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Federales acusan a dos hombres por fabricación y venta de armas

Samuel Snader de Pensilvania en complicidad con el puertorriqueño Héctor Colón supuestamente fabricaron y vendieron al menos 28 armas de fuego por $27,600.

armas suministrada

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La Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Medio de Pensilvania informó hoy, miércoles, que Samuel Snader, de 39 años, de Lebanon, Pensilvania, y Héctor Colón, de 30 años, de Puerto Rico, fueron acusados ​​ por un gran jurado federal por la conspiración para fabricar y vender armas de fuego, y fabricar y vender armas de fuego sin licencia.

Según el fiscal federal John C. Gurganus, la acusación formal alega que entre agosto de 2021 y enero de 2022, en el condado de Lebanon, Pensilvania, Snader y Colón trabajaron juntos para adquirir piezas de armas de fuego con el fin de fabricar y comercializar armas de fuego de fabricación privada (PMF), a menudo denominados “armas fantasma”. Se alega que Snader fabricaría los PMF, que no poseían números de serie. Colón supuestamente localizó a posibles compradores de armas de fuego y los dirigió a Snader, quien personalmente entregó las armas de fuego a cambio de dinero. En total, Snader y Colón presuntamente fabricaron y vendieron, sin la licencia federal requerida, al menos 28 de esas armas de fuego y obtuvieron aproximadamente $27,600 como resultado de los delitos.

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El caso fue revelado luego de los arrestos de ayer de Snader y Colón. Durante los arrestos, las autoridades incautaron armas fantasma adicionales y piezas de PMF tanto en el condado de Lebanon como en Puerto Rico. Snader tuvo su comparecencia inicial hoy ante el Juez Magistrado de los Estados Unidos Martin C. Carlson en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Medio de Pensilvania y Colón tiene programada su comparecencia inicial en el Distrito de Puerto Rico.

“Como en este caso, las armas fantasma no están serializadas y son difíciles de rastrear para las fuerzas del orden. Se ven, se sienten y funcionan como armas de fuego fabricadas en fábrica, y son igual de letales en las manos equivocadas”, dijo el fiscal federal Gurganus. “Haremos todo lo que esté a nuestro alcance para sacar las armas ilegales de las calles y enjuiciar a quienes estén involucrados en su fabricación, tráfico y posesión ilegales”.

“Las armas fantasma son un peligro para la seguridad pública en todo Pensilvania y debemos cerrar la laguna que permite que se vendan sin verificación de antecedentes. Estamos comprometidos en las fuerzas del orden público locales, estatales y federales para detener a los traficantes de estas armas de fuego imposibles de rastrear que se han convertido rápidamente en el arma preferida de los delincuentes, y apreciamos los esfuerzos de nuestros socios para responsabilizar a estos acusados”, dijo el fiscal general Josh Shapiro.

“La venta ilegal de armas de fuego es un enfoque principal de la ATF y una amenaza crítica para la seguridad de nuestros ciudadanos. El resultado de esta investigación es un tributo a la larga colaboración con nuestros socios locales, estatales y federales. Me gustaría agradecer el trabajo dedicado de los investigadores y fiscales para desmantelar esta operación ilegal de distribución de armas de fuego”, dijo, por su parte, Matthew Varisco, agente especial a cargo de la División de Campo de Filadelfia de la ATF.

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“El Servicio de Inspección Postal de los Estados Unidos se compromete a investigar a las personas que utilizan el correo de los EE.UU. para enviar piezas de armas con el fin de crear armas de fuego ilegales sin números de serie o armas fantasma. Estamos comprometidos a trabajar en estrecha colaboración con nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley, la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos y la Oficina del Fiscal General de Pensilvania para llevar ante la justicia a quienes trafican con armas de fuego ilegales”, indicó el inspector a cargo, Damon E. Wood.

El asunto fue investigado por la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, el Servicio de Inspección Postal de EE. UU. y la Oficina del Fiscal General de Pensilvania. El fiscal federal adjunto Scott R. Ford está procesando el caso.

 

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