El gobernador Pedro Pierluisi cedió hoy, lunes, ante la Junta de Supervisión Fiscal, al anunciar que llegó a un acuerdo sobre el retiro digno de los policías y otros servidores públicos.
El acuerdo presentado ante la jueza Laura Taylor Swain establece que las leyes aprobadas en 2020, “no son consistentes en su totalidad con el Plan Fiscal”.
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“Hemos presentado el acuerdo ante la jueza Laura Taylor Swain, conscientes de que las leyes aprobadas en el 2020, pese a su loable propósito, no son consistentes en su totalidad con el Plan Fiscal. Siempre que los acuerdos beneficien la sostenibilidad de la deuda y el desarrollo económico de Puerto Rico, nuestro gobierno mantendrá diálogos de colaboración con la Junta. El norte y propósito final de estos acuerdos siempre será una mejor calidad de vida para todos los puertorriqueños y puertorriqueñas y, en este caso particular, para nuestros servidores públicos, policías y maestros”, puntualizó el gobernador en declaraciones escritas.
Según un comunicado de prensa, el acuerdo “delinea un plan alterno para adelantar los objetivos que perseguían las leyes 80, 81 y 82, las cuales fueron aprobadas en el año 2020”.
Establece el acuerdo, que dentro de un término de 60 días, el Gobierno y la JSAF deberán colaborar para desarrollar alternativas para mejorar el retiro de los policías, dentro de los parámetros del Plan Fiscal y el Plan de Ajuste de la Deuda. Una vez se acuerden los detalles, la Junta proveerá las aprobaciones necesarias bajo el Plan Fiscal y el Presupuesto Certificado, a fin de que ese plan pueda ser implementado para beneficio de los policías retirados.
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Por otra parte, dentro de un término de 120 días, el Gobierno y la JSAF deberán explorar alternativas consistentes con el Plan Fiscal y el Plan de Ajuste de la Deuda, con el propósito de mejorar la compensación de los maestros del Departamento de Educación.
Finalmente, el Gobierno y la Junta trabajarán en conjunto para desarrollar un plan de retiro incentivado que genere ahorros netos en las respectivas entidades gubernamentales en que sea implementado. Para garantizar la responsabilidad fiscal, los puestos de los empleados que se acojan a esta ventana deberán ser eliminados y no podrán ser sustituidos en el futuro.
Las declaraciones se dan luego que luego que la Junta de Supervisión Fiscal presentara una demanda contra el gobernador en el Tribunal federal para que se anulen las las Leyes 80, 81 y 82, así como la Resolución Conjunta 33, que pondría en marcha la implementación parcial del Programa de Retiro Incentivado, creado bajo la Ley 80-2020.
La Junta de Supervisión determinó que las tres leyes supondrían unos costos adicionales significativos para el Gobierno que no están contemplados en el actual Plan Fiscal Certificado ni son asequibles según sus proyecciones, de modo que el Plan de Ajuste probablemente no sería viable de aplicarse las leyes.
