciones que se barajan, estaría que las empresas contribuyan, al menos por un periodo definido, la misma cantidad anual por concepto del impuesto a la propiedad mueble. De esa manera, los comercios podrían almacenar una cantidad mayor de inventario sin ser penalizados en las planillas.
La “parte B” de la propuesta, que se implementaría posteriormente, según indicó Paniagua Látimer en entrevista con este medio, sería establecer que el impuesto al inventario se pagaría una sola vez, en lugar de tratarse de una contribución que se impone año tras año en caso de que el producto permanezca almacenado.
“Tiene que haber un interés genuino en eliminarlo. No es lanzar alternativas para que al final del día se quede en nada. Nosotros tomamos decisiones día a día […] No podemos seguir sentándonos sin tomar decisiones serias que se puedan llevar a cabo y que sean viables para ambas partes, porque entiendo naturalmente, la razón de ser y el servicio que prestan los (municipios) y lo reconocemos. Pero tenemos que entender que el mundo está cambiando y se mueve más rápido que los sistemas tributarios en Puerto Rico”, sostuvo Báez.
De acuerdo con los datos del CRIM, para el año contributivo 2020 el impuesto a la propiedad mueble –que incluye el inventario de mercancía además de la maquinaria y equipo– representó $434 millones de cerca de $1,100 millones que recaudó la entidad, o alrededor de un 40%. De esos $434 millones, $234 millones correspondieron a la tributación sobre la mercancía almacenada.
“Nosotros hemos hablado esto con el liderato legislativo y ejecutivo, y lo hemos estado haciendo desde el cuatrienio pasado. ¿Por qué no eliminarlo (el impuesto al inventario)? Eso es bien sencillo, nosotros somos un ‘covered entity’ (entidad cubierta por la Junta de Control Fiscal). Tenemos un plan fiscal certificado que predica en un recaudo anual de $200 millones al año. Si nosotros eliminamos el impuesto al inventario o, como muchos ahora quieren, (la contribución) mueble completa, tienen que aparecer $240 y pico millones o, en el caso de la mueble completa, $400 y pico millones”, dijo Paniagua Látimer.
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Al preguntarle por qué, antes de implementar el posible cambio a que la mercancía almacenada solo tribute en una ocasión, sería necesario un periodo de transición en el que los comercios paguen una cantidad fija, Paniagua Látimer mencionó que de esa forma los municipios y el CRIM tendrían la posibilidad de realizar ajustes pertinentes.
“Puede ser cinco, puede ser tres (años), en lo que se establece el sistema nuevo, porque esto hay que legislarlo, hay que estar seguros que no constituye en el pago de contribuciones, hay que estar seguros que no significa una reducción en los recaudos de los municipios”, subrayó Paniagua Látimer.
Ante el hecho de que alrededor del 55% de la propiedad mueble se encuentra liberada del pago de contribuciones a través de decretos emitidos por el gobierno central, Báez señaló que “todas las propuestas tienen que estar sobre la mesa”, al preguntársele si una opción sería eliminar el impuesto al inventario a cambio de reducir o derogar gran parte de las exenciones vigentes.
Sin embargo, aseveró que el enfoque apropiado “no es cómo vamos a continuar oprimiendo a las empresas locales que están generando empleos, sino cómo vamos a lograr fomentar el desarrollo económico, en la medida que el mundo se está moviendo a nuevas tecnologías en adición a las ventas por internet. No podemos seguir agarrándonos a impuestos del pasado”.
De acuerdo con Báez, además de la permanencia del impuesto al inventario, el costo de hacer negocios se ha incrementado con las continuas alzas en el costo de energía, el aumento en las tarifas de acarreo terrestre y la crisis de producción y transporte marítimo que advino como consecuencia del Covid-19, lo que ha colocado en riesgo los abastos en Puerto Rico.
No obstante, para el alcalde de Villalba y presidente de la Asociación de Alcaldes, Luis Javier Hernández, la idea de que los negocios invertirían en asegurar un mayor inventario, en caso de modificarse el impuesto, no se materializaría.
“Siempre los comerciantes han tenido inventario de acuerdo a su volumen de ventas. Ahora mismo hay que preguntarse si hay una crisis de productos por consecuencia del impuesto al inventario. Eso no es una realidad. La crisis de inventario es global. El que varias tiendas hayan optado por tener menos inventario es una cuestión también de oferta y demanda”, afirmó el ejecutivo municipal, al destacar que la pérdida de sobre $200 millones en recaudos anuales sería un golpe que los municipios no podrían asimilar en el contexto de la eliminación del llamado Fondo de Equiparación, que se prevé para el año fiscal 2025.
Ayer, el Departamento de Hacienda informó que una reunión que el secretario, Francisco Parés, sostendría en el Capitolio con los presidentes legislativos y los líderes de las comisiones de Hacienda en cada cámara, para comenzar a discutir la reforma contributiva, se había suspendido por conflictos de calendario.
