La alcaldesa de Salinas, Karilyn Bonilla Colón y el representante Luis “Narmito” Ortiz cuestionaron la negativa del gobernador Pedro Pierluisi Urrutia de aprobar las Resoluciones de la Cámara 155, 158, 159 y 161, medidas traspasaban al Municipio de Salinas las escuelas Esparra Cartagena, Pedro Soto Rivera, Ana Hernández Usera y Las Ochentas, todas localizadas en dicha municipalidad. Luego de su aprobación por Cámara y Senado, las piezas legislativas pasaron a La Fortaleza, y al vencerse el término para su aprobación, quedan canceladas en lo que se conoce como ‘veto de bolsillo’ por parte del Gobernador.
“Dicho veto tiene además la particularidad de que Pierluisi no está obligado a explicar la razón o las razones para que las comunidades de Salinas no puedan contar con esas estructuras abandonadas para su rehabilitación y uso efectivo. La ofensa es doble, nos cierran las escuelas y prefieren dejar que se deterioren las estructuras”, señaló Bonilla, quien fuera directora de la Agencia Estatal para Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (ahora Negociado).
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La alcaldesa señaló que previo a la radicación de la legislación, emitió la documentación necesaria hace unos dos años ante el Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles (CEDBI), cuya misión es promover la disposición de propiedades inmuebles en desuso del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. “La misión del CEDBI es evaluar aquellas propuestas que cumplan con los requisitos para el fomento del desarrollo económico y bienestar público. Eso es exactamente lo que queremos hacer en Salinas, pero el proceso es altamente burocrático y muy lento”.
Por su parte, el representante Ortiz señaló que no hay explicaciones válidas para esos vetos. “En Salinas fueron cerradas el 50% de las escuelas por la convicta exsecretaria del Departamento de Educación de Ricardo Rosselló, Julia Keleher. Actualmente hay 7 escuelas cerradas en Salinas. Nuestras comunidades están dispuestas a trabajar en conjunto con el Municipio para convertir estas estructuras en centros de servicios, deportivos, culturales, y hasta como refugios en temporada de huracanes. Las razones para estos vetos están en La Fortaleza”, aseguró.
Informes de prensa señalan que al filo del 2021, Pierluisi vetó 18 medidas legislativas tras el cierre de la sesión ordinaria el pasado mes de noviembre. Durante el 2021, el Gobernador no favoreció un total de 40 medidas. La polémica sobre los Municipios que solicitan la titularidad de las escuelas cerradas para darles uso está en todo Puerto Rico, ya que Pierluisi también emitió un veto de bolsillo a la Resolución Conjunta de la Cámara 28 que hubiera transferido al movimiento ‘Rescate de Mi Escuela Inc’ la titularidad de escuela Lorencita Ramírez de Arellano en Toa Baja, con el propósito de establecer un proyecto de desarrollo holístico e integral para el desarrollo de los niños, niñas y jóvenes de la comunidad. El Gobernador también le negó al Municipio de Guayama la escuela Amalia Marín Castilla, bajo la Resolución Conjunta de la Cámara 153.
La alcaldesa Bonilla Colón finalmente señaló que “nadie quiere tener cerca de sus hogares, comercios o industrias unas estructuras abandonadas que terminan siendo hospitalillos o hasta establos de caballos. En las ocasiones donde las escuelas cerradas se han transferido a los Municipios, se les ha dado un buen uso junto a las comunidades y organizaciones sin fines de lucro. Yo espero que el Gobernador recapacite. Por nuestra parte continuaremos gestionando alternativas”, finalizó
