La presidenta del capítulo del Departamento de la Familia de ProSol-UTIER, Karimir Torres, denunció que cientos de participantes del Programa de Asistencia Nutricional (PAN) y del Programa de Ayuda Temporal para Familias Necesitadas (TANF por sus siglas en inglés) están en riesgo de perder sus beneficios al no poder acceder a la nueva plataforma digital de la agencia para recertificarlos.
“Muchas personas de bajos recursos y envejecientes no podrán recertificar sus casos porque no tienen acceso, por falta de internet o desconocimiento de la tecnología, a la nueva plataforma digital que implementó la agencia para los beneficiarios de PAN y TANF. Esta implementación atenta con la continuidad de los servicios para las personas más desaventajadas de este país”, explicó.
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Torres detalló que, bajo la nueva plataforma, para febrero de 2022 todos los casos a recertificarse tendrán que acceder a Turnospr.com para poder realizar el proceso.
“Esta implementación será obligatoria para todo el mundo a partir de febrero del próximo año, pero el Departamento de la Familia no ha realizado un proceso de orientación efectivo para los ciudadanos ni ha adiestrado a los empleados para trabajar estos casos. Habrá muchas personas que no tienen acceso al internet o simplemente no entienden el proceso que llegarán a las oficinas a buscar ayuda y orientación y a nosotros ni siquiera se nos ha dicho que tenemos que hacer”, precisó.
“El Departamento de la Familia y la Administración de ADSEF, con esta implementación a ciegas y que afecta a cientos de beneficiarios, se han distanciado de su principal visión que garantiza una mejor calidad de vida a nuestros participantes a través del ofrecimiento de herramientas de carácter social y económico. Se les ha olvidado que su misión tiene como propósito principal equipar a los participantes con las herramientas necesarias con el fin de que estos alcancen su autosuficiencia económica”, puntualizó.
Actualmente hay en el Departamento de la Familia aproximadamente 900 técnicos de Asistencia Social y Familiar alrededor de toda isla para atender a más de 1.5 millones de participantes. Estos empleados han trabajado desde sus oficinas sin descanso alguno desde los comienzos de la pandemia del Covid-19 sin recibir incentivos algunos y sin ver ningún aumento de salario por los pasados 13 años. Muchos de ellos devengan un salario de $1,341 mensual que los coloca por debajo del nivel de pobreza y estos también tienen la necesidad de recurrir a solicitar las ayudas que el departamento ofrece.
