La Cámara de Representantes dará prioridad en la próxima sesión ordinaria al proyecto que busca enmendar el Código Municipal y requerir subasta pública para el arrendamiento de propiedad municipal y la otorgación de contratos para el establecimiento de instalaciones de desperdicios sólidos y la prestación de servicios de manejo de estos desperdicios.
Así lo anunció el presidente de la Cámara, Rafael Hernández Montañez, quien es autor del Proyecto 1116 junto al representante Juan J. Santiago.
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Hernández Montañez participó el viernes junto a otros legisladores y jefe de agencia en una mesa de trabajo multisectorial en la que se discutieron estrategias ante los recientes casos de corrupción relacionados con el manejo de desperdicios sólidos a nivel municipal.
La actividad, que se celebró a solo un día del arresto del alcalde de Guaynabo acusado de corrupción pública, Ángel Pérez, contó con la participación de legisladores, el secretario de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández, la contralora Yesmín M. Valdivieso Galib y el subdirector ejecutivo de la Oficina de Ética Gubernamental (OEG), Aniano Rivera Torres.
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“Nuestra intención legislativa es buscar mayor transparencia en los procesos públicos. No podemos generalizar sobre lo ha estado ocurriendo en los pasados días con todos los municipios. En la Cámara, particularmente desde la Comisión de Asuntos Municipales, continuamos trabajando con la Resolución de la Cámara 6, que investiga la problemática del manejo de los desperdicios sólidos en los municipios. Con esa Resolución, ya hemos recibido insumo de alcaldes y organizaciones sobre la problemática con los vertederos y su impacto en las arcas municipales”, mencionó el representante Santiago, presidente de la Comisión de Autonomía Municipal, Descentralización y Regionalización, que celebró la mesa de trabajo.
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Por su parte, Hernández Montañez recabó que el interés del cuerpo legislativo “es crear un diálogo con las agencias del gobierno para hacer cambios estructurales, evitar la corrupción y acabar con la impunidad”.
“Tenemos que ser más proactivos contra la corrupción. Por ejemplo, el gobierno federal tiene muchos puertorriqueños trabajando con ellos. El tema no es que seamos puertorriqueños, y eso provoca que no podamos atender nuestros casos de corrupción. Es que no tenemos unas estructuras que faciliten un proceso rápido y efectivo para atender esta problemática social”, resaltó.
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Por otro lado, el secretario Domingo Emanuelli Hernández se mostró agradecido por la invitación a participar de la mesa de trabajo. “Desde Justicia estamos a disposición de invertir el tiempo que sea necesario para aportar en esta gran iniciativa”.
A su vez, la contralora Valdivieso Galib señaló que en asuntos de corrupción que laceran la gestión pública no es momento para echar la culpa a ninguna agencia. “Esto es un asunto que debemos trabajar todos, en colaboración para el bienestar del país”.
En la mesa de trabajo también participó el representante del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), José Bernardo Márquez Reyes. “Aunque la corrupción es algo nocivo en sí misma, también tiene un efecto directo en la vida de los ciudadanos y las ciudadanas. En término, de que, los $5,000 o $10,000 que van al bolsillo del funcionario corrupto son los que no van a los servicios de salud, seguridad y educativos”, mencionó.
Entre las acusaciones que pesan sobre el suspendido alcalde de Guaynabo, figura haber recibido durante meses pagos de $5,000 por parte de un empresario con el objetivo de asegurar y mantener contratos municipales para una empresa de construcción.
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