Nuevo líder de la Federación de Alcaldes se enfocará en alejar al PNP de los escándalos de corrupción

El alcalde de Camuy, Gabriel Hernández, admitió que los ejecutivos municipales novoprogresistas enfrentan una crisis luego de las acusaciones por corrupción en Cataño y Guaynabo

Por Manuel Guillama Capella

Tras ser electo esta tarde como presidente de la Federación de Alcaldes, Gabriel Hernández aseguró que el organismo se encuentra plenamente alineado con el mensaje que les envió el gobernador Pedro Pierluisi con relación a los actos de corrupción que ya han derivado en las recientes acusaciones federales contra dos de sus integrantes y los arrestos que, se anticipa, pudieran materializarse próximamente como consecuencia de esquemas utilizados por ejecutivos municipales para enriquecerse ilegalmente.

“Es claro. Aquí en la Federación de Alcaldes no vamos a tolerar ni un solo acto de corrupción, y la persona que haya cometido algún acto que llame a las autoridades antes que le toquen la puerta. Las instituciones van por encima de los individuos y a nosotros nos elige el pueblo cada cuatro años para dar un servicio. Ni los municipios ni las instituciones se pueden ver afectadas por personas que han decidido violar la ley”, expresó Hernández en una rueda de prensa.

El nuevo líder de los ejecutivos municipales del Partido Nuevo Progresista (PNP) admitió que los alcaldes, específicamente los de la colectividad, enfrentan una crisis institucional tras los cargos federales que se presentaron contra Félix “Cano” Delgado Montalvo, quien renunció a la alcaldía de Cataño, y Ángel Pérez Otero, cuya salida de la poltrona de Guaynabo se formaliza el 16 de este mes.

Delgado Montalvo se declaró culpable por un cargo de corrupción el pasado 30 de noviembre, mientras que Pérez Otero aún no ha hecho alegación ante el Tribunal Federal. Ambos fueron acusados por beneficiarse ilegalmente de impulsar contrataciones a empresas fundadas por el abogado Oscar Santamaría, quien también se declaró culpable de un cargo con relación a sus negocios con el municipio de Cataño.

Pérez Otero también se desempeñaba, desde inicios de año, como el presidente de la Federación de Alcaldes.

“No podemos tapar el cielo con la mano de que estamos enfrentando una crisis como institución, como Federación de Alcaldes, como partido. Sin embargo, tenemos que dar frente, levantarnos, y a la misma vez demostrarle a Puerto Rico que las personas que le fallan son en su carácter personal, no representan en ningún momento a la Federación, a la institución y mucho menos al PNP. Ayer estuve en comunicación con la contralora de Puerto Rico, Yesmín Valdivieso, para coordinar varios adiestramientos a todos los alcaldes federados, así como a los diferentes directores de confianza de los diferentes municipios, a los fines de evitar posibles sucesos”, señaló Hernández, alcalde de Camuy desde mediados del pasado cuatrienio.

El nuevo líder de los alcaldes federados sostuvo que, durante la reunión celebrada hoy, Pierluisi no ordenó a los ejecutivos municipales cancelar los contratos vigentes que mantuvieran con las empresas involucradas en los esquemas de sobornos que se han destapado en Cataño, Guaynabo y Trujillo Alto.

Según Hernández, “cada alcalde yo he visto que ha cancelado los contratos”.

Sin embargo, según el registro de contratos de la Oficina del Contralor, Waste Collection, una de las compañías de Santamaría, aún mantiene contratos con varios municipios liderados por alcaldes penepés, como Yauco, San Germán, Aguas Buenas, Toa Baja, Cabo Rojo y Patillas.

Varios alcaldes populares tampoco han cancelado los contratos que sus municipios otorgaron a Waste Collection, mientras que solo un ayuntamiento, Luquillo –liderado por el popular Jesús “Jerry” Márquez–, mantiene vigente un contrato con J.R. Asphalt. Los socios de la compañía de asfalto y pavimentación, Raymond Rodríguez Santos y Mario Villegas Vargas, están vinculados con los presuntos esquemas de sobornos descubiertos en Cataño y Trujillo Alto, donde se arrestó a Radamés Benítez, asistente ejecutivo del alcalde José Luis Cruz Cruz, del Partido Popular Democrático.

A la reunión de la Federación de Alcaldes asistieron 30 de los 35 miembros, precisó Hernández, al enumerar que los ausentes fueron Bernardo “Betito” Márquez (Toa Baja), Reynaldo Vargas (Humacao), Javier Jiménez (San Sebastián), Ángel Luis Torres (Yauco) y Jorge Pérez Heredia (Utuado). De ellos, solo Pérez Heredia se excusó por encontrarse fuera del país, dijo Hernández.

Además de seleccionar a Hernández como nuevo presidente, en la reunión la Federación de Alcaldes avaló una propuesta que, más temprano en el día, ya se había aprobado en el directorio del PNP, para que todo contrato de recogido y manejo de desperdicios sólidos deba ir a subasta previo a otorgarse.

Al momento, el Código Municipal exime ese tipo de servicio de los requisitos de competencia.

“Yo creo que todo esto que ha estado ocurriendo, quiero ver la parte positiva de ello. Número uno, hoy en esta reunión de la Federación se trajeron a la mesa ideas, sugerencias, cambios que el nuevo presidente va a estar proponiendo a la Federación. Por ejemplo, en el reglamento limitar la entrada a las reuniones de la Federación solamente a aquellas personas que se inviten para que den algún tipo de asesoramiento a la misma. El hecho de establecer comités para retomar la capacitación continua, pidiendo a oficinas como la del contralor a que den las mismas, como contratar especialistas para que estén constantemente ofreciendo charlas y orientación a los alcaldes, porque eso minimiza la posibilidad de errores”, dijo, por su parte, el alcalde bayamonés, Ramón Luis Rivera Cruz.

El expresidente de la Federación de Alcaldes subrayó que en la reunión del directorio propuso brindar mayores “herramientas y recursos” al comité interno del PNP que evalúa las credenciales de los aspirantes a puestos electivos.

La idea es que “la investigación que se haga del candidato o candidata sea mucho más completa. Algo equivalente a lo que ocurre hoy en día cuando se evalúa por parte de los cuerpos legislativos los nombramientos de jueces, fiscales, jefes de agencia, la Oficina del Contralor o secretario de Estado. Son unas evaluaciones bien fuertes, bien exhaustivas, donde se va incluso al entorno donde vive la persona”, sostuvo Rivera Cruz.

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