La Oficina del Inspector General de Puerto Rico (OIG), emitió el miércoles una Orden de Cese y Desista a la Comisión de Juegos de Puerto Rico, para que proceda a corregir deficiencias relacionadas a la contratación de personal según surgen de los hallazgos que se esbozan en un informe de examen realizado a la entidad.
Según un parte de prensa, en la intervención realizada por la OIG, se identificó que la Comisión de Juegos mantiene la práctica de otorgar contratos de servicios profesionales y consultivos clasificados incorrectamente como personal irregular.
PUBLICIDAD
La Comisión mantiene, para el Año Fiscal 2020-21, un registro de cuarenta y siete contratos por servicios de personal irregular otorgados por un total de 976,004 dólares. De estos, se evaluaron cuatro contratos por un total de 134,264 dólares. Corresponden a contratos con fecha de otorgamiento del 30 de junio de 2020 y vigencia hasta el año fiscal 2021.
La Comisión clasificó a los contratistas como personal irregular y pagó beneficios como bono de Navidad, seguro social, entre otros, recurriendo a una práctica que ya no es autorizada bajo las leyes de personal vigente.
No obstante, del análisis legal surge que, la Comisión se amparó en que el pago del bono de navidad a los contratistas estuvo basado en la Sentencia emitida por el Tribunal Superior de Puerto Rico Sala de San Juan para el caso Civil Núm. PE79-498, emitida el 28 de agosto de 1979.
Según se establece en el informe, a la fecha en que el Tribunal emitió dicha sentencia no estaban vigentes las leyes que rigen actualmente las políticas de reclutamiento o contratación de servicios profesionales en el Gobierno de Puerto Rico. Por lo que la OIG, de conformidad a los poderes conferidos en su ley orgánica, concedió un plazo de noventa (90) días laborables, para que la Comisión atempere la contratación a las leyes y normativas vigentes, y corrija las deficiencias.
En el informe se desglosan un total de doce hallazgos, en los cuales se incluye los comentarios de la Comisión de Juegos a los mismos. El período de alcance de la muestra de los contratos evaluados fue entre el 1ro de enero al 15 de agosto de 2020, con vigencia al cierre del año fiscal 2021. En algunos aspectos se examinaron transacciones, documentos y operaciones de fechas anteriores y posteriores.
El examen fue realizado en conformidad a las facultades conferidas en la Ley Núm. 15-2017, según enmendada y conocida como la Ley del Inspector General de Puerto Rico. El informe OIG-E-22-009, es público y se encuentra disponible en la página www.oig.pr.gov
