En febrero, cuando todavía estaban frescas en la mente de los estadounidenses las imágenes del violento asalto al Capitolio en Washington, el recién confirmado secretario de Defensa, Lloyd Austin, dio un paso sin precedentes al firmar un memorándum en el que se ordenaba a los comandantes de las fuerzas armadas que impusieran un día de reflexión sobre el extremismo en las fuerzas armadas de la nación.
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El retiro para la reflexión fue una respuesta a la participación y la posterior detención de varios veteranos de guerra y al menos un miembro del servicio activo, que junto con miles de partidarios del entonces presidente Donald Trump irrumpieron el 6 de enero en el Capitolio de Estados Unidos, en un disturbio que hizo que los legisladores buscaran refugio, que una persona muriera a causa de un disparo de la policía del Capitolio y que causó millones de dólares en daños al edificio considerado en gran medida como el símbolo de la democracia estadounidense.
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La orden de Austin, que también se produjo en momentos en que todo Estados Unidos estaba lidiando con la forma de abordar el racismo sistémico, fue el más reciente de varios esfuerzos realizados por los militares desde hace décadas para purgar sus filas de extremistas y supremacistas blancos.
En respuesta a la orden, el ejército emitió la semana pasada nuevas reglas para lidiar con el extremismo, que incluyeron actualizar la política de uso de redes sociales. Según las nuevas normas, ahora dar un “me gusta” o retransmitir contenido supremacista blanco o extremista podría resultar en una acción disciplinaria. El Departamento de la Defensa también actualizó sus mecanismos de selección de reclutas y analiza cómo preparar a las tropas que se retiran para que no sean blanco de organizaciones extremistas.
Sin embargo, una investigación de AP encontró que —a pesar de las nuevas directrices de las fuerzas estadounidenses sobre el extremismo— en las filas del ejército siguen siendo una preocupación constante el racismo y la discriminación.
La investigación de AP muestra que las nuevas pautas no abordan las actuales disparidades en la justicia militar según el código legal que gobierna las fuerzas armadas de Estados Unidos, el llamado “Uniform Code of Military Justice”.
Numerosos estudios, incluso un informe del año pasado de la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno de Estados Unidos (GAO por sus siglas en inglés) muestran que los miembros del servicio hispanos o de raza negra fueron investigados y sometidos a consejos de guerra de manera desproporcionadamente mayor. Un estudio reciente de la Facultad de Postgrado Naval encontró que los marines afroestadounidenses fueron condenados y castigados en consejo de guerra a una tasa cinco veces mayor que otras razas en el Cuerpo de Infantería de Marina de Estados Unidos.
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La investigación de la AP muestra también que el sistema judicial militar no tiene una categoría explícita para los delitos de odio, algo que el gobierno federal, 46 estados y el Distrito de Columbia sí tienen en sus códigos penales, lo que dificulta la cuantificación de los delitos motivados por prejuicios.
Como resultado, las agencias de investigación como el Servicio de Investigación Penal Naval o la División de Investigación Penal del Ejército tampoco tienen una categoría específica de delitos de odio, lo que afecta la forma en que investigan los casos.
“Si bien es posible que hayan ocurrido delitos de odio, nuestras investigaciones no están tituladas como tales”, dijo en un correo electrónico el Servicio de Investigación Penal Naval. “Por ejemplo, una agresión a una persona, independientemente del motivo de la agresión, se clasificaría como agresión… independientemente de lo que motivó el delito”, agregó.
La nueva Ley de Autorización de Defensa Nacional promulgada el lunes por el presidente Biden ordena al secretario de Defensa que en un plazo de 180 días haga una recomendación al Congreso sobre si se necesita un nuevo estatuto que aborde el extremismo violento, pero no aborda los delitos de odio ni las disparidades raciales en la ley del ejército.
Las nuevas reglas del Pentágono no prohíben rotundamente que los miembros del servicio pertenezcan a organizaciones extremistas, como el Ku Klux Klan, Oath Keepers u otros grupos supremacistas blancos y de derecha. Las regulaciones, como las anteriores, únicamente prohíben la “participación activa” en dichos grupos, una política turbia de la que las organizaciones de derechos civiles han expresado su preocupación desde hace años. Las fuerzas armadas describen la “participación activa” como “manifestarse o reunirse públicamente, recaudar fondos, reclutar y capacitar a miembros”, así como organizar o liderar organizaciones.
Los expertos entrevistados por la AP dicen que también preocupa constantemente la capacidad del comandante militar para promulgar una amplia gama de acciones administrativas y disciplinarias, incluida la separación administrativa o la acción penal apropiada, contra el personal militar que participe en actividades prohibidas.
Esencialmente, los comandantes tienen discreción total para determinar cómo abordar las situaciones a medida que surgen, lo que según los expertos ha creado una aplicación irregular y dispersa, con algunos comandantes estableciendo un enfoque de cero tolerancia y otros empleando una aplicación laxa de las reglas.
La investigación de AP también encontró que, aunque el Departamento de Defensa dice que considera que el racismo y el extremismo dentro del ejército son una “preocupación de seguridad”, no tiene fondos dedicados que apoyen específicamente el combate al extremismo. En cambio, los oficiales militares dijeron que el Pentágono utiliza programas de investigación de antecedentes de personal, programas de capacitación y educación, y el Programa de Amenazas Internas para “contribuir positivamente a contrarrestar el extremismo dentro de la tropa”.
El Pentágono no respondió a las preguntas de AP sobre cuánto dinero ha gastado o presupuestado para los esfuerzos relacionados únicamente con la diversidad y la inclusión, y cuántos empleados se dedican a ello.
El portavoz del Pentágono, el mayor César Santiago, reconoció en un comunicado a la AP que el extremismo y la ideología extremista pueden tener un efecto descomunal sobre la fuerza militar.
Sin embargo, agregó: “La gran mayoría de mujeres y hombres uniformados sirven a su nación con honor e integridad”. Dijo que desde que asumió el cargo en enero, el secretario Llyod Austin, el primer afroestadounidense en servir como secretario de Defensa, ha tomado medidas inmediatas para abordar el extremismo. Además de las nuevas directrices sobre el tema, el Departamento de Defensa nombró en abril a un inspector general adjunto interino para enfocarse en los asuntos de la diversidad y la inclusión y las amenazas internas militares.
La directora del Proyecto de Inteligencia del Southern Poverty Law Center (SPLC), Susan Corke, elogió al Departamento de Defensa por tomar medidas clave este año, incluidos los cambios anunciados la semana pasada, para abordar el extremismo. Recalcó que el Departamento de Defensa buscó la experiencia de organizaciones de derechos civiles, académicos y otros que han hecho sonar la alarma sobre los peligros del extremismo en la tropa desde hace años.
No obstante, Corke dijo que es demasiado pronto para decir definitivamente si las políticas reforzadas eliminarán el extremismo de las filas militares.
“El diablo estará en los detalles”, afirmó. “Aprecio que haya un compromiso por parte del Departamento de Defensa de tener muchas más consultas con socios externos y que hay mucho más enfoque en realizar investigaciones adicionales. Así que vamos a poner sus pies en el fuego”.
Corke dijo que el SPLC sigue presionando para que se hagan reformas adicionales, como la forma en que la estructura de mando del ejército permite a los comandantes tener una autoridad de mando prácticamente absoluta sobre los subordinados, lo que podría disuadir a sus miembros de reportar incidentes o temores de extremismo.
Incluso algunos militares están de acuerdo en que las fuerzas armadas deben hacer más. “Es necesario que haya un cambio en la acción y los comportamientos, elementos que no pueden ser influenciados tan fácilmente por un cambio en la ley militar”, dijo el mayor Tyrone Collier, un juez defensor de la Reserva del Cuerpo de Marines, en una entrevista con la AP.
“Incluso si se aprueba alguna legislación desde los niveles más altos del gobierno que diga que harán esto y aquello, ¿realmente se hará?” admitió Collier.
