El director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), Omar J. Marrero, aseguró que el gobierno evalúa los próximos pasos a seguir luego que la Junta de Supervisión Fiscal presentara una demanda contra el gobernador en el Tribunal federal para que se anulen las leyes que benefician a los pensionados.
“Luego de extensas conversaciones, el Gobierno de Puerto Rico logró que la JSF desistiera de su intención de recortar las pensiones de los retirados como parte del proceso de quiebra bajo la ley federal PROMESA. Ese compromiso también se extiende a nuestros empleados públicos que están próximos a retirarse y que merecen una pensión justa. Por esta razón, nuestra administración ha intentado negociar de buena fe con la JSF para llegar a un consenso con relación a las Leyes 80, 81 y 82, con el propósito de mejorar la calidad de vida de nuestros empleados públicos no esenciales y próximos a retirarse, de una manera fiscalmente responsable”, expresó el director ejecutivo de la AAFAF.
Marrero añadió que “a pesar de nuestros esfuerzos, y las múltiples alternativas y soluciones viables que le hemos presentado a la JSF, dicho organismo presentó anoche una demanda ante la jueza Swain para anular las Leyes 80, 81 y 82, así como la Resolución Conjunta 33, que pondría en marcha la implementación parcial del Programa de Retiro Incentivado, creado bajo la Ley 80-2020. Nuestros abogados están evaluando el recurso para determinar los próximos pasos a seguir”.
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¿Tenemos un gobierno de tontos?
“Bajo el Plan de Ajuste, los empleados públicos y los retirados están recibiendo el pago completo a cuenta de todas las obligaciones de pensión legalmente acumuladas. Sin embargo, el Gobierno intentó aumentar los beneficios a algunos empleados, lo que daría a un grupo selecto de empleados una cantidad mayor a la del pago completo, y más beneficios que a otros empleados”, expuso el organismo creado bajo la ley federal PROMESA en declaraciones escritas el lunes.
La Junta de Supervisión determinó que las tres leyes supondrían unos costos adicionales significativos para el Gobierno que no están contemplados en el actual Plan Fiscal Certificado ni son asequibles según sus proyecciones, de modo que el Plan de Ajuste probablemente no sería viable de aplicarse las leyes.
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