Agencias fiscales buscan cambiar lenguaje de legislación para incluir retiro de alguaciles

La OGP como la AAFAF solicitan ajustes en la medida para defenderla ante la Junta de Supervisión Fiscal

Por Metro Puerto Rico

Durante una vista pública de la Comisión de Gobierno que preside el senador Ramón Ruiz Nieves, para evaluar el Proyecto de la Cámara 504, que busca incluir los Alguaciles adscritos a la Rama Judicial en la definición de Servidores Públicos de Alto Riesgo dentro de la Ley Núm. 447 del Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, las agencias fiscales levantaron bandera sobre el lenguaje de la medida por no identificar el presupuesto para la misma.

Dicha medida dispone que los funcionarios antes mencionados, puedan acogerse voluntariamente al retiro luego de haber alcanzado los 55 años y 30 años de servicio, para extender por excepción la edad de retiro obligatorio para Servidores Públicos de Alto Riesgo a 62 años de edad.

“Mi preocupación mayor, porque al 1 de julio si nosotros aprobamos la legislación tiene que presentarse una enmienda al plan fiscal y le daría el espacio a la AAFAF para que puedan identificar el dinero porque la Administración de Tribunales tiene que hacer un reclutamiento. Es importante identificar ese presupuesto recurrente porque una vez se incluyan los alguaciles en la definición de alto riesgo los que tengan la edad para retirarse podrán hacerlo”, expresó el también senador por el distrito de Ponce, Ruiz Nieves.

Roberto Rivera de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) detalló el impacto fiscal que conllevaría la medida. “Observamos que la presente medida tiene el potencial de sufrir el mismo destino en ausencia de especificidad en cuanto a la fuente presupuestaria -e impacto fiscal- que tendría el añadir alguaciles adscritos al Poder Judicial de Puerto Rico en la definición de “Servidores Públicos de Alto Riesgo”, dijo.

De igual forma, mencionó que “a pesar del enfoque loable de la medida, lo cierto es que del texto de esta no se desprende información suficiente para opinar sobre qué impacto presupuestario tendría la misma”. Señaló que no tendrían objeción en síntesis a la medida, siempre y cuando se identifique el impacto económico que esto pueda tener. “Tenemos que ser precavidos en ese sentido de lo que se está trabajando con la Ley 80 y 81”.

Ruiz preguntó al deponente si existe alguna cuenta en la OGP de donde se pueda utilizar fondos recurrentes para sufragar lo planteado en la medida. Rivera explicó que todos los fondos están comprometidos en este momento y debidamente presupuestados.

Por su parte, Nelson Vélez en representación de la Junta de Retiro no avaló la pieza legislativa, aunque reconoció la importancia de las funciones de los alguaciles. “De aprobarse el PC504, los Alguaciles de la Rama Judicial formarían parte de la nómina de pensionados, años antes de su actual edad de retiro conforme a la legislación vigente. El impacto económico de los aumentos a los beneficios definidos como consecuencia de esta medida se reflejará, inmediatamente, en la partida presupuestaria destinada para el pago de las pensiones”.

También, señaló que “por tanto el PC504 tendría un impacto en la Cuenta para el Pago de Pensiones Acumuladas, así como en el presupuesto operacional de la Rama Judicial en caso de que se necesite reemplazar nuevos alguaciles ante el retiro anticipado de estos”.

Por otro lado, Jean Peña de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AFFAF) presentó varias recomendaciones y destacó que, desde el ámbito de competencia de la AAFAF, el Plan Fiscal certificado para el Gobierno de Puerto Rico no impide que se aprueben medidas como el PC 504. “En ese sentido para la implementación de esta medida se deberán utilizar los recursos que se provean según el presupuesto certificado por la JSF para el Gobierno de Puerto Rico”, señaló Peña.

Peña hizo referencia al informe presentado por la Cámara de Representantes que atendió la medida previamente, donde se establece que la medida tendría un impacto fiscal de alrededor de $17 millones. Indicó que no se ha identificado de dónde saldría el dinero para sufragar lo indicado en la pieza legislativa.

De otro lado, la licenciada Gisette Rosa González de la Oficina de Administración de Tribunales avaló la medida con enmiendas y expresó que “en vista de que este proyecto reconoce que las funciones que llevan a cabo nuestros alguaciles entrañan los mismos riesgos y peligros inherentes a las tareas de otros funcionarios del orden público, consignamos nuestro apoyo a que se les considere como servidores públicos de alto riesgo merecedores de los beneficios de jubilación que disfrutan estos funcionarios”.

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