Tras la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos de no expedir el auto de certiorari y revisar la determinación de la mayoría de los jueces del Tribunal Supremo de Puerto Rico que impidió la divulgación al país, a la prensa y a la familia, de los audios y videos de los procesos judiciales en los que Andrea Cristina Ruiz Costas testificó como víctima de violencia de género, la Alianza Pro Transparencia (APT) emplazó a la Asamblea Legislativa para que por vía de ley garantice el derecho a saber de la ciudadanía.
La APT, en la que se aúnan los esfuerzos de los dos gremios periodísticos a favor de la transparencia, se mantiene firme en que el país y sus periodistas tienen derecho a acceder a los procesos civiles y criminales que no sean declarados confidenciales por ley, como en el caso de Andrea Cristina Ruiz Costas, víctima de un feminicidio.
“Con la posición del alto foro federal de no intervenir, se mantiene una nefasta decisión que podría impedir que la ciudadanía pueda conocer cómo se conducen los procesos en los que se discute un mal social que no parece tener tregua, que destruye familias y nos arrebata las vidas de nuestros seres queridos. El Poder Judicial de Puerto Rico no está exento de ser fiscalizado con el mismo rigor que el resto de las ramas de gobierno, por lo que la lucha por la transparencia y rendición de cuentas no ha terminado”, sentenció la presidenta de la Asppro, Damaris Suárez en declaraciones escritas.
“En vista de que parece haber consenso, fuera de nuestro Tribunal Supremo, en que la información solicitada al amparo del derecho constitucional de libertad de expresión y prensa debe ser pública, la APT redoblará esfuerzos en la Legislatura para que sean estos los que reafirmen lo que ya está claro en la ley y en la jurisprudencia interpretativa”.
“El derecho a saber y a discutir cómo se conduce nuestro sistema de justicia es uno de los pilares más importantes de la democracia participativa. Llegó el momento en que nuestros legisladores y legisladoras coloquen la acción donde han empeñado su palabra”, sostuvo el presidente del OPC, Luis Guardiola.
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“Ya lo han expresado, ahora que lo prueben. Aún conociendo que el 99 por ciento de los casos que se elevan al Supremo federal no son considerados, la Asppro agotó todos los recursos disponibles por la vía judicial. Aquí no se puede vacilar ante la importancia del derecho a saber que le asiste al país y a sus periodistas. El solo hecho de que hayamos logrado que altos funcionarios del gobierno, incluyendo al gobernador, Pedro Pierluisi, y al secretario de Justicia, Domingo Emanuelli, se hayan expresado públicamente a favor de la divulgación de estos audios ya es un gran logro para el derecho de acceso a la información”, enfatizó la periodista Suárez.
Por su parte, los abogados de récord reaccionaron satisfechos con los logros que se han alcanzado durante este proceso que inició en mayo del pasado año.
“Desde que la Asociación de Periodistas de Puerto Rico (Asppro) y el Overseas Press Club (OPC) solicitaron por vía judicial acceso a esa información pública que aún no ha sido entregada a pesar de que nadie se opone a ello, el país ha experimentado cambios sobre cómo el gobierno comunica los remedios que las víctimas tienen a su disposición para enfrentar a su agresor, por lo que estamos convencidos que esta larga batalla no se ha perdido. El pueblo de Puerto Rico puede estar confiado en que sus periodistas no claudicarán en continuar llevándoles la información sobre cómo su gobierno maneja esta problemática para el beneficio de sus ciudadanos”, indicó el licenciado Rafelli González Cotto, representante legal de la Asppro durante todo el proceso.
Por su parte, el licenciado Edgar Villanueva Rivera, sostuvo que está esperanzado en que la labor realizada continúe provocando cambios sustanciales en el sistema de justicia sobre el tema de violencia de género. “Cumplimos con nuestro deber e hicimos todo lo que estaba en nuestras manos. Lamentablemente sabíamos que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos tiene total discreción de decidir qué casos atiende y cuáles no. Son cientos y la posibilidad de que no nos atendieran era real. A pesar de esto, estamos tranquilos porque hicimos todo lo que estuvo a nuestro alcance. Podemos decir que llevamos el caso hasta las últimas consecuencias. Aunque no prevalecimos, enseñamos al pueblo que estamos listos y dispuestos a trabajar hasta el final”, expresó.
El caso comenzó cuando Andrea Cristina Ruiz Costas buscó la protección de los tribunales puertorriqueños de su exnovio, Miguel Ocasio Santiago. Tres veces en el lapso de una sola semana en marzo pasado, sus peticiones de protección fueron denegadas por los tribunales. Poco después de que su última solicitud fuera denegada, Ruiz Costa supuestamente fue asesinada por Ocasio Santiago.
Con los niveles epidémicos de violencia doméstica en Puerto Rico, y las promesas de los políticos de abordar la situación, el público quería una explicación de por qué y cómo los tribunales habían fallado tanto a Ruiz Costas. En denuncia sobre la falta de transparencia en los tribunales, tanto OPC como ASPPRO incoaron casos exigiendo copias de las grabaciones de audio oficiales de los procedimientos de las vistas en el Tribunal de Primera Instancia, que había denegado las solicitudes de protección de Ruiz Costas.