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La Junta de Supervisión emitió anoche un comunicado en el que sostienen sentirse complacidos en haber llegado a un acuerdo con la administración del gobernador Pedro R. Pierluisi para dejar sin efecto las leyes sobre retiro digno para policías, bomberos y maestros.
“La Junta de Supervisión acoge la voluntad de la administración de acordar invalidar la Resolución Conjunta 33 y la Ley 80-2020, junto con la Ley 81-2020 y la Ley 82-2020, y de trabajar juntos en encontrar soluciones sostenibles para Puerto Rico y que a la vez cumplan con el Plan Fiscal Certificado”, lee el comunicado. Estas leyes que el gobierno de Pierluisi accedió a dejar sin efecto son: Ley del Programa de Retiro Incentivado y de Justicia para Nuestros Servidores Públicos, Ley para Proveer un Retiro Digno para los Miembros del Sistema de Rango de la Policía, los Miembros del Negociado del Cuerpo de Bomberos los Miembros del Cuerpo de Oficiales de Custodia de Puerto Rico, y los Técnicos de Emergencias Médicas, comúnmente conocidos como Paramédicos, del Negociado del Cuerpo de Emergencias Médicas y del Sistema de Emergencias Médicas Municipal, incluyendo los adscritos a las Oficinas para el Manejo de Emergencias y la Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal que hace aclaraciones sobre el retiro de los maestros, así como la Resolución Conjunta 33-2021, que exige la implementación parcial de la Ley 80-2020. La Ley 80 añadiría ciertos beneficios nuevos a los empleados públicos.
La Junta de Supervisión determinó que las tres leyes supondrían unos costos adicionales significativos para el Gobierno que no están contemplados en el actual Plan Fiscal Certificado ni son asequibles según sus proyecciones, de modo que el Plan de Ajuste probablemente no sería viable de aplicarse las leyes. De hecho, habían demandado al gobierno para impedirles que pusieran en vigor estas leyes. Los policías han estado protestando por la precariedad de su sistema de retiro.
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En el escrito aseguraron que se esforzarán por llegar a un acuerdo para mejorar los beneficios de determinados empleados mientras se crean los ahorros necesarios para el Gobierno. Plantearon que será una oportunidad para brindar beneficios de retiro adicionales a ciertos empleados del Gobierno de forma fiscalmente responsable.
La Junta de Supervisión procurará llegar a un acuerdo con el Gobierno en un plazo de 60 días para brindar mejores beneficios de retiro a los agentes de la policía, consistente con el Plan Fiscal y el Plan de Ajuste propuesto, y para llegar a un acuerdo en un plazo de 120 días sobre las posibles alternativas para brindar un mejor paquete de compensación a los maestros, consistente con el Plan Fiscal y el Plan de Ajuste propuesto, y con el objetivo general de mejorar la educación pública.
El acuerdo alcanzado hoy evitará un litigio costoso y prolongado y un posible retraso en la confirmación del Plan de Ajuste para reducir la deuda de Puerto Rico y dar fin a la quiebra. La Junta de Supervisión mantiene su compromiso de continuar trabajando juntos para encontrar soluciones sostenibles que impulsen a Puerto Rico sin el riesgo de volver a caer en las viejas prácticas de gastos excesivos.
La representante Lourdes Ramos, quien fue la autora de la Ley de Retiro Digno, se expresó en otro comunicado de acuerdo con la movida que deja sin efecto las leyes sobre los retirados.
La jueza Laura Taylor Swain, quien atiende los procesos de la quiebra de Puerto Rico bajo la Ley PROMESA, había pedido mayor claridad sobre el Plan de Ajuste a la Deuda en el tema de leyes que quedarían sin efecto.
